Cada vez que sube el precio de la carne vacuna se altera los nervios debido al impacto que tendrá en los principales índices y se disparan acciones gubernamentales que quitan previsibilidad y estímulo al normal desarrollo de la actividad del sector de ganados y carnes. Desde hace mucho tiempo existen serias dudas acerca de si los cambios en los valores de la carne vacuna tienen en la vida real los impactos de las estadísticas oficiales y si ameritan permanentes intervenciones en el normal desarrollo de los mercados, tanto del consumo interno como los de exportación.
Al analizar la composición del consumo real de carne de cada una de las especies que conforman el “paquete carnes”, se observan cambios de magnitud a lo largo de las últimas décadas respecto de las existentes en el pasado a lo cual poco se ha hecho para ajustar los cálculos de medición en la elaboración de los índices de precios y valores de consumo que sirven de base a la hora de definir políticas públicas.
En las últimas dos décadas la carne vacuna resignó su liderazgo en el consumo a favor de las carnes de pollo, cerdo y hasta de pescado. Sin embargo, esto no ha visto reflejado en los procesos de elaboración de los mencionados índices, alejándolos de la realidad.
Caso
Uno de los datos estadísticos más emblemáticos es la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que refleja los consumos de un individuo promedio (adulto equivalente) de entre 30 y 60 años que le permiten cubrir sus requerimientos básicos nutricionales a lo largo de un mes y que se expresan como el gasto necesario erogado utilizando los precios relevados para elaborar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mes tras mes. A partir de ese dato se construyen las líneas para cubrir el total del gasto en diferente grupos de hogares según número de integrantes, sexo y edad, incluso con ajustes de consumo por región.
Para su confección se considera la base de datos con origen en los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/05, a la que se le realizaron algunos ajustes posteriores que parecerían no reflejar la realidad de los mencionados cambios en el consumo de carnes.
En la determinación del gasto requerido en carnes en la determinación de la CBA y para el mencionado “adulto equivalente” se prevé un consumo de 6,27 kg de carnes por mes o 72,24 kg al año, utilizando seis cortes de carne vacuna en diferentes proporciones, pollo entero y pescado, en este caso tomando la merluza.
En resumen, y por especie, los 6,27 kg de carne mensual se integran en promedio por un 70,8% de vacuna, 26,3% de pollo entero y 2,9% de pescado, en tanto que los consumos promedios por habitante y año para la totalidad de los habitantes de nuestro país que surgen de los datos suministrados por la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación muestran una proporción muy diferente.
De hecho, se estiman un consumo de 120 kg de carnes por habitante y año, de las cuales solo el 41% es de carne vacuna, 38% de pollo, 13,5% de cerdo y 7,5% de pescado que, si bien utilizan metodologías estadísticas diferentes, resultan muy alejadas de las utilizadas por el Indec para calcular el gasto de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
Cuando se valorizan para la construcción del gasto de la mencionada canasta alimentaria con una u otra proporción de consumos por tipo de carnes dentro de la CBA, la utilizada por el Indec termina valorizándolo 40% más cara que la que resultaría de aplicar las proporciones de consumo real, sobreestimando el consumo de la carne vacuna por sobre la de las otras especies. Para entender la importancia del desvío alcanza mencionar que dentro de la Canasta Básica Alimentaria el rubro carnes representó en enero el 28,7% del total del gasto.
Asumiendo que los datos contengan errores metodológicos y sin ánimo de cuestionar el profesionalismo y la idoneidad de los profesionales del Indec, las diferencias en los resultados son de tal magnitud que amerita un ajuste imprescindible y urgente con la realidad.
Es vital si consideramos que, entre otros destinos, los datos de la canasta alimentaria se utilizan para definir la línea de pobreza en tanto los del ICP resultan extremadamente sensibles ya que miden ni más ni menos que la evolución de la inflación.
A partir de ellos se disparan políticas de intervención en los mercados tales como el ahora llamado “Precios Justos”, limitaciones a las exportaciones y otras medidas que terminan alterando la previsibilidad y el normal desarrollo de la actividad de ganados y carne vacuna, de enorme trascendencia para la economía y el bienestar de los argentinos.
Por tratarse de una actividad que imprescindiblemente requiere del largo plazo a partir de la lentitud de sus procesos biológicos y de inversiones solo amortizables en el tiempo, la precisión de los datos que generan políticas publicas pone de relevancia la necesidad de generar las mencionadas actualizaciones para evitar que los nervios y urgencias de los funcionarios de turno comprometan seriamente el futuro con la esperanza de resolver problemas no adecuadamente fundamentados, de corto plazo.
El autor es consultor ganadero
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