Mientras en la campaña electoral destacados referentes de las listas oficialistas hablan de sexo y drogas, un sindicalista de la carne decidió arruinarles la fiesta y traerlos a la realidad cuando se le ocurrió hablar sobre las consecuencias que tiene el cepo a las exportaciones de cortes vacunos.
Fue Daniel Roa, titular del Sindicato de la Carne de Santa Fe, quien informó que 150 trabajadores que habían sido suspendidos por la menor actividad no podían retornar a sus fuentes laborales debido a la extensión del cepo. Según la crónica de Mariana Reinke en la edición web de Campo de la nacion, el gremialista dijo: “los frigoríficos nos explican que tienen que desarmar turnos porque sus cámaras están repletas de carne y no tienen manera de seguir almacenando”. El gremialista, además, en declaraciones posteriores, añadió que estaban en riesgo unos 10.000 puestos de trabajo. Sí, en un gobierno que se autopercibe como peronista, los que se quedan afuera del sistema son los trabajadores.
Apenas conocida la decisión de renovar el cepo, publicada en una simple resolución del Boletín Oficial, el Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC, en sus siglas en inglés) advirtió que “la prolongación de las limitaciones impactará sobre los puestos de trabajo, el nivel de remuneraciones de los trabajadores, el capital de trabajo y la capacidad de compra, con consecuencias sobre el mercado ganadero y toda la cadena en su conjunto, incluido el sector de la industria frigorífica que atiende al mercado local”.
Como pocas veces antes quedó expuesta que la carne no solo involucra a los ganaderos, sino que se trata de una cadena de producción con eslabones estrechamente vinculados. El golpe que se da en un lugar resiente al resto.
El impacto del cepo fue calculado en un informe de la Sociedad Rural Argentina, que estimó una pérdida de poco más de US$1000 millones desde que comenzaron las restricciones al comercio de ganados y carnes en abril pasado. Ese monto se discrimina en unos US$411 millones de merma para la actividad ganadera, US$165millones por la caída de ingresos de la industria frigorífica, US$59 millones por remuneraciones caídas, US$ 209 millones por el deterioro del efecto multiplicador y US$240 millones por la baja de las exportaciones.
La Mesa de las Carnes, a su vez, se preguntó “¿tiene sentido seguir con una medida que afecta negativamente a trabajadores, a la inversión, a eslabones productivos, a la recaudación tributaria y a la liquidación de divisas de exportación?”. Ni hizo falta la respuesta.
El único sentido, si es que lo tiene, es el electoral. En plena campaña por las PASO, pareciera que el Gobierno no está dispuesto a tomar una medida que sea interpretada por sus eventuales votantes como desfavorable para sus hábitos de consumo. Y a juzgar por la extensión del plazo para el cepo, 31 de octubre, dos semanas antes de las elecciones legislativas generales, es muy difícil que se haga algo diferente.
Atrás quedaron las promesas del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de autorizar exportaciones de la “vaca china” y del ministro de Agricultura, Luis Basterra, de flexibilizar el cepo. Algunos dijeron que la resistencia a provocar cambios en la medida se originó en el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de la bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner. “No tiene sentido preguntarse de dónde viene, al final la resolución la firmaron ellos”, dijo, amargado, un negociador de la cadena que se esforzó hasta el último minuto por obtener algún cambio. “Blindaron todo, ni siquiera lo prorrogaron por 30 días para que nos dieran tiempo a armar un esquema de trazabilidad para exportar la vaca china”, se lamentó.
La rigidez del Gobierno dejó mal parados al Consejo Agroindustrial Argentino y a la Mesa de Enlace que no dejaron de apostar al diálogo y a la búsqueda de soluciones para no entrar en un camino de confrontación. Si el endurecimiento del malestar del campo se concreta luego de las PASO, el oficialismo no podrá decir que se trata de la influencia de la oposición sobre el ruralismo. Voluntad para sentarse en una mesa y encontrar una salida de consenso no faltó. La realidad de los números fue expuesta una y otra vez.
La vigencia del cepo a las exportaciones solo beneficia a los exportadores de los países competidores de la Argentina en el comercio mundial de carnes que encuentran una oportunidad inmejorable para mejorar sus números. Todo, gracias a la eficiencia de la administración Fernández.
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