El Gobierno y el campo
El Gobierno ha vuelto a dictar medidas limitativas del libre comercio de exportación de carnes. Prohibió hasta fines de 2023 las ventas externas de siete cortes bovinos de fuerte demanda interna: asado, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vacío.
Comparadas estas medidas con el cepo total a las exportaciones dispuesto en mayo último, puede decirse que se ha avanzado en la flexibilización de la política gubernamental. Otro tanto había ocurrido, en realidad, con sucesivas resoluciones adoptadas en 2021 y que permitieron las ventas al extranjero de vacas viejas o vacas de conserva.
Aquella reiteración de políticas calamitosas encarnadas sin disimulo ni vergüenza por el secretario de Comercio, Roberto Feletti, costó al país la nada despreciable suma de 800 millones de dólares. Nada aprendieron este ni otros funcionarios del desastre ganadero que ocasionaron medidas similares de los anteriores gobiernos kirchneristas. Perdió entonces el país unos 10 millones de cabezas, que tardan en recuperarse, y se lo relegó en el ranking de países de mayor exportación de carnes.
Para Coninagro, las nuevas normas impuestas constituyeron “un logro en línea con lo que se venía conversando”. Para la Sociedad Rural Argentina, lo destacable fue haber eliminado la cuotificación de las exportaciones. Para Confederaciones Rurales Argentinas, fue, en cambio, la reiteración, tan antigua como el peronismo mismo, de trasvasar recursos del campo a la industria. Y, para la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, otro reflejo más de lo difícil que resulta confiar en el Gobierno, pues no se cumplió con la promesa de concluir las restricciones el 31 de diciembre de 2021.
Lo único seguro es que el “logro” del que habló Coninagro ha sido del ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez. Le ha correspondido en buena ley por la perseverancia dialoguista de que ha hecho gala desde que asumió.
Pero la realidad es una sola. La suma de los tres decretos de que informamos exuda la obsesión reguladora del peronismo.
Cabe ahora al Gobierno prepararse para algo más difícil de explicar que lo anunciado. Concierne a la eventual creación de un fondo fiduciario destinado al subsidio de la venta de harina, fideos, pan y pollos. Los productores estiman que se haría sobre la base de 14.000 millones de pesos que saldrán de sus propios bolsillos. Serían el equivalente a 3,3 millones de toneladas de trigo y 1,5 millones de toneladas de maíz. Se da por entendido que ese fondo sería el sustituto de otro manotazo más al campo que se habría propuesto hacer Feletti vía retenciones. Si fuera de tal modo, correspondería saber qué porcentaje de aumento en las retenciones de maíz y trigo, hoy en el 12%, reflejaría ese fondo.
Es demasiado lo que la casta política populista succiona del campo, y casi nula la recompensa a cambio a quienes constituyen el sector de mayor productividad del país. En la Argentina, los productores ven deteriorados sus ingresos por una inflación gigantesca, por costos altísimos de insumos importados y por una abusiva presión tributaria.
El ministro Domínguez deberá extremar su capacidad persuasiva para hacer comprender en el seno del Gobierno que los milagros quedarán fuera de alcance si se insiste en más políticas que agravien al campo mientras se dilapidan enormes recursos en gasto público.
LA NACION