¿Espionaje ilegal? La Ciudad denunciará al juez que ordenó la suspensión del sistema de reconocimiento facial

Luego de la suspensión del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) el Gobierno porteño denunciará penalmente al juez que firmó el fallo por considerar que la resolución fue “maliciosa” y tiene una intencionalidad política. El ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, confirmó que la Ciudad avanzará contra el magistrado Roberto Gallardo, del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario, que también allanó la sede de la cartera. Una fiscal porteña ya pidió la nulidad de la medida.

“Estamos ante una intencionalidad política clara con el argumento de que hacemos espionaje, algo absurdo y falaz. No solo apelaremos el fallo, sino que vamos a denunciar penalmente a Gallardo porque se ha excedido en el objeto”, sostuvo D’Alessandro, quien, en declaraciones radiales, también adelantó que la ciudad no permitirá nuevos acampes como el que tuvo lugar semanas atrás en la avenida 9 de Julio.

Abuso de autoridad, prevaricato, privación ilegítima de la libertad agravada son algunos de los delitos que, según entienden en el Gobierno, cometió Gallardo con la suspensión del sistema y el allanamiento del Ministerio, que ocurrió el martes, sin aviso previo a la fiscal. Por tal motivo, Catalina Legarre, fiscal de primera instancia, pidió la nulidad del proceso.

“Gallardo se deja instrumentalizar por una finalidad política y confunde a la gente. El sistema de reconocimiento facial nos permitió detener a casi 2000 prófugos, ladrones, violadores, delincuentes. Desde el primer día, el kirchnerismo quiso que no funcione, con constantes ataques desde el Frente de Todos. Acá hay algo muy claro: nosotros queremos que los delincuentes estén presos, ellos quieren que estén libres”, enfatizó D’Alessandro en declaraciones al programa Quiero Vale Cuatro, de FM Milenium.

LA NACION intentó comunicarse con el juez Gallardo, pero no obtuvo respuesta.

El martes, el magistrado hizo lugar a un amparo del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) y ordenó al Gobierno porteño “suspender el sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP), sin que ello merme de ninguna manera los restantes sistemas de videovigilancia (monitoreo urbano), preventivo y forense”. En su resolución, el juez argumentó que el sistema fue utilizado para reunir información biométrica de políticos y dirigentes sociales, como el Presidente de la Nación Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y Juan Grabois, entre otros.

Según la investigación, la Policía de la Ciudad hizo casi 10 millones de consultas sobre 7,5 millones de personas. “Esa operatoria se realizó en el marco de las tareas de búsqueda de personas solicitadas por la Justicia, a partir de un convenio con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) que autoriza a cruzar la base de datos de ese organismo con el listado de personas con orden de captura judicial para localizarlas a través de cámaras de seguridad equipadas con software de reconocimiento facial. Pero ese universo de personas buscadas contiene un número mucho menor, apenas por encima de los 40.000 hombres y mujeres, lo que implica una extralimitación en esas tareas de identificación”, explicaron desde el CELS que se sumó a la denuncia impulsada por ODIA. “Entendemos que el Gobierno porteño debe argumentar cuáles son las razones por las cuales decidió consultar todos esos datos”, agregaron.

“Gallardo dice que busqué por reconocimiento facial a 10 millones de personas, pero es mentira. Nosotros hacemos consultas en el ReNaPer, no extraemos datos. Cuando ponés un DNI en el ReNaPer aparece una foto y el nombre completo. Es una ridiculez que investigamos a 10 millones de personas. El ReNaPer valida identidad y también es usado por Nación”, argumentó D’Alessandro. “Acá no estamos haciendo que todo el sistema permita hacer el seguimiento de una persona con todas las cámaras de la ciudad. Eso solo puede existir en las películas de Netflix. Todos hacen consultas en el ReNaPer, porque así se valida una identidad”, aclaró.

El SRFP no se encontraba en funcionamiento desde el comienzo de la pandemia por la obstaculización que provoca el tapabocas para el reconocimiento facial. “Estamos hablando de una tecnología que permite identificar a personas que están siendo buscadas por la Justicia a través de datos biométricos. El sistema está certificado por la norma ISO 9000, hay una ley de la Legislatura, lo vio el Alto Comisionado de la ONU, también Human Rights, la Defensoría del Pueblo lo observó, todo esto para transparentar el funcionamiento y garantizar las libertades individuales”, explicó D’Alessandro.

“No es la primera vez que este juez fue funcional al frente de Todos; participó en una multiplicidad de casos que trabó el desarrollo de la ciudad. Todo lo que hizo Gallardo es nulo e irregular”, agregó el ministro.

Entre los fallos más controvertidos del magistrado a los que hace referencia D’Alessandro se encuentran la citación de los ministros de Salud y de Educación, Fernán Quirós y Soledad Acuña, para brindar detalles sobre los protocolos en las escuelas durante la pandemia, la suspensión de la obra del paso bajo a nivel del ferrocarril Mitre en la avenida Balbín, la prohibición de la actividad de delivery, la declaración de inconstitucionalidad del protocolo federal del uso de armas de la Policía de la Ciudad y el pedido para suspender la inscripción de docentes en internet, entre otros.

Además de lo atinente al fallo, desde el Gobierno porteño le cuestionan a Gallardo el procedimiento que realizó en la sede del Ministerio en Barracas, que fue realizado por el secretario del juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario, y por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) durante ocho horas.

Entre las irregularidades que le atribuyen, enumeraron “la reticencia a hacer entrega al personal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la copia de la orden de allanamiento, el intento de exceder la orden judicial al pretender secuestrar elementos que no tenían vinculación con el SRFP, la eliminación de datos en forma irregular, la difusión mediática del allanamiento y la elaboración de dos actas al finalizar el allanamiento donde constan las irregularidades”.

Piquetes y acampes

El ministro D’Alessandro también se refirió a la situación de los acampes y piquetes en la avenida 9 de Julio y la posibilidad creciente de que continúen las manifestaciones sociales en la vía pública. “Nosotros fuimos muy firmes en la decisión: vamos a utilizar todos los medios posibles para no permitir más acampes en la ciudad. La movilización es un derecho constitucional, pero hay que tratar de que conviva con el derecho de circular libremente por la ciudad. El Gobierno nacional debe encontrar soluciones y los referentes de las organizaciones deben ser responsables”, sentenció el funcionario.

“La situación socioeconómica del país, con una inflación que no se detiene, no da para más. Vemos una cantidad de reclamos mayores, volúmenes de gente que marcha por la ciudad. Por eso le pedimos a la Nación que busque la manera de solucionar esto. No puede naturalizarse que todos los reclamos sean cortando la calle y complicándole la vida a la gente. Esto no se arregla con la policía, sino con la decisión política y de los dirigentes”, agregó el ministro.

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