Cómo funcionará la plataforma de ciberpatrullaje que anunció Patricia Bullrich

“Es utilizar la herramienta para mejorar los procedimientos que ya se están trabajando”, sostiene Santiago González Bellengeri, director de Ciberdelitos y Asuntos Cibernéticos, del Ministerio de Seguridad. Será quien esté a cargo de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada (IA) a la Seguridad con “el objetivo de prevenir, detectar, investigar y perseguir delitos y sus conexiones”. Fue creada con la Resolución 710, firmada por la ministra, Patricia Bullrich, y presentada ayer.

La nueva unidad “patrullará redes sociales abiertas, aplicaciones, sitios web y la dark web (internet profunda) para identificar delitos y a sus autores, o situaciones que sean de riesgo para la seguridad pública”, además “se analizarán actividades en redes sociales para detectar potenciales amenazas, identificar movimientos de grupos delictivos y prever disturbios”, entre otras cosas.

Herramientas y analistas

Consultado por LA NACION, Bellengeri explica que la función “no será investigar las redes de los ciudadanos. El ciberpatrullaje es igual al patrullaje de un oficial en la vía pública. No entra en los perfiles o busca informaciones en particular de un perfil. No es inteligencia sobre las personas. Es investigación. Se busca el delito, no la persona. Pongo un ejemplo: en algún grupo aparece un comentario que se vende droga. En ese caso, se judicializa el hecho. Después la Justicia pedirá información sobre eso. No se buscarán datos sin una orden judicial”, señala.

Pero no está de más recordar que en el pasado ha ocurrido que por un tuit (una canción de cancha o un enojo), alguien terminó preso. A eso, González Bellengeri responder que “ahí estará el analista o el operador. No va a ser por una palabra. Por desear la muerte a tal. Se busca el contexto, que sea algo que tenga un sustento real. Hay que diferenciar cuando es una persona que está enojada, que hace un descargo. Ahí está la parte del analista, y estamos haciendo hincapié en la capacitación. Después, los que deciden si se judicializa o no, no somos nosotros.”

Bellengeri señala que aún no está definido el software que se utilizará ni tampoco los analistas que conformarán el equipo. “La realidad en este momento estamos empezando a ver las alternativas, las soluciones, generar protocolos, recién está naciendo”. Pero insiste: “No se va a perseguir a nadie. Si una persona por miedo deja de escribir cosas, ahí va más allá. Puede haber gente que piense eso. La realidad es que no debería tener por qué. Porque justamente el objetivo no es ese. No va a estar viciado hacia ese lado. Está enfocado en prevenir ciertos delitos como los de trata y narcotráfico”, agrega.

Alcances de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada

Las funciones de Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad serán, según el Gobierno:

• Monitoreo de redes sociales, apps y webs: la unidad patrullará redes sociales abiertas, aplicaciones, sitios web y la dark web para identificar delitos y a sus autores, o situaciones que sean de riesgo para la seguridad pública.
• Análisis de actividades en redes sociales: se analizarán acciones e interacciones en redes sociales para detectar potenciales amenazas, identificar movimientos de grupos delictivos y prevenir disturbios.
• Detección de “transacciones” sospechosas: la unidad también se encargará de identificar intercambios financieros sospechosos o comportamientos anómalos que pudieran indicar actividades ilegales.
• Desactivación de explosivos: utilizarán robots para inutilizar o detonar artefactos sospechosos.

A sus, entre sus facultades está:

• Identificación y comparación de imágenes en soporte físico y virtual
• Análisis predictivo: se podrán utilizar algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos históricos de crímenes, predecir futuros delitos y ayudar a prevenirlos.
• Detección de amenazas cibernéticas: por medio de la identificación de patrones inusuales en redes informáticas y detección de amenazas cibernéticas antes de que ocurran ataques, incluyendo la identificación de malware y phishing.
• Procesamiento de datos de grandes volúmenes de diversas fuentes para extraer información útil, crear perfiles de sospechosos e identificar vínculos entre diferentes casos.
• Vigilancia aérea con drones: permitirá patrullar áreas extensas mediante vehículos no tripulados, proporcionar vigilancia aérea y responder a emergencias.

La opinión de los especialistas

Privacidad versus seguridad es un debate que cada tanto se actualiza. Sobre todo en tiempos del uso de tecnologías para la prevención del delito. Javier Pallero, analista de políticas públicas de internet, da su punto de vista: “Interpreto al ciberpatrullaje en general como una violación a las leyes de inteligencia nacional, seguridad interior y los códigos procesales penales. La inteligencia (vigilancia específica de conductas y personas) debe hacerse bajo control judicial y sobre sospechas de delitos concretos. Reunir información en general para luego evaluar si existen posibles delitos es algo contrario a la Constitución y a las leyes”.

Respecto a la comparación con la vigilancia en vía pública de un oficial, explica: “Esto no es lo mismo que vigilar las calles. Observar comunicaciones (así sean públicas) deja a quienes vigilan muy cerca del seguimiento de personas (ya que es inevitable asociar lo que se dice con la identidad o apodo de quien lo dice), y además genera un efecto inhibidor de la libertad de expresión. Imaginate un policía sentado escuchando conversaciones en cada plaza o mesa de bar. Son lugares públicos, pero con cierta expectativa de privacidad”, sostiene.

Y agrega: “podría llegar a haber una manera de hacer vigilancia preventiva que no se convierta en inteligencia. Con leyes adecuadas, controles judiciales permanentes y con un protocolo serio y bien aplicado, que limite la observación solo a aspectos o términos muy generales. Desde el momento en el que se detecta algo que amerite ir más a fondo en publicaciones de ciertas personas, la actividad se convierte en inteligencia criminal y le caben las regulaciones procesales pertinentes”.

Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Via Libre, advierte: “el gobierno debería dejar de impulsar agendas de seguridad que son desproporcionadas y fuera de toda lógica y legalidad.  Estas iniciativas socavan el estado de derecho, la libertad de expresión, el derecho a no ser molestados por nuestras opiniones y la privacidad de las personas. Además, los sistemas de IA para las políticas de vigilancia están reñidas con cualquier principio de transparencia que debe regir todo lo que tiene que ver con la investigación criminal y las fuerzas de seguridad”.