Diez decisiones de Cristina que podrían condicionar o limitar al nuevo gobierno
Un repaso de las medidas que tomó la Presidenta en los últimos meses y que trascenderán su mandato
El 10 de diciembre próximo, Cristina Kirchner se levantará del sillón que ocupó durante los últimos ocho años. Recorrerá la emblemática Avenida de Mayo e ingresará al Palacio del Congreso para entregarle el bastón y la banda al nuevo presidente, según prevé el protocolo. Concluida la ceremonia del traspaso de mando, regresará a la ciudad de Río Gallegos. Dos mil kilómetros la separarán de la quinta de Olivos, pero el rol que tendrá durante su retiro en el sur y el peso de su herencia para la próxima gestión son una incógnita tanto para los candidatos de la oposición como para el postulante del oficialismo, Daniel Scioli .
Hace meses que Cristina Kirchner repite una frase durante sus discursos en cadena nacional, una suerte de eslogan de despedida de Balcarce 50: "Les pido que cuiden lo que hemos logrado". Los deseos de la jefa del Estado fueron más allá de la retórica. En el tramo final de su estadía en la Casa Rosada, la primera mandataria tomó decisiones que podrían condicionar al nuevo gobierno. Entre otras medidas, firmó importantes acuerdos económicos con China y Rusia; impulsó leyes en el Parlamento y creó nuevos organismos; apuró el ingreso de miles de empleados estatales; y diseñó el presupuesto del primer año de gestión de su sucesor.
¿Qué margen de maniobra tendrá el nuevo presidente? ¿Podría revisar o modificar decisiones de su antecesora? ¿Deberá negociar con las nuevas mayorías parlamentarias?
1) Cerrojo a la venta de acciones estatales
Antes de culminar su segundo mandato, la Presidenta le puso un cerrojo a la venta de las acciones que el Estado tiene en empresas privadas. En agosto pasado, Cristina Kirchner impulsó un proyecto de ley, sancionado por el Congreso tras un tratamiento exprés, que impide al próximo gobierno desprenderse de esas participaciones sin que exista una autorización previa del Parlamento nacional.
La normativa establece que en el hipotético caso de que Mauricio Macri (Cambiemos), Sergio Massa (Frente UNA) o el propio Daniel Scioli (FPV), los principales aspirantes al Sillón de Rivadavia, optaran por vender las acciones que tiene el Estado en decenas de empresas privadas, en su mayoría a raíz de la estatización de las AFJP, necesitarían que la medida sea aprobada por el voto de las dos terceras partes del Congreso -una mayoría que se requiere, por ejemplo, para reformar la Constitución-.
Además, la ley creó la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee). El organismo, que administrará las acciones que tiene el Estado en compañías privadas, tendrá cinco miembros. Lo presidirá el titular de la Anses (ocupa el lugar de un director) y el resto de los integrantes será nombrado por el Ejecutivo (1) y el Poder Legislativo (2). Con la sanción exprés del proyecto, la Presidenta se garantizó el control de la flamante Anpee antes de dejar el poder -las decisiones del directorio se toman con mayoría simple-. La mandataria y el oficialismo en el Congreso podrán designar a la mayoría de los representantes de la agencia gubernamental con un mandato de cuatro años (la oposición tendrá un solo miembro).
El sucesor de Cristina Kirchner podría derogar esta normativa si lograra reunir la mayoría simple en ambas cámaras.
2) Acuerdos con China y Rusia
Durante su segundo mandato, la jefa del Estado firmó importantes acuerdos comerciales con China. Los convenios, que incluyen también proyectos en materia cultural y tecnológica, generaron críticas opositoras y provocaron malestar en el ámbito empresarial. La oposición cuestionó al Gobierno por "el secretismo" que reinó en las negociaciones con Pekín, mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA) alertó sobre dos puntos centrales de los acuerdos firmados en febrero del año pasado. Se trata de los artículos 5 y 6 del anexo del acuerdo marco de cooperación económica e inversiones, que permiten al gigante asiático avanzar en obras de infraestructura con adjudicación directa y avalan el eventual ingreso de mano de obra china al país.
La batería de acuerdos rubricaos por Cristina y su par chino Xi Jinping incluyó la construcción de una Estación Espacial en la provincia de Neuquén, que será inaugurada en 2016. La decisión despertó fuertes críticas por el uso militar que el país asiático podría hacer de la base. La Casa Rosada y China lo negaron.
Los 33 acuerdos con China estipulan, además, la construcción de Atucha III y las represas Kirchner y Cepernic; la adquisición de barcos y dragas; los proyectos de riego en la provincia de Entre Ríos; las obras para remodelar el ferrocarril Belgrano Cargas y los swaps financieros de monedas.
En los últimos dos años, la Presidenta consolidó su vínculo con su par de Rusia, Vladimir Putin , con quien firmó importantes acuerdos en materia energética. Los convenios con Moscú prevén, entre otras cosas, la instalación de centrales nucleares con tecnología rusa y el financiamiento para la construcción de la hidroeléctrica Chiuido, en Neuquén, una obra que demandará una inversión de 2000 millones de dólares.
Los asesores de los principales candidatos a presidente de la oposición adelantaron que revisarán los acuerdos con China y Rusia que heredarán del kirchnerismo y cuestionaron que la mayoría de los "anexos" sean secretos.
3) El Presupuesto del nuevo gobierno
Antes de dejar la Casa Rosada, la jefa del Estado delineó el presupuesto de su sucesor. El kirchnerismo logró aprobar la semana pasada en la Cámara de Diputados el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso. La mayoría de los bloques de la oposición -salvo algunas sorpresas- no acompañaron la iniciativa oficial, que fija los lineamientos económicos del primer año de gestión del próximo gobierno.
El Presupuesto 2016 estipula un crecimiento del PBI del 3%, una inflación del 14,5% y un tipo de cambio de 10,60 pesos por cada dólar. Asimismo, prevé que los gastos corrientes y de capital de la administración nacional aumentarán apenas 15,8% en relación al ejercicio actual, mientras que los recursos se incrementarán un 21% (los tributarios, 25,7%).
Los representantes de las bancadas opositoras criticaron las proyecciones que hizo el Gobierno para el año próximo y las tildaron de "ficción". Y cuestionaron que el oficialismo no haya esperado el resultado de las elecciones del 25 de octubre próximo para debatir un proyecto clave para el nuevo presidente.
El proyecto de ley de Presupuesto también prevé un aumento del 15% de los fondos destinados al programa Fútbol para Todos, una medida emblemática de los últimos doce años de kirchnerismo. Según consignó el diario El Cronista, la partida estipulada para la televisación gratuita de los partidos de fútbol supera los 1800 millones de pesos. Tras los refuerzos presupuestarios que recibió semanas atrás, los gastos en FPT alcanzarán este año los 1775 millones de pesos.
Se prevé que el Senado sancione la ley de leyes en los próximos días. Si el sucesor de Cristina Kirchner decidiera introducir cambios en el Presupuesto, podría hacerlo por ley, pero deberá negociar con las distintas fuerzas políticas en el Congreso ya que no tendría una mayoría propia asegurada. También el nuevo mandatario podría hacer modificaciones a través de decretos de necesidad y urgencia, utilizando la ley de "superpoderes". La normativa habilita al Jefe de Gabinete a realizar cambios en el presupuesto "que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades".
4) Emergencia económica e impuesto al cheque
El Congreso salió de su letargo por la campaña electoral el miércoles pasado. En Diputados hubo una sesión maratónica, que terminó a las seis de la madrugada. El kirchnerismo logró aprobar el paquete de leyes económicas que serán clave para el nuevo gobierno. Además del Presupuesto, la Cámara baja les dio media sanción a los proyectos de prórroga de la ley de emergencia económica y del impuesto al cheque -ambas por dos años desde su vencimiento en diciembre próximo-.
La ley de emergencia económica se sancionó durante el gobierno de Eduardo Duhalde, en 2002, cuando el país estaba inmerso en una profunda crisis. La norma lo faculta al presidente para establecer el sistema que determina "la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras" y le permite dictar regulaciones cambiarias; renegociar los contratos con las empresas privadas que controlan servicios públicos; fijar retenciones a las exportaciones de hidrocarburos, entre otras cosas.
El kirchnerismo también logró darle media sanción a la extensión de la ley del impuesto al cheque hasta 2017. De esta forma, la Presidenta le garantizó a su sucesor una recaudación clave ya que el tributo representa el 1,85% del PBI, unos 120.000 millones de pesos anuales.
5) "Legislación antibuitre"
Mientras los asesores de Scioli, Macri y Massa dan señales de que intentarán alcanzar un acuerdo con los holdouts en 2016, la Presidenta impulsó un proyecto de ley que declara de orden público la resolución aprobada por las Naciones Unidas que establece los principios básicos sobre los procesos de reestructuración de la deuda soberana.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad la semana pasada en la Cámara de Senadores. La oposición respaldó el proyecto, pero criticó con dureza al Gobierno por su fracaso en las tratativas con los acreedores que no ingresaron en los canjes. Sumada a las leyes ya aprobadas por el Congreso sobre la deuda externa, ¿la denominada "legislación antibuitre" sería un escollo en el camino para el nuevo presidente -sin mayoría parlamentaria- si deseara resolver el conflicto con los holdouts?
6) Leales a Kicillof en el Banco Central
El ministro de Economía, Axel Kicillof , no estará más al frente de la cartera el año próximo. Es posible que el funcionario desembarque en el Congreso para ocupar una banca de diputado junto con otros referentes de La Cámpora, como el hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner , y el actual secretario general de Presidencia, Eduardo "Wado" De Pedro .
Meses antes de abandonar su oficina en el Palacio de Hacienda, el funcionario se garantizó el control del directorio del Banco Central. El Ejecutivo designó el mes pasado a Juan Miguel Cuattromo, que responde a Kicillof, y Flavia Marrodán, delfín de Alejandro Vanoli, para reemplazar a Waldo Farías y Santiago Carnero, que renunciaron tras la polémica suspensión del CEO del HSBC.
El kirchnerismo logró aprobar los pliegos de Cuattromo y Marrodán durante la última sesión del Senado. Ambos tendrán mandato hasta 2021. De esta forma, la Presidenta se garantizó el control del BCRA tras su salida del poder. Cuattromo y Marrodán se sumaron a otros cinco directores designados en los últimos meses por Kicillof. Se trata de Alejandro Formento, Mariano Beltrani, Bárbara Domatto Conti, Germán Feldman y Pedro Biscay. Además, Vanoli anticipó que no piensa dejar su cargo en 2016.
7) Un plantel abultado de empleados públicos
Cristina Kirchner dejará como herencia una abultada plantilla de empleados públicos. Un estudio sobre datos oficiales realizado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), que publicó LA NACION el mes pasado, estimó que en el año de su despedida del Gobierno, la Presidenta sumará alrededor de 25000 empleados.
Según el proyecto de Presupuesto 2016, la Presidenta estipula para el año que viene una plantilla de 427.255 trabajadores permanentes y transitorios en la estructura del Estado. La cifra representa un aumento de alrededor de casi 15 mil empleados respecto del plantel actual de la administración central.
Ayer, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos abrió el concurso para cubrir 453 cargos vacantes de planta permanente. La medida, que se publicó en el Boletín Oficial, se llevó adelante a través de un acuerdo con el gremio UPCN, de Andrés Rodríguez.
El kirchnerismo en la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada una serie de proyectos impulsados por La Cámpora que están vinculados con fomentar el deporte. Como las iniciativas prevén la creación de varios organismos estatales, la oposición denunció que el Gobierno busca hacer ingresar a miles de militantes camporistas como empleados públicos.
8) Emisión de nuevos bonos
El Gobierno emitió la semana pasada tres nuevos bonos. Se trata del Bonar 2020 por 669 millones de dólares; el Bonad 17 y el Bonar B 2017 por 12.498,6 millones de pesos para financiar su creciente déficit.
Con la colocación de los nuevos Bonar 2020 -tiene una tasa de 9,21% anual- de la semana pasada, la Casa Rosada sólo pudo recaudar US$ 669 millones -más de la mitad provenientes de fondos de la Anses-. Un día antes, el Banco Central se había desprendido de US$ 5900 millones para el pago del Boden 2015.
El próximo gobierno deberá sortear el próximo año con varios vencimientos, cuyo monto ascendería a US$ 16.000 millones, sin tener en cuenta el conflicto con los acreedores que no ingresaron a los canjes.
9) Ley de promoción de juventudes
La jefa del Estado envió al Congreso un proyecto de ley para la promoción de juventudes. La iniciativa, que ya obtuvo dictamen en Diputados, fija una actualización del valor de la prestación del programa Progresar, según los índices de movilidad del Sistema de Asignaciones Familiares y Jubilaciones.
Además, el proyecto impulsado por Cristina Kirchner crea seis nuevos organismos públicos. Se trata de la Secretaría Nacional de las Juventudes y la Defensoría de los Derechos de las Juventudes, el Comité Ejecutivo del Progresar, el Instituto Nacional de las Juventudes, el Consejo Federal de la Juventud, la Red de Consejo Municipales de la Juventud.
10) El control de las telecomunicaciones
En su último año en la Casa Rosada, Cristina Kirchner puso en marcha la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), una agencia creada a través de la ley Argentina Digital, sancionada en 2014.
El directorio de la agencia tiene siete integrantes. La Presidenta designó como titular de la Aftic al ex secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, hombre cercano a De Pedro, y a Nicolás Karavaski como director, ya que ley establece que el Ejecutivo debe nombrar a dos representantes. El resto de los miembros del directorio de la poderosa agencia que regula las telecomunicaciones en el país fueron designados por el Congreso (uno del oficialismo, dos de la oposición), los gobiernos provinciales y el consejo federal.
Frentes abiertos en la herencia
Cristina Kirchner dejará como herencia al nuevo gobierno el polémico memorándum de entendimiento firmado con Irán para investigar el atentado a la AMIA -ley aprobada por el Congreso y que la Cámara de Casación debe definir si es constitucional o no-; la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, prevista para marzo próximo; los pagos acordados con Repsol como compensación por la estatización de la petrolera YPF y con el Club de París; y el conflicto judicial con los fondos buitre en Nueva York.
Por otra parte, el nuevo presidente deberá lidiar con funcionarios nombrados por Cristina Kirchner en puestos clave y cuyo mandato se extiende más allá del 10 de diciembre, como la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; el jefe de la AFI, José Sbatella; y el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli.
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