Ex Ciudad Deportiva de Boca: La Legislatura dio un paso en la aprobación del proyecto de IRSA

Con la intención de recuperar un espacio que se encuentra en desuso desde hace varias décadas, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ratificó en primera lectura el convenio urbanístico entre el Gobierno local y la empresa IRSA S.A, para desarrollar en el lugar un mega proyecto inmobiliario con la apertura de nuevos espacios verdes de uso público en la ex ciudad deportiva del club Boca Juniors, ubicado en la Costanera Sur.

El proyecto requerirá una inversión de US$1600 millones y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas con vista al río, el cual se encuentra ubicado en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero. Además establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 48 hectáreas.

Mientras que IRSA desembolsará unos US$250 millonesentre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.

Al respecto de la medida, el presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano y diputado de Vamos Juntos, Daniel Del Sol, explicó en diálogo con LA NACION que “el acuerdo suscripto entre el Gobierno de la Ciudad y la firma IRSA Inversiones y Representaciones S.A. propone recuperar y urbanizar los 716.180 m² del predio ubicado en Costanera Sur, de los cuales el 67,53% será cedido como contraprestación al Gobierno de la Ciudad para uso público, que incluye áreas verdes y espejos de agua, calles, bulevares, y una servidumbre administrativa de paso, gratuita y a perpetuidad”.

“Este proyecto genera desarrollo local, incremento, recuperación y mejoramiento del espacio público y de la calidad urbana, y creación de puestos de trabajo, lo cual es tan necesario en este contexto de pandemia. Además, se propone abrir a la ciudadanía este territorio que por tantos años ha estado cerrado, sin acceso al Río de la Plata”, añadió.

Al mismo tiempo que precisó que la iniciativa sobre este “parque público y costa urbana” se enmarca en el “Plan de Desarrollo Urbano Sustentable a través de la Convocatoria de Convenios Urbanísticos de Proyectos Urbanos Innovadores, y que tiene entre sus objetivos desarrollar el área Sur, generar mayor espacio público de calidad, proyectar más espacio verde y para generar fondos que sean destinados a obras públicas, salud, educación como para solventar los gastos ocasionados por la crisis sanitaria producto del coronavirus y la refuncionalización del Macro y Microcentro porteño. “Además se encuentra en consonancia con el Plan Urbano Ambiental que propicia una ciudad integrada, policéntrica, plural, saludable y diversa”, indicó.

Mientras que el presidente del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, aclaró: “Con el proyecto que tratamos hoy -en primera lectura- se plantea generar, sobre un total de 71 hectáreas, un parque público de 48 hectáreas al río. Las 22 hectáreas restantes van a tener un destino multiuso: viviendas, comercios, locales, oficinas, hotelería” y consideró que “esta mixtura de usos que proponemos tiene que ver con el modelo de desarrollo urbano que buscamos: generar áreas verdes donde también haya movimiento, seguridad y servicios que promuevan que una mayor cantidad de gente acceda y utilice estos espacios”.

“La altura máxima prevista en el sector de las 22 hectáreas es de 98 metros (hay dos edificios planeados), con una constructividad total de 750 mil metros cubiertos. Lo más importante a tener en cuenta es que la construcción en altura fue lo que permitió liberar espacio público y recuperar 50 hectáreas de área verde”, completó.

Por su parte el legislador kirchnerista Javier Andrade (FdT) se refirió a las trabas judiciales que hubo en un principio para que pudiese llevarse a cabo el debate. “La Justicia dio vía libre al oficialismo porteño pueda habilitar el tratamiento de este proyecto y tratarlo como sucede ahora, pero esto generó un profundo rechazo por parte de organizaciones ambientalistas. Esto puede tener un gran impacto, justamente por estar ubicado frente a la Reserva Ecológica y sobre un humedal protegido desde el año 2005”, indicó.

Cabe recordar que a principios de mes, el juez Guillermo Martín Scheibler suspendió la feria judicial y dio lugar a la petición del Observatorio de Derecho a la Ciudad, que había presentado una medida cautelar para frenar el tratamiento de la medida hasta que esté realizado el estudio de impacto ambiental. Sin embargo, horas después el juez Martín Miguel Converset dio marcha atrás y estableció que “nada impide la celebración de la segunda reunión conjunta” entre ambas Comisiones para llevar adelante el debate del proyecto.

A raíz de todo este conflicto, la oposición porteña logró ponerle un freno al debate y que se archivara unos días. Pero, finalmente, el conflicto judicial terminó resolviéndose la semana pasada, cuando una resolución del magistrado Luis Ammirato, a cargo del juzgado 10 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, revocó la orden medida cautelar de su colega, lo que dio luz verde a la Legislatura a llevar al recinto el expediente en cuestión.

Este jueves, los legisladores aprobaron con 37 votos a favor y 20 en contra la primera lectura del proyecto, por lo que ahora resta a esperar que se convoque a una audiencia pública, se realicen los cambios pertinentes en la norma y vuelva por segunda vez al recinto donde obtendrá sanción definitiva.

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