Para la Justicia, Lázaro Báez no evadió impuestos en Chaco con facturas truchas de la constructora Biancalani

Golpeado tras sumar otra condena por lavado de activos en la ciudad de Buenos Aires, Lázaro Báez cosechó hoy una buena nueva judicial en Paraná. Lo absolvió el Tribunal Oral Federal de Resistencia por la presunta evasión de decenas de millones de pesos provenientes de la obra pública a través de una de sus constructoras durante la presidencia de Cristina Kirchner. Por unanimidad.

El tribunal integrado por Noemí Marta Berros, Mariela Emilce Rojas y Lilia Graciela Carnero consideró válidos los planteos y evidencias que presentaron los defensores de Báez, Juan Villanueva y Ariel Liniado, durante la instancia oral, y rechazó los pedidos para condenar al presunto testaferro de la familia Kirchner a 9 años de prisión, como había pedido la Fiscalía, o hasta 18 años de prisión, como había reclamado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Tras dar a conocer esta mañana su veredicto, el tribunal informó que el 30 de octubre difundirá los fundamentos de la sentencia, que podrá ser recurrida por la Fiscalía, la AFIP y Báez y el resto de los acusados –si así lo consideraran necesario- ante la Cámara Federal de Casación Penal, con sede en Buenos Aires.

Báez afrontó el juicio oral junto a otros cuatro acusados: su socio en la constructora Sucesores de Adelmo Biancalani y ex senador nacional por el Partido Justicialista, Fabio Biancalani –quien falleció días atrás-; el expresidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza; el contador y apoderado de esa constructora, Claudio Bustos; y el abogado y exadministrador de la constructora, Jorge Chueco.

Sujeto a prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires y, luego, de Santa Cruz, Báez participó en las audiencias orales a través de la plataforma Zoom. Durante esas audiencias, la Fiscalía buscó probar que Báez y sus colaboradores trasladaron las operaciones y parte de la estructura de Austral Construcciones a la provincia de Chaco para obtener fondos públicos entre 2013 y 2015, y evadir impuestos mediante el uso intensivo de facturas truchas y otra documentación apócrifa por montos multimillonarios.

“La estructura de Austral Construcciones se trasladó al Chaco para, a través de [la constructora] Sucesores de Adelmo Biancalani, obtener beneficios por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y de direcciones provinciales de Vialidad, cuya ejecución económica les reportó enormes sumas de dinero, justamente por el no pago de los tributos que debían abonar”, argumentó el fiscal Federico Carniel. “Ahí está la maniobra”.

El juicio oral se inició a principios de este año tras tres postergaciones provocadas por las demoras para producir algunas pruebas, varias de las cuales reclamaba la defensa de Báez; entre ellas, un peritaje en el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia, según había informado el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería.

Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani llegaron a la instancia oral con embargos por $52 millones cada uno –montos sujetos a actualización- con el fin de cubrir, de ser hallados culpables, la cifra que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estimó que habrían evadido en los impuestos a las Ganancias e IVA mediante el uso masivo e intensivo de facturas apócrifas, en tanto que Chueco sobrellevó un embargo de $3 millones.

Para la defensa, la absolución de Báez fue algo lógico, ya que consideró acreditado que las facturas cuestionadas como apócrifas eran verdaderas, que su defendido no buscó engañar a la AFIP y que la constructora realmente prestó los servicios que facturó, lo que remarcó que había sido constatado por diversos funcionarios públicos durante años.

La inocencia de Báez, sostuvo Villanueva en su alegato final de más de cuatro horas ante el tribunal, era una “verdad a gritos” que fue desoída durante años, al punto que terminaron en un juicio oral “que nunca debería haber ocurrido”. Pero que Báez debió lidiar con una “pantomima” que pudo haberse “resuelto en la etapa administrativa” con la AFIP, o en los primeros pasos de la investigación judicial, cuando todavía tramitaba en primera instancia.

Ante ese panorama y los argumentos de las defensas, el Tribunal Oral de Resistencia –que por su integración se conformó en la ciudad de Paraná-, concluyó que tanto Báez como los restantes acusados debían ser absueltos, lo que decidió por unanimidad.

En Buenos Aires, mientras tanto, Báez fue condenado el 26 de agosto pasado por el Tribunal Oral en lo Federal y Criminal N° 4 a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de “lavado agravado” con la compra del campo “El entrevero”, ubicado entre los balnearios uruguayos de José Ignacio y La Barra, en tanto que Leonardo Fariña recibió una condena de dos años y seis meses, que se elevará a cuatro años tras unificarse con las penas que recibió por otros delitos.

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