Microsoft ganó una sentencia histórica para no tener que entregar datos privados de sus usuarios a las autoridades

Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos determinó que las autoridades nacionales no pueden forzar al gigante de la informática Microsoft a entregarles información contenida en servidores alojados en otros países. La decisión sienta un precedente histórico en materia de protección de la privacidad para servicios de computación en la nube.

"Deja claro que el gobierno de Estados Unidos no puede utilizar órdenes judiciales en forma unilateral para llegar a otros países y obtener los correos electrónicos que pertenecen a personas de otras nacionalidades", le dijo a la BBC Brad Smith, presidente y jefe legal de la compañía.

"Le dice a la gente que puede, de verdad, confiar en la tecnología, cuando optan por mover su información a la nube", añadió.

Derechos digitales

El caso llegó a los tribunales después de que Microsoft se negara a otorgarle acceso al Departamento de Justicia a un servidor en Irlanda, como parte de una investigación en un expediente relacionado con drogas.

Un tribunal en Manhattan le dio luz verde al Departamento de Justicia en 2014. Pero la corte de apelaciones deshizo esa decisión. El Departamento de Justicia rechazó el fallo e indicó que estaba evaluando el siguiente paso. Si resuelve apelar, el caso caería en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Varias empresas, como Amazon, Apple y Cisco, respaldaron a Microsoft en el caso. Otra de las organizaciones que estuvo de su lado fue el Open Rigths Group, una ONG en Reino Unido que defiende los derechos digitales.

"La decisión del tribunal estadounidense mantiene el derecho a la privacidad individual frente la intrusión del Estado estadounidense en la libertad personal", declaró el director legal del grupo, Myles Jackman.

"En consecuencia, los organismos de seguridad de Estados Unidos deben respetar el derecho a la privacidad digital de los ciudadanos europeos y la protección de sus datos personales".

"Los Estados no deberían ir más allá de sus fronteras simplemente porque creen que, al hacerlo, pueden amedrentar a las compañías", añadió.

Juego abierto a todos

Microsoft había advertido que permitir que se ejecutara la orden de judicial desataría un "juego abierto", en el que otros países podían tratar de implementar órdenes similares para acceder a servidores ubicados en Estados Unidos.

Haciéndose eco de preocupaciones ampliamente extendidas en la industria tecnológica, la empresa sostuvo que, simplemente, las leyes estaban demasiado desactualizadas como para resultar efectivas.

"La protección de la privacidad y las necesidades de las autoridades a cargo de hacer cumplir la ley requieren de nuevas soluciones que reflejen el mundo que existe hoy, en vez de tecnologías que existían hace tres décadas, cuando se aprobaron las leyes que están vigentes", señaló la empresa.

Entre los organismos a cargo de velar por la seguridad, el orden y la legalidad hay una preocupación importante acerca de la posibilidad de que el almacenamiento en la red, junto a la encriptación, esté ofreciendo un espacio en el que los criminales pueden actuar a sus anchas.

Los límites de la cooperación

La juez Susan Carney, a cargo del expediente, falló en contra del Departamento de Justicia sobre la base de que la Ley de Comunicaciones Almacenadas (SAC, por sus siglas en inglés) de 1986 limitaba el alcance de las órdenes judiciales aplicables fuera de Estados Unidos.

La juez señaló que esas restricciones son vitales para mantener buenas relaciones con otros países. Aun más, dijo que hay mecanismos para la cooperación entre naciones el curso de las investigaciones, aunque las autoridades con frecuencia se quejan de que tomar ese camino es más costoso y consume más tiempo.

"Ir a tribunales para pedir una orden bajo la SCA normalmente es más rápido que recurrir a los canales internacionales de resolución", dijo Daniel Stoller, editor legal senior de la firma Bloomberg Law Privacy & Security News.

Stoller señaló que la sentencia original de 2014 interpretó la SCA de manera que favoreciera la visión del Departamento de Justicia. Pero la apelación le dio prioridad a la legislación internacional.

Otro juez involucrado en el juicio, Gerard Lynch, afirmó que la ley de 1986 necesitaba una actualización urgentemente. "Estoy de acuerdo con el resultado", escribió. "Pero no creo de ninguna manera que el resultado debe ser tomado como algo que se convertirá en política racional, ni mucho menos celebrado como un hito en materia de protección de la privacidad".

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