Fentanilo mortal: a un año de las primeras muertes, qué se sabe y cuáles son las preguntas aún no contestadas
Después de más de un centenar de muertes, la Justicia avanzó y encarceló a dos de los hermanos García Furfaro; desprolijidades, desidia y complicidades detrás del laboratorio
LA NACIONDiego Cabot
Corría fines de marzo del año pasado y las terapias de varios centros de salud empezaron a detectar una señal débil, casi invisible, dentro de la rutina hospitalaria. A mediados de abril, el área de microbiología del Hospital Italiano de La Plata detectó una anomalía: tres pacientes presentaban en sus cultivos una bacteria poco habitual en entornos intrahospitalarios. Esa rareza activó una alarma interna.
Nadie imaginó que ese era el germen de una tragedia sanitaria que se cobró 121 muertes. A un año de aquellos días, LA NACION presenta “Fentanilo Mortal”, un documental que cuenta aquellos días de desconcierto y dolor. Las relaciones políticas, los problemas de fabricación, la falta de control de los organismos reguladores y el destino de una sustancia mortal son algunos de los interrogantes sobre los que transitó el trabajo periodístico.
Lo que en principio podía ser un episodio aislado derivó rápidamente en una investigación más amplia: se descartaron errores en la toma de muestras, fallas en los insumos y problemas en los dispositivos médicos. Cuando esas hipótesis cayeron una tras otra, apareció el primer patrón inquietante: los pacientes no compartían habitación, ni equipo médico, ni sector, pero sí un elemento en común. Todos habían recibido fentanilo elaborado por los laboratorios Ramallo y HLB Pharma.
Ese hallazgo, confirmado hacia fines de abril de 2025 con estudios sobre ampollas en circulación, transformó una sospecha clínica en una alerta sanitaria concreta. Días después, el 2 de mayo, el hospital notificó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médicinal (Anmat), que a su vez formalizó la denuncia que daría origen a la causa judicial. Así, lo que empezó como una anomalía microbiológica aislada terminó revelando el punto de partida de un brote de alcance mucho mayor que hoy cuenta más de un centenar de muertos, además de varios detenidos, entre ellos los hermanos Ariel y Diego García Furfaro.
Por el contrario, respecto al tercer hermano, Damián García Furfaro, el juez dictó la falta de mérito y dispuso su libertad, aunque se mantiene bajo investigación y con prohibición de salida del país, mientas que la madre de ellos, Nilda Furfaro, también fue procesada con prisión preventiva, pero bajo la modalidad de detención domiciliaria.
Aquellos días de información vertiginosa, que no sólo desnudó la tragedia, sino que desnudó una red de complicidades y relaciones políticas al más alto nivel, terminaron por sedimentarse en una causa penal que tramitó en La Plata y que dirigió el juez federal Ernesto Kreplak.
El expediente se convirtió en un compendio de la desidia. Aquella maquinaria criminal disfrazada de industria farmacéutica operó, según la Justicia, con una “indiferencia deliberada” por la vida humana.
Un chat, que es parte de la causa penal, explica lo que sucedía en aquellos días de mayo, cuando la clausura de los dos laboratorios (HLB Pharma y Ramallo), ya estaba consumada. Era 15 de mayo y escribe un exdirector técnico, ahora imputado. “Buen día. Lamentablemente estamos en una situación terminal, con esta gente que maneja la empresa y con la política de trabajo que tenían era evidente que tarde o temprano esto iba a pasar. La gente que tiene peso en la empresa, gerentes y DT [director técnico] nunca le pusieron un freno”. Wilson Daniel Pons.
Las pruebas que se acumularon en el expediente son concretas respecto del conocimiento que los autores tenían del peligro creado con la elaboración del medicamento.
“Y esto es francamente increíble -dice la resolución judicial-. Cuesta comprender los mecanismos psicológicos que pueden desarrollarse y operar en un cierto grupo, en un determinado contexto, para que lo siguiente haya podido ocurrir. Ni siquiera cuando las alertas se materializaron, cuando la autoridad administrativa finalmente prohibió la actividad del laboratorio, luego de más de un centenar de reportes de defectos en la producción, precisamente por una actividad equiparable o idéntica a la que había sido objeto de reparos, ni siquiera cuando esos reparos habían sido obtenidos en fecha inmediatamente anterior a la producción fallida, ni siquiera entonces se produjo su disposición a revisar lo que había sido producido en esas condiciones, por ejemplo, la esterilidad del producto".
Hay un párrafo más que demuestra la postura de los dueños de aquel negocio farmacéutico. “Esto [por los avisos de Anmat] es muy relevante porque, para esa fecha, febrero de 2025, no se registran casos todavía de administración de fentanilo adulterado. Esto ocurrió recién entre uno y dos meses después. De modo que, incluso ante una fabricación de características paupérrimas, la conducta alternativa exigible habría evitado la producción de los resultados dañosos sobre la salud de un número impresionante de seres humanos que hemos debido lamentar.
Lo que comenzó como un brote infeccioso en hospitales terminó revelando una trama de adulteración masiva de fentanilo, donde el desprecio por los controles de esterilidad y el haber hecho caso omiso a más de un centenar de alertas de la Anmat no fueron accidentes, sino el combustible de un negocio que ya se cobró 121 muertes bajo la lupa.
Hay más, el expediente 17371/2025 desnuda una “fábrica de falsedades” donde los registros se “dibujaban” para engañar al Estado mientras las ampollas contaminadas se distribuían por todo el país, convirtiendo el sistema de salud en un campo minado de bacterias multirresistentes.
“Todo lo actuado da cuenta de la indiferencia de las empresas y de sus integrantes para con el debido cumplimiento de las obligaciones a su cargo, desatención que, tras reiteradas advertencias, no puede ser considerada sino deliberada”, dice el documento. De acuerdo a la investigación, los responsables tenían pleno conocimiento de los riesgos que generaban con sus procesos de fabricación.
El nexo biológico: la prueba irrefutable
Un año después, se construyó una evidencia científica demoledora. Peritajes del Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica halladas en la sangre de las víctimas eran genéticamente idénticas a las encontradas dentro de los lotes 31202 y 31244 de fentanilo HLB.
Para el juez, el nexo causal es indiscutible: el laboratorio perforó el “riesgo permitido” al fabricar el potente opioide bajo condiciones de higiene deplorables, con placas de cultivo con insectos y reactivos dejados bajo la lluvia. El magistrado calificó como “francamente increíble” que, tras la prohibición de operar dictada por Anmat, nadie en la planta se dispusiera a revisar la esterilidad de los lotes que ya estaban en los hospitales.
La “fábrica de dibujos”: la confesión en los chats
La prueba de la intencionalidad surgió de los teléfonos secuestrados, que revelaron cómo la cúpula gestionaba el laboratorio mediante el engaño sistemático. En los chats de WhatsApp, la orden de “mentir” y “dibujar” era moneda corriente.
La “fábrica de dibujos” no era simplemente una metáfora sobre registros desprolijos, sino un sistema institucionalizado de falsificación documental diseñado para ocultar procesos de producción que el juez califica como un “descontrol” total de las normas de seguridad.
Las irregularidades registradas en la planta de Ramallo exponen una maquinaria que operaba al margen de la ley: se fabricaron lotes de fentanilo de manera consecutiva sin realizar la limpieza obligatoria de áreas, equipos ni accesorios críticos como mangueras y agujas de dosificado entre una tanda y otra, lo que dejaba el camino libre a la contaminación cruzada.
El desorden era tan profundo que la cronología lógica de la producción se encontraba invertida: las pericias detectaron que en el lote 31244 la materia prima permaneció pesada y en espera casi 22 horas antes de ser utilizada, mientras que en el lote 31245 se inició la elaboración de la solución casi dos horas antes de que siquiera comenzara el lavado de las ampollas que debían contenerla.
A este caos operativo se sumaba una falla crítica en los controles de esterilidad: el laboratorio aplicaba de forma estandarizada la práctica del “pooling” [agrupamiento de tareas para ganar eficiencia]. Mezclaban hasta ocho lotes distintos en un solo ensayo masivo de hasta 14.000 miligramos —cuando lo validado eran apenas 100 ml—, lo que generaba un alto riesgo de “falsos negativos”.
Mientras la cúpula directiva impartía órdenes directas para “inventar” registros de calibración de balanzas y copiar monografías de laboratorios competidores como Bagó para engañar a la Anmat, la realidad material de la planta mostraba placas de cultivo con insectos en su interior, reactivos químicos abandonados a la intemperie bajo el sol y la lluvia, y un sistema de agua para inyectables con niveles de microorganismos veinte veces superiores a los límites recomendados.
Esta estructura de “indiferencia deliberada” permitía que salieran al mercado miles de unidades con defectos críticos de cierre —con una tendencia de falla que se agravaba lote tras lote— sin que nadie detuviera la producción ni investigara las causas, perforando de manera flagrante el estándar de riesgo permitido y convirtiendo al laboratorio en una amenaza directa para la vida de los pacientes.
Las responsabilidades de los García Furfaro
Detrás de la fachada técnica, la Justicia avanzó en la trama de un complejo entramado societario diseñado para diluir responsabilidades y proteger el “fastuoso patrimonio” de los verdaderos dueños.
El “titiritero” de esta estructura es Ariel Fernando García Furfaro, identificado como el propietario real detrás de un conglomerado que incluye a HLB Pharma Group, Laboratorios Ramallo y la droguería Alfarma.
García utilizaba a personas de su extrema confianza como “hombres de paja”: Horacio Tallarico (un amigo del rubro de los caballos) y Rodolfo Labrusciano (un conocido con antecedentes de adicciones) figuraban como los rostros legales de Ramallo SA, aunque el propio García reconoció en su indagatoria que su intervención era meramente formal.
La confusión era absoluta: los empleados de Ramallo figuraban en los registros de la ARCA (ex AFIP) como dependientes de la droguería Alfarma, y las ventas se canalizaban por HLB porque la firma principal tenía el CUIT bloqueado.
“Borramos todo”: La maniobra de encubrimiento
Cuando el escándalo estalló en mayo de 2025, la organización activó un operativo de limpieza. Cámaras de seguridad privadas, recuperadas por la justicia, registraron una reunión en la casa de Javier Tchukrán, uno de los directores generales de la estructura.
En ese lugar, los hermanos García decidieron la eliminación de las pruebas. Tchukrán le informó a Ariel García: “Borramos todo... no hay un solo gramo de información”, refiriéndose a los servidores del laboratorio.
En esa misma reunión, Ariel García dio la orden final: “¿Entendiste? Que apaguen las cámaras y las den de baja”.
Todos lo correos electrónicos fueron borrados el 6 de mayo de 2025, precisamente el día siguiente a que la droguería Nueva Era notificara al Laboratorio de lo que se había descubierto en el Hospital Italiano de La Platal. la orden la dio Tchukrán, tal como él mismo le informa a Ariel García Furfaro durante una reunión en su domicilio ocurrida el día 18 de mayo de este año.
“…además de los mails hice borrar todo lo que estaba… por suerte gracias a Dios […] todo lo que tenemos en los servidores de información… y lo borramos todo, o sea que no hay un solo gramo de información…”, escribió Tchukran en un registro que recuperó la Justicia y que está en el informe técnico de extracción N° 071_UC1/25.
De la mano de una elevada capacidad económica que se puede vislumbrar en un fastuoso patrimonio, García Furfaro construyó una descomunal estructura de poder económico que incluyó opulentas residencias de la familia, la titularidad de “flotas de vehículos” e incluso la propiedad de al menos un avión privado.
Cuando las muertes por fentanilo impusieron la agenda informativa, los García Furfaro intentaron desprenderse de bienes para evitar embargos. Esto incluye la transferencia de vehículos de la firma Alfarma a otra sociedad (Comarseg) y movimientos sobre inmuebles propiedad de Damián García. Todo esto se acreditó en la causa penal, donde se trabaron embargos millonarios.
Por estas horas, Ariel y Diego García Furfaro están detenidos. Apelaron la resolución y esperan que el juez los vuelva a llamar a indagatoria como para acusarlos de un centenar de muertes más ya que hasta ahora están imputados de una veintena.
La tragedia sanitaria está lejos de poder gritar que ya está resuelta y que las preguntas que se levantaron entonces están respondidas. El fentanilo es mortal en todo el planeta, aún, cuando se fabrique en condiciones deseadas. En la Argentina, esa droga se escucha cada vez más. Y ya cuenta más de un centenar de muertes.
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