La Ciudad puso a disposición a la Policía para controlar “los aprietes sindicales” en los centros de distribución
Felipe Miguel comunicó la medida como respuesta al pedido de ayuda del Gobierno a Camioneros para que inspeccionen el cumplimiento del programa de Precios Justos
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LA NACION
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció que puso a disposición el teléfono 911 para aquellos que quieran denunciar controles ilegales de precios realizados por “patotas sindicales”. Así lo comunicó el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, tras conocerse que la secretaría de Comercio de la Nación le pidió ayuda a Camioneros para que inspeccionen el cumplimiento del programa Precios Justos.
“CABA habilita el 911 para denunciar controles ilegales de precios realizados por patotas sindicales o piqueteros”, escribió Miguel en su cuenta oficial de Twitter, en sintonía con lo expresado por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta quien acusó al Gobierno nacional de mandar al sindicato y a militantes de Barrios de Pie a “patotear centros de distribución”.
Así, esta tarde, Felipe Miguel sostuvo que la administración de Alberto Fernández “pretende imponer su voluntad por la fuerza y sobre todo por fuera de la ley” al convocar a sindicalistas y organizaciones sociales a controlar los Precios Justos.
Miguel, quien también está a cargo del Ministerio de Seguridad porteño por la licencia de Marcelo D’Alessandro, oficializó la medida junto con el secretario de Asuntos Público de la Ciudad, Waldo Wolff, y solicitaron que denuncien a las autoridades cualquier agresión por parte de los gremialistas.
Asimismo indicó que “el control de precios nunca funcionó en la Argentina”, y dijo a los comerciantes y a todos aquellos que ejercen su derecho a trabajar y comerciar libremente: “Van a encontrar de nuestro lado todo el respaldo frente a estos atropellos”.
Por eso, explicó que “frente a cualquier situación en la que reciban un hostigamiento, una amenaza, una dificultad para poder ejercer sus derechos, cuentan con el 911 para ponerse en contacto con la Ciudad y que las fuerzas de seguridad, la Policía de la Ciudad se haga presente en los comercios y restablezca el imperio de la ley”.
“No nos podemos acostumbrar ni podemos naturalizar este atropello permanente del kirchnerismo a las instituciones”, sentenció Miguel.
La respuesta de Juan Grabois
Tras la noticia difundida por los funcionarios de la Ciudad, el dirigente social Juan Grabois arremetió contra la administración larretista en su cuenta de Twitter. Allí se preguntó: “¿Cómo va a ser ilegal que un ciudadano controle que cumplan los derechos del consumidor en supermercados, empresas de cable, internet, celular, agua, farmacias, prepagas, etc?”.
En ese sentido sostuvo que “denunciar abusos de estas empresas que (casi) siempre perjudican al consumidor es un derecho de todos”.
Control de Camioneros a Precios Justos
A raíz de conocerse el dato de la inflación 2022 que arañó las tres cifras, el Gobierno sumó al gremio de los camioneros que lidera Pablo Moyano a los controles de uno de sus principales caballitos de batalla: el programa Precios Justos, lanzado por Sergio Massa.
La información fue difundida por el propio sindicato a través de un comunicado oficial y con un video en su cuenta de Instagram en el que puede verse a los sindicalistas y a dos funcionarios bajo el paraguas de Secretaría de Comercio, que depende de Matías Tombolini, en un centro de distribución de empresas alimenticias y supermercados.
Fuentes oficiales aclararon a LA NACION que mantuvieron conversaciones con los Moyano, pero que el poder de fiscalización es sólo de la Secretaría. Sin embargo, no pudieron explicar el motivo de la presencia de los sindicalistas, entre los que estuvo el polémico Óscar Borda, en un operativo conjunto con los funcionarios de Comercio.
Según el mismo sindicato, las inspecciones se llevan adelante en conjunto, entre la rama logística de la organización, a cargo de Óscar Borda, los fiscalizadores de la Secretaria de Comercio, el director de Inspecciones, Gustavo Gamito y Lucila Bueti, la subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.
LA NACION
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