Europa busca dar mayor protección a los datos digitales de sus ciudadanos

Los ministros de Justicia de la Unión Europea (UE) aprobaron el lunes una reforma de la ley de protección de datos de los ciudadanos en Internet, después de tres años y medio de largos debates para lograr una posición común.

Los planes tendrán que ser refrendados luego en el Parlamento Europeo. La novedad es una mayor protección de la esfera privada de las personas y el hecho de que en los 28 países del bloque regirán las mismas normas, hasta ahora muy diversas entre sí.

Entre los puntos centrales de la reforma está el reconocimiento del "derecho al olvido", es decir que los ciudadanos podrán borrar de la Web datos personales como informaciones sobre su vida privada o laboral o fotos. También podrán exigir a las empresas de búsqueda en Internet que eliminen resultados que afecten el derecho a la esfera privada o la protección de datos. El derecho al olvido en Europa se inició en mayo de 2014 y no ha estado exento de polémica, por lo complejo de su aplicación.

La nueva ley prevé asimismo que los usuarios tengan que aprobar cada nuevo procesamiento de sus datos. En caso de quejas la autoridad competente será la Agencia de Protección de Datos nacional, aunque el hecho haya ocurrido en otro país. Las compañías de Internet tendrán que hacer frente a multas en caso de abusos, según consigna la agencia DPA.

Las nuevas regulaciones sustituyen a la directiva de protección de datos de 1995, considerada ya muy anticuada, ya que en aquel momento no existían las redes sociales ni se recolectaban como ahora de forma masiva datos personales. Con la reforma, la UE quiere proteger mejor a los consumidores ante grandes consorcios de Internet como Google, Facebook y otros.

Sin embargo, está por verse si el Parlamento aprobará las nuevas medidas, pues los legisladores reclamaban estándares aún más estrictos. Fuentes diplomáticas de la Unión Europea creen por eso que serán necesarias negociaciones y que la reforma no estará aprobada antes de finales de 2015. La nueva ley tendrá un plazo de adaptación de dos años hasta estar vigente en todos los países del bloque.

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