La AFIP le reclama una deuda a Correo Argentino SA, la firma de la familia Macri
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LA NACIONMaia Jastreblansky
Los juicios entre el Gobierno y Correo Argentino SA, la firma de la familia Macri concesionaria del servicio postal entre 1997 y 2003, avanzaron esta semana con reclamos cruzados.
Los abogados de la AFIP se presentaron en el concurso preventivo de la empresa para pedir que se contemple una deuda de $5,4 millones que la firma tiene con las autoridades fiscales por impuestos y multas sobre los aportes previsionales durante la privatización. El organismo recaudador busca así que la Justicia lo tenga como acreedor de la compañía controlada por Socma.
Correo Argentino SA, en tanto, se anotó un punto en su batalla judicial para reclamar por los activos sustraídos por el Estado nacional con la quita de la concesión durante el kirchnerismo. El Gobierno había pedido la caducidad de la acción en ese juicio, es decir que se declaren vencidos los plazos y castigar a la empresa por no haber impulsado el avance de la causa. Pero la jueza en lo Contencioso Administrativo Macarena Marra Giménez rechazó ayer el pedido de la gestión de Cambiemos y el reclamo de la compañía sigue en pie.
De acuerdo con los documentos del expediente del concurso de acreedores que analizó LA NACION, la AFIP presentó esta semana un escrito a la jueza en lo Comercial Marta Cirulli en el que detalló -con una planilla adjunta de seis páginas- todas las deudas que tuvo Correo Argentino SA con el organismo recaudador. Son más de 250 registros por impuestos y multas por las contribuciones a la seguridad social, que suman $5.437.995,52.
La AFIP había reclamado ser acreedora en el concurso del Correo Argentino SA al principio del proceso, en 2001. Pero como la deuda con el organismo recaudador fue discutida en la Justicia por el Grupo Macri, el ente estatal no había podido entrar en el proceso concursal.
Ahora que parte de esa deuda fiscal quedó firme, la AFIP le detalló a la Justicia a cuánto asciende el reclamo. De esos $5,4 millones que se piden, $851.000 son "con privilegio general", es decir, con una forma preferente de cobro, y el grueso, $4,5 millones, "con carácter quirografario", es decir, como acreedor común.
Para esta categoría de acreedores, según señalaron fuentes judiciales, Correo Argentino SA ofreció pagar el 20% cuando se llegue a un acuerdo, con lo que abone el Estado por los activos en pugna, y el 80% a 16 años en cuotas.
Reclamo millonario
Mientras el concurso preventivo de la empresa se dilata, Correo Argentino SA le reclama al Estado -en el fuero contencioso administrativo- una millonaria indemnización por las inversiones realizadas en el servicio postal, que luego quedaron en manos del Gobierno cuando el kirchnerismo rescindió la concesión en 2003. Son activos por $1700 millones.
Según los escritos judiciales, el año pasado los abogados del Estado pidieron la caducidad de ese reclamo, ante la parálisis del proceso. La caducidad de instancia es un mecanismo pensado para impedir el trámite eterno de los expedientes.
Esta semana, la empresa le reclamó a la jueza que se expida en este sentido. Ayer, según pudo cotejar LA NACION, la jueza Marra consideró "que no existen motivos" para declarar la caducidad y le dio la razón a la compañía.
La magistrada recordó que en agosto de 2016 la empresa amplió su demanda por daños y perjuicios por lo que promovió la marcha del expediente. "El planteo de caducidad de instancia intentado no puede prosperar", dijo.
El concurso de acreedores de Correo Argentino SA y el millonario reclamo de la empresa de los Macri al Estado están íntimamente ligados.
Esta semana, Correo Argentino SA ofreció para cancelar su deuda con el Estado nacional (su mayor acreedor) la entrega del edificio de Monte Grande, donde hoy centraliza sus operaciones el servicio postal oficial. De acuerdo con la compañía, esa propiedad vale hoy casi $1000 millones.
Ese inmueble, sin embargo, fue la principal inversión que hizo la empresa durante la privatización. Es decir que, en rigor, Correo Argentino propone deducir el valor del edificio de su reclamo al Estado.
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