Un informe de la misión de la ONU que estudia la situación de los derechos humanos en Venezuela confirma la “profunda erosión” de la independencia judicial y destaca “el papel del sistema de justicia en la investigación y persecución de las opositoras y los opositores del Gobierno”.
Marta Valiñas, presidenta de la misión de la ONU: “Existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política, los jueces y los fiscales han desempeñado un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela”
La investigación constata que muchos funcionarios públicos son “intocables” y no pueden pasar por un proceso judicial. También afirma que al menos 196 fiscales en el país fueron destituidos por haber realizado manifestaciones públicas contra el gobierno, “por motivos políticos y sin proceso previo”.
Jueces y fiscales admitieron haber recibido “instrucciones sobre cómo decidir determinados casos”, provenientes “tanto de actores políticos como de la propia jerarquía judicial o fiscal”.
Además, los fiscales “presentaron evidencia contaminada por la tortura, la que a su vez fue admitida por jueces y juezas como prueba”. Según la misión, “en algunos casos los jueces tampoco protegieron a las víctimas de la tortura al ordenar que regresaran a los lugares de detención”.