Está la voluntad de sentarse en una mesa, contestar los mensajes de whatsapp y tener una conversación mínimamente civilizada, lo que faltan son resultados concretos. Así podría describirse la situación de buena parte de la cadena agroindustrial en su relación con el Gobierno en los últimos días.
Lo demostró el ministro de Economía, Sergio Massa, al visitar en forma sorpresiva la sede de Coninagro, un día después del congreso de la entidad cooperativa al que había sido invitado para exponer. El único anuncio concreto que hizo allí el funcionario fue la prórroga al aumento del corte con biodiésel al gasoil en 12 por ciento. Acaso pueda interpretarse como un leve gesto favorable para el agro, luego de los reclamos de la industria de los biocombustibles ante el fin del plazo de 60 días dispuesto por Energía.
Por lo demás, las definiciones sobre la posibilidad de mejorar las condiciones para acelerar las ventas de soja en manos de productores quedaron pendientes en esa sobremesa entre el titular de la cartera económica y los cooperativistas. Aun así, los dirigentes de Coninagro aprovecharon la ocasión para presentar su programa de propuestas. Básicamente, como expresó el presidente de la entidad, Carlos Iannizzotto, pidieron un “solo tipo de cambio, un plan de estabilización con eliminación del excesivo intervencionismo del Estado y un programa federal agroindustrial”, entre otros temas. También, hablaron de devolverles competitividad a las economías regionales, donde el movimiento cooperativo tiene su mayor fuerza, mediante la baja de costos y retenciones y la corrección de reintegros.
Los observadores de la realidad económica advierten que los movimientos del nuevo equipo económico son a muy corto plazo. “Vamos a controlar las importaciones y luego nos ocuparemos de las exportaciones”, dicen cerca de Massa. Para los tiempos del agro esta estrategia no es la más efectiva, dado que buena parte de las decisiones se toman de acuerdo con el cronograma biológico y no con los tiempos de la política. Quien ya está planificando la siembra de maíz necesita saber si tendrá fertilizante disponible o si tendrá que esperar la autorización del Estado para conseguirlo. Así podrían citarse otros ejemplos.
Si hay algo que podría hacer el Gobierno es despejar con el mayor grado posible la incertidumbre sobre aspectos básicos de la economía porque la producción enfrenta otro tipo de riesgos de cobertura más compleja. El más evidente es el climático. Lo saben los productores de la región núcleo que, como contó Pilar Vazquez en LA NACION esta semana, padecen la escasez de agua. El cultivo más afectado por la falta de lluvias fue el trigo, con reducción del área sembrada y eventuales pérdidas en los rindes si no se resuelve la situación en el corto plazo. Esto ya abre una amenaza al maíz de primera: según las zonas, los técnicos calculan que se necesitan entre 60 y 100 milímetros para mediados del mes próximo antes de iniciar la siembra. De no haberse desarrollado técnicas y sistemas de manejo, con genética e insumos adaptados, como los maíces de segunda, la situación sería más grave.
En ese contexto, el Gobierno, si es capaz de levantar la mirada más allá de los próximos 15 días, podrá darse cuenta que la agroindustria puede traerle buenas noticias para el 2023. Los números de este año lo demuestran. Según el monitor de exportaciones de la Fundación FADA, en el primer semestre del año las cadenas agroindustriales aportaron US$31.000 millones por exportaciones, un 21% más que en 2021. Es una cifra que vuelve abstracto el reclamo por una mayor velocidad en las ventas de soja.
También la cadena de la carne espera resultados concretos después de las conversaciones que mantuvieron con funcionarios de la Secretaría de Agricultura en las que les pidieron información sobre el ritmo de exportaciones.
El Gobierno dijo que mantendrá la prohibición de exportar siete cortes de consumo popular, pero la industria pide cambios en ese esquema. En los últimos meses, el precio al consumidor se desacopló de la inflación general, aunque se aproxima el período de incremento de la demanda y, como se sabe, el mercado se recalienta. Los especialistas del sector están advirtiendo hace tiempo que está aumentando el peso mínimo por animal faenado: la tan ansiada mejora de la productividad se alcanza cuando no se cortan los procesos de crecimiento.
Un agravamiento del cepo no haría otra cosa que entorpecer aún más el negocio.
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