Generalizado rechazo a una norma que podría trabar las exportaciones de carne

Luego que se conociera, a través del Boletín Oficial, que se frenarán las exportaciones de carne vacuna de aquellos frigoríficos que no cumplan con el abastecimiento interno del programa de Cortes Cuidados, disímiles fueron las opiniones de los referentes de la industria frigorífica al respecto.

Según detalla la normativa, que lleva la firma de los ministros de Agricultura y Desarrollo Productivo, Julián Domínguez y Matías Kulfas, respectivamente, se “observará” las aprobaciones para vender al exterior cuando la Secretaría de Comercio Interior informe incumplimientos por parte de las empresas que tienen convenios para el mercado local.

En este sentido, en marzo pasado, el ministro de Agricultura ya había anticipado que, “quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos, no podrán continuar exportando carne”.

“Celebramos esta resolución, era algo que le habíamos pedido a Domínguez en la última reunión que tuvimos. Es algo bueno porque genera equidad en el sector porque no todos los que exportaban aportaban al programa de abastecimiento. De esta manera, se liman las diferencias competitivas”, dijo a LA NACION Carlos Riusech, titular del Frigorífico Gorina y vicepresidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

“Ahora hay que esperar que se reglamente y se instrumente, pero es un anuncio positivo y un avance a nuestro pedido”, añadió.

A su turno, Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), señaló que no puede celebrar normativas que tienen que ver con “intervención y discrecionalidad”.

“Por definición, nunca voy a celebrar este tipo de resolución, no me gustan. Hay un problema histórico con los programas de precios regulados por el Estado, donde nunca el 100% de los operadores participa. En la actualidad, los que aportamos al programa de Cortes Cuidados es el 80% de los exportadores de carne vacuna”, detalló.

Y, si bien destacó que la normativa puede tener un objeto que sea que no haya diferencias ni ventajas entre exportadores, al ser una resolución “tan amplia, genera facultades discrecionales y además puede convertirse en un mecanismo de presión por parte del Gobierno”.

“Esta intervención del Estado podría generar a futuro distorsión en el mercado. Los mercados se deben regular por la oferta y la demanda y no por una regulación discrecional del Gobierno”, remarcó.

Voces del campo

Tras conocerse que el Gobierno había confirmado su amenaza pasada a través de una normativa, uno de los primeros dirigentes del campo en manifestarse fue Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA): “Entendemos que el Gobierno tiene que dejar de manosear los mercados porque esa política perjudica a los argentinos en su conjunto”.

En tanto, para Horacio Salaverri, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), si bien el sector agropecuario no es parte de la negociación sino que pertenece exclusivamente a la industria frigorífica con el Gobierno, en su momento su entidad “ya ha advertido que claramente, el Gobierno se guardaba o se quedaba con la posibilidad de bloquear u ‘observar’ como se pone ahora, las declaraciones juradas y, de hecho limitarlas”.

“Ese tema de la discrecionalidad nunca debe existir en un funcionario, inclusive las mismas pasan por la Secretaria de Comercio Interior. Lamentablemente, este tipo de cosas lo único que hace es complejizar y ensuciar la situación de las ventas de carne al exterior”, remarcó.

“Ninguna de estas resoluciones son un paso adelante, sino que terminan de generar más complejidad y no ayuda en nada a lo que la Argentina necesita, que no solo es recuperar mercados, sino apostar a crear nuevos mercados, dada la oportunidad que se da en el mundo de los alimentos”, añadió.

Por último, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, puntualizó: “Toda esta maraña de intervenciones no le hacen bien al sector, no le da transparencia. Estamos de acuerdo que se debe controlar pero no a costa de la exportación y del trabajo. Creo que hay otros modos para hacerlo que se utilizan en otras actividades, donde se controla la ilegalidad pero no se afecta al trabajo y la producción”.

“Seguimos trabajando con el Ministerio de Agricultura en este sentido, necesitamos transparencia pero lo que más necesitamos en el sector ganadero es quitar trabas para que se pueda exportar y hacer un plan ganadero que acreciente la oferta de carne en el mundo y en el mercado interno. Creemos que en absoluto el sector productivo genera inflación y que la exportación aumente el precio de la carne en el consumidor local, sino que son factores macroeconómicos del Gobierno. No estamos de acuerdo en esta constante tergiversación de conceptos que le hacen muy mal al sector que, exportando, los argentinos pagamos más caras las cosas”, concluyó.

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