Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión: sus derechos y cuándo pueden acudir a un abogado

Todos los 4 de junio se conmemora el Día Internacional De los Niños Víctimas de Agresión por así haberlo instituido la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 19 de agosto de 1982.

En aquel momento, los asambleístas abordaron en su sesión un capítulo más del prolongado conflicto árabe-israelí que se extiende hasta nuestros días. Como en toda contienda armada, los adultos que toman las decisiones no reparan en la indefensión de los niños que habitan los territorios donde se arrojan cientos de misiles, municiones y otras armas de moderno y sofisticado desarrollo tecnológico.

Pero el recordatorio no se agota allí. El 4 de junio se recuerda y concientiza a la humanidad de la vulnerabilidad extrema que sufren los niños frente al aumento de la pobreza, la explotación sexual, el reclutamiento armado, los homicidios, las enfermedades y tantas otras situaciones que los involucran.

Ya culminada la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas creó el Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (Unicef) con el propósito de brindar ayuda a los niños y las familias más desprotegidas de los países en desarrollo, o que padezcan alguna catástrofe.

Este organismo trabaja en cooperación con los gobiernos implementando planes y programas destinados al mejoramiento de la calidad de vida durante la infancia.

Otra herramienta importante en el plano jurídico, para dinamizar los derechos de los niños víctimas inocentes de agresión en el mundo, es la sanción de la “Convención Internacional de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes” que comenzó a regir el 2 de septiembre de 1990. Este tratado internacional es uno de los más ratificados de la historia, y los países que lo adoptan deben rendir cuentas de las obligaciones impuestas. Pero sus normas no solo están dirigidas a los gobiernos. Progenitores, educadores y niños y niñas están comprendidos en las obligaciones y derechos.

La Convención establece que debe oírse al menor en todo asunto que concierne a su interés, pudiendo cuando alcance la edad de 13 años designar un abogado defensor de los derechos del niño o niña, cuyos honorarios estarán a cargo del Estado.

La residencia del niño es prioritaria para proteger su centro de vida y no ser sometido a desarraigos culturales, educativos y socio afectivos. La seguridad social de los estados deben atender la nutrición, lactancia, vivienda, asistencia sanitaria y todas las necesidades del infante.

Los cambios en los hábitos de vida a raíz de las catástrofes humanitarias globales, tales como la sucedida con la actual pandemia por coronavirus, merecen una especial atención para evitar el sufrimiento de millones de niños y niñas.

Hoy recordamos que todos somos parte de la problemática infantil y todas las acciones posibles en el ámbito personal ayudan para prevenir y evitar que los niños sean víctimas de agresiones.

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