Impuesto a la riqueza: Máximo Kirchner le marca la cancha a los empresarios, pero también a Alberto Fernández

Esta vez, Máximo Kirchner no se privó de la oportunidad de dar su discurso de cierre en la Cámara de Diputados. No lo hizo aquella vez que, en su carácter de jefe del bloque oficialista, debió defender la ley de presupuesto 2021, el primero de la gestión de Alberto Fernández. Se entiende que el primogénito del matrimonio Kirchner tenga sus preferencias: después de todo, resulta más redituable exhibir como logro una ley que le saca dinero a los ricos para volcarlo a los más pobres que defender un presupuesto de ajuste.

Con el impuesto a las grandes riquezas Máximo Kirchner –su autor– decide emerger de su cómodo hermetismo para mostrarse como un actor capaz de marcar la cancha. No solo frente al sector empresario: también ante el Gobierno.

Detrás de la decisión unilateral de Máximo Kirchner de convocar al debate del impuesto, subyace la misma advertencia que los senadores oficialistas plasmaron en su carta pública, el fin de semana pasado: la renegociación de la deuda con el FMI no debe consumarse a cualquier costo, y si la decisión del Gobierno es profundizar el ajuste, el kirchnerismo estará allí para "equilibrar las cosas".

El impuesto a los ricos es, en este contexto, la ofrenda simbólica de Máximo Kirchner a su electorado pero, también, un acto de desobediencia. Porque hay que decirlo: aunque el presidente Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, hayan exhibido gestos públicos de apoyo, lo cierto es que este proyecto nunca fue prioritario para el Gobierno.

Concebido para paliar los efectos de la pandemia, recién aterriza en el recinto de la Cámara de Diputados siete meses después, cuando el pico de contagios parece ceder. Esta demora no fue caprichosa: enfrascado en cerrar la renegociación de la deuda con los bonistas bajo legislación extranjera, Guzmán observaba que este impuesto solo le generaba ruido con los acreedores. Sergio Massa, que tampoco simpatiza demasiado con el proyecto de su amigo Máximo, aceptó de buena gana aplicar el freno.

Cerrada la negociación con los bonistas, la nueva excusa para retardar el debate fue otra prioridad, el presupuesto 2021, "la hoja de ruta" en materia económica con la que el Gobierno pretendía calmar los mercados ante un dólar que parecía no encontrar techo. Con una reducción del déficit de 8 a 4,5 puntos del PBI, la eliminación de los programas de emergencia instaurados en la pandemia y la poda presupuestaria en distintos programas sociales, el ministro Guzmán exhibió la sanción de la ley como un logro ante el FMI, ansioso de saber qué consenso político reúne el gobierno de Fernández.

Sancionada la ley de presupuesto, un nuevo pretexto amenazaba con demorar todavía más la aprobación del impuesto: la reforma tributaria. Guzmán pidió tiempo hasta definir qué impuestos se van retocar con la reforma. En su ronda reservada con referentes del sector empresario, el ministro recibía solo críticas del proyecto de Máximo Kirchner.

La paciencia del kirchnerismo llegó al límite y la presión de las bases se hizo incontenible cuando trascendió que Guzmán, en sus tratativas con el FMI, habría acordado profundizar el ajuste más allá del 4,5% contenido en el presupuesto.

El jueves pasado, en reunión de bloque, Máximo Kirchner decidió no postergar más lo que, a su juicio, ya era impostergable. Los empresarios no podrán aducir que no fueron avisados. "Los mercados quieren seguir gobernando, pero tienen que entender que la economía la maneja el Gobierno", había advertido el jefe del bloque oficialista. Un Gobierno que, a los ojos del kirchnerismo, es un bien ganancial que no solo le pertenece al presidente Fernández.

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