Piden cambios al proyecto de la nueva ley de telecomunicaciones Argentina Digital
Dos organizaciones especializadas en derecho digital piden que se revisen algunos de los puntos más problemáticos de la ley
La Asociación por los Derechos Civiles y la Fundación Vía Libre publicaron una carta firmada en forma conjunta pidiendo que se discutan a fondo algunos puntos del proyecto Argentina Digital, el nombre de la nueva ley de telecomunicaciones presentada por el Gobierno hace un mes , que desde el miércoles ya tiene dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, y que luego de su anuncio provocó algunos cruces entre el Gobierno, las telefónicas y los operadores de cable, entre otros.
Estas organizaciones piden que el proyecto sea más específico en lo que refiere a la autoridad de aplicación de la ley (la autoridad regulatoria): "El proyecto, sin embargo, se limita a decir que la autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo Nacional y nada establece acerca de su conformación, integración o estructura. La norma proyectada otorga a esta autoridad de aplicación indeterminada muchas facultades y atribuciones discrecionales, acrecentadas por la vaguedad y ambigüedad de muchos de los términos utilizados en el proyecto."
La misma observación abarca el alcance de la nueva norma, que define a los servicios de tecnologías de información con un panorama amplio (para que su texto no quede obsoleto en el tiempo) pero que termina alcanzando "bajo la potestad regulatoria todos los servicios que se prestan a través de Internet (como, por ejemplo, las comunicaciones interactivas, bidireccionales o multidireccionales, de voz e imagen) y, en consecuencia, sujetaría a los prestadores de estos servicios a obligaciones de licenciamiento, contra el anunciado espíritu de no interferir con los contenidos." Es decir, en el futuro un gobierno o una autoridad regulatoria podría, haciendo una lectura particular de la ley, exigir que cada nueva aplicación de mensajería deba tener una licencia oficial para dar servicio en nuestro país.
Es necesario, dicen estas organizaciones, "que la norma limite claramente su ámbito de aplicación a las redes y los servicios de telecomunicaciones públicamente accesibles (y, solamente en lo que respecta a la asignación de frecuencias, a las redes y los servicios de uso privado que requieran espectro radioeléctrico licenciado), y excluya explícitamente los servicios que constituyen la capa de contenidos y aplicaciones de Internet."
En lo que se refiere a los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, la ley no contempla "la protección de los datos personales que forman parte de los procesos de comunicación. En particular, los datos de tráfico que permiten el establecer, mantener y terminar una comunicación, y los datos de geolocalización, deben ser objeto de especial protección bajo los principios de fin legítimo, consentimiento informado, y eliminación una vez cumplido el propósito."
A la vez, señalan, el nuevo artículo 60 incorporado al texto del proyecto de la nueva ley de telecomunicaciones "incorpora como obligaciones de los usuarios de los servicios de TIC la de "permitir el acceso del personal de los licenciatarios y de la autoridad de aplicación, quienes deberán estar debidamente identificados a los efectos de realizar todo tipo de trabajo o verificación necesaria". La redacción de dicho artículo genera un riesgo concreto a la privacidad de los usuarios y vulnera cualquier interpretación del artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece la inviolabilidad del domicilio."
La discusión de la ley estaba prevista para mañana, pero se postergó para la semana próxima.
El texto completo del comunicado
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