Diputados piden explicaciones por la implementación de Facebook at Work en el Estado nacional

La diputada del Movimiento Proyecto Sur, Alcira Argumedo, presentó junto con otros legisladores un proyecto para solicitar información al Poder Ejecutivo sobre los alcances de un acuerdo para utilizar en forma piloto el software Facebook at Work (FAW) en dependencias de la administración pública nacional. El pedido de información fue presentado como un proyecto de resolución, por lo que primero debe ser aprobado en la Cámara de Diputados para que, posteriormente, el Poder Ejecutivo esté obligado a responderlo.

La iniciativa se dio a conocer en enero pasado, cuando el presidente Mauricio Macri se reunió en el Foro de Davos con Sheryl Sandberg, la directora de Operaciones de Facebook, donde acordaron que el Estado nacional empezara a usar FAW, una plataforma de comunicación y colaboración para empresas.

Según un comunicado de la Casa Rosada, el software empezará a usarse a modo de prueba en el Ministerio de Modernización de la Nación. Si el piloto es exitoso, la aplicación pasaría a ser utilizada en otras áreas gubernamentales.

La plataforma es visualmente similar a Facebook y se usa para "crear grupos de colaboración de proyectos, enviar mensajes y estar actualizado sobre el estado de los proyectos", según informa en su sitio. Hasta el momento ha sido usada exclusivamente por empresas y no existen registros de que algún país lo haya implementado en su administración.

De hecho, el servicio de FAW todavía atraviesa una etapa de prueba, por lo que se ofrece de forma gratuita a empresas y organismos estatales, pero en un futuro tendrá un costo de "pocos dólares por usuario". Es un sistema multiplataforma, porque puede funcionar también en dispositivos móviles. La principal competencia de esta herramienta es el uso del correo electrónico, el que, según Facebook, promueve una cultura jerárquica no colaborativa. También compite con otras aplicaciones similares de gigantes del software mundial como Google, Microsoft y Salesforce.

Control del flujo de datos

La iniciativa del Ejecutivo ha generado críticas con respecto a que se podría estar entregando datos sensibles del Estado a una compañía extranjera, entre otras objeciones. Según Argumedo, "el acuerdo afecta el derecho a la información, a la soberanía y a la industria nacional". El pedido de informe también cuestiona el hecho de privilegiar la realización de un piloto con una empresa extranjera en detrimento de la industria local de software.

Las advertencias sobre los riesgos que entraña el uso de diversos servicios en la Web no son nuevas. Tal vez el escándalo más notorio de los últimos años fue el ocurrido en 2012, cuando el exanalista de inteligencia Edward Snowden filtró documentos que demostraban que Estados Unidos espiaba a países y empresas a través de Internet. Entre otros, se filtraron los correos electrónicos de autoridades de la petrolera brasileña Petrobras, lo que generó una crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos. De hecho, Snowden recomendó que los usuarios que desean resguardar su privacidad deberían evitar el uso de Facebook, entre otros servicios disponibles en Internet.

El texto del proyecto

Dónde se guardan, quién tiene acceso

Pablo Ferrante, asesor de la diputada Argumedo y redactor del pedido de informe, advierte que "se desconoce dónde se almacenan los datos de Facebook y es peligroso que circule información estatal que no se sabe dónde se guardará y quién tendrá acceso a esa base de datos. Tampoco sabemos qué tipo de cláusulas de privacidad puede llegar a haber en el acuerdo", sostiene.

En el mismo sentido opina Iván Arce, director del Programa de Seguridad en TIC de la Fundación Sadosky. Para Arce, "en principio, no se sabe dónde están ubicados los servidores. Se sabe que no están en la Argentina, pero aunque lo estuvieran, la cuestión es si están solo en la Argentina, porque estas empresas no tienen sus servidores en un solo data center, sino que los tienen distribuidos en todo el mundo. También importa dónde está registrada y opera la empresa que los aloja y a quién habría que pedirle algún dato en caso de ser necesario. La cuestión legal de la jurisdicción es difusa".

Ferrante agrega que "es necesario saber cuál es el plan, ya que anunciaron que si la experiencia es exitosa se va a expandir a otras áreas del gobierno". Según Arce, "no se sabe cuál es el criterio de selección de este servicio ni si hay algún mecanismo de control de diversos aspectos, como la seguridad. Tampoco está claro su impacto en la Ley de Protección de los Datos Personales ni cómo pueden verse afectados secretos de Estado. Y uno estaría transfiriendo la confianza de evitar algún tipo de ataque de espionaje en una empresa que está sujeta a los designios de otra jurisdicción".

Ante la consulta de TSS, desde la agencia de prensa de Facebook en la Argentina declararon: "No tenemos información sobre FAW en la Argentina y desconocemos los detalles de la beta en el país". En tanto, Daniel Abadie, subsecretario de Gobierno Digital del Ministerio de Modernización de la Nación, no respondió a los pedidos de TSS para conocer los alcances de la implementación de FAW en la administración pública.

Matías Alonso / Agencia TSS

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