La aseguradora de Freddy Lijo se financió con una deuda con la AFIP

Caledonia Seguros, la empresa que tenía como accionista al operador judicial Alfredo Lijo, acumuló una deuda con la AFIP de $16 millones entre 2016 y 2017, informaron fuentes judiciales. La compañía de seguros que fue reposicionada con el desembarco de sus nuevos socios desde 2014 financió parte de su salida al mercado con tributos impagos, más específicamente del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La deuda tributaria le ocasionó, incluso, un dolor de cabeza a los actuales directivos de Caledonia: fueron denunciados penalmente por la AFIP el año pasado y, por esa causa judicial, ya fueron citados a declarar en indagatoria algunos de sus directivos, informaron fuentes judiciales a LA NACION.

La compañía presentó en las últimas semanas documentación que acredita el pago de su deuda con la AFIP. Por ese motivo, el juez en lo Penal Económico Rafael Caputo suspendió las indagatorias hasta determinar si el monto desembolsado por Caledonia les permitiría extinguir la acción penal, indicaron desde el tribunal.

El hermano del juez Ariel Lijo llegó a Caledonia allá por 2014: compró el 20% de las acciones por poco menos de $2 millones (a través de la firma Caledeco SA). De esta manera, el operador judicial conocido como Freddy se quedó con "el casco" de una vieja compañía de seguros en desuso, pero con una licencia habilitada para explotar el negocio.

Socios

Lijo desembarcó en la compañía de seguros junto a un grupo de socios vinculados de distintas maneras a la política: Ernesto Chalabé es amigo de José María Olazagasti, el exsecretario privado de Julio De Vido; Marcelo Rocchetti era funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense, y Fernando Dapero (presidente de la firma) fue condenado por corrupción en el PAMI de Víctor Alderete.

Los nuevos socios le dieron impulso a la aseguradora: Caledonia tenía bienes por $17 millones en 2014, que se multiplicaron en solo un año hasta acumular activos por $93 millones y volvieron a crecer en 2016 hasta alcanzar los $176 millones, según consta en los balances a los que accedió este diario.

Justamente en esa época de expansión comenzó a acumular deuda con la AFIP por impuestos impagos como IVA o Ganancias, indicaron fuentes judiciales. El organismo tributario analizó en las últimas semanas los pagos realizados por Caledonia en su plan de pago. La Justicia resolvería la situación de Caledonia en los próximos días, pudo saber este diario.

Caledonia quedó expuesta cuando LA NACION reveló que la compañía había comprado 20 autos de lujo a su nombre, pero que había expedido cédulas azules para que esos vehículos fueran usados, por ejemplo, por el juez Ariel Lijo, que fue habilitado para manejar un Mercedes-Benz E350 blanco.

Pero después de ese crecimiento patrimonial, Caledonia fue inhibida por la Superintendencia de Seguros de la Nación por acumular un pasivo cercano a los $250 millones. La empresa ya regularizó su situación con un plan de pagos, informaron fuentes oficiales.

No es el único problema judicial que enfrenta Caledonia. La aseguradora también quedó involucrada en una investigación por lavado de dinero como parte de una disputa familiar de Dapero, el presidente de la empresa. La Justicia investiga la compra de un departamento en Miami, inmuebles en Puerto Madero, cuentas en el exterior y autos de lujo, activos adquiridos -según la denuncia- mediante sociedades en paraísos fiscales. LA NACION intentó contactarse con Dapero, pero no respondió las consultas de este diario.

El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola tiene en sus manos desde hace un año un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica, otro de la Unidad de Información Financiera (UIF) que permanece bajo secreto y también la AFIP entregó documentación que da cuenta de posibles irregularidades.

El fiscal Franco Picardi avanzó en los últimos días con la denuncia realizada por Elisa Carrió, que había acusado a Freddy Lijo, a su hermano juez y al exministro De Vido, entre otros, de integrar una asociación ilícita que aseguraba "impunidad" a funcionarios kirchneristas a través de la influencia que ejercería el juez Lijo.

Después de que varios magistrados se excusaran, la investigación finalmente quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini, que delegó el caso en el fiscal Picardi. Este último pidió distintas medidas de prueba, que incluyen la intervención de la UIF en el expediente, así como toda la información patrimonial de los imputados que esté en poder de la AFIP y el Banco Central.

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