Beneficios y exenciones: fuerte advertencia a la Argentina de 17 organizaciones internacionales

Diecisiete organizaciones internacionales y locales, como Amnistía Internacional y The Global Initiative for Economic Social and Cultural Rights, entre otras, emitieron un duro comunicado sobre la pérdida de recursos que representan para el Estado los beneficios y exenciones impositivas a algunos sectores.

En su informe, destacaron que el fisco dejará de recaudar $3.664.818 millones el año próximo por este motivo y pidieron que se discuta en el Congreso.

El reclamo cobra relevancia por una cláusula incluida en el proyecto de Presupuesto 2023, que recibió media sanción esta madrugada. El Ministerio de Economía incluyó, por primera vez, un anexo que propone la revisión de estos regímenes. “El peso relativo de estos beneficios, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB, es un hecho que ha llamado la atención de las autoridades del Fondo Monetario Internacional”, destacaron desde el Palacio de Hacienda, en el documento que enviaron.

Según los cálculos presentados por Sergio Massa, los gastos tributarios -el monto de ingresos que se dejan de percibir al otorgar un tratamiento impositivo diferenciado, para favorecer un sector- ascenderán, en 2023, a 2,49% del PBI. Estos son derivados de normas impositivas (1,81 % del PBI) y de Regímenes de Promoción Económica (0,68% del PBI).

“Dichos beneficios no se revisan, evalúan ni justifican en base a evidencia, a pesar de que representan un 16% de la capacidad de recaudación impositiva y el 13% del gasto nacional”, destacaron en el documento las organizaciones de la sociedad civil.

Los gastos tributarios son exenciones, exoneraciones, tasas diferenciadas u otros tratamientos especiales que el Estado otorga a ciertos sectores económicos a través del marco tributario. El impuesto cuyas exenciones genera mayor pérdida en la recaudación es el IVA. Algunas de los rubros exceptuados son los servicios de agencias de lotería y otros explotados por el Estado, las prestaciones médicas a obras sociales y al PAMI; servicios educativos; intereses por préstamos de bancos a gobiernos nacionales, provinciales y municipales y entradas a espectáculos teatrales, conciertos y recitales musicales y prestaciones personales de los trabajadores del teatro, entre muchos otros, según el anexo del proyecto de presupuesto.

Una de las discusiones que mayor polémica generó, y que será un foco de conflicto en la sesión en la Cámara de Diputados, es la exención al impuesto a las ganancias de los magistrados y fiscales. Una parte del arco político, como Juntos por el Cambio, aceptó debatir este beneficio, aunque plantea que debería hacerse fuera del marco del presupuesto.

Las entidades que firmaron el reclamo apuntan especialmente a las exenciones a empresas. Uno de los casos de trascendencia es el de la industria de los cigarrillos. Por ejemplo, Tabacalera Sarandí, una empresa del rubro, consiguió en 2016 (cuando era una Pyme) que la justicia en lo contencioso administrativo le concediera un amparo para no pagar el impuesto interno sobre sus productos.

De esa manera, los cigarrillos Red Point, beneficiados por esta medida para promover el trabajo de las pequeñas tabacaleras, se comercializaron desde el fallo a menos de la mitad de precio que las otras marcas de las multinacionales y, con ese beneficio, ganaron terreno en el mercado. Hoy, continúan sin pagar el tributo pese a que la Corte Suprema ordenó la revocación de la medida.

“Constituyen una excepción del principio general de igualdad que debe regir en las cargas públicas y del costo que significan para el Estado, la falta de previsión de objetivos claros y de transparencia, así como la falta de mecanismos de evaluación adecuados sobre sus ventajas y desventajas, dan lugar a la implementación de privilegios fiscales”, agregaron las organizaciones, en el documento difundido.

Varios artículos del Presupuesto 2023 crean regímenes especiales. Uno de los que mayor controversia generó es el que otorga un beneficio a los conductores de medios de transporte de larga distancia –como los camioneros que cumplan ese requisito– respecto de otros trabajadores, en el impuesto a las ganancias. La idea impresa es la de elevar en un 400% el tope de la deducción por “gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas” abonados por las empresas.

Los firmantes fueron:

• Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
• Amnistía Internacional Argentina
• Centro de Estudios Legales y Sociales
• Center for Economic and Social Rights
• Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica
• Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad
• Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
• Fundación Ambiente y Recursos Naturales
• Fundación SES
• Fundar - Centro de Análisis e Investigación, México
• Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)
• Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
• Instituto de Estudos Socioeconômicos, Brasil
• International Budget Partnership
• Xumek, Asociación para la Promoción y Protección de Derechos Humanos
• Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe
• The Global Initiative for Economic Social and Cultural Rights

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