Violencia obstétrica: "Luchás por vos, en honor a él, en beneficio de todas"

"Te pasó lo mismo que a Juanita Viale", le explica el médico obstetra de una reconocida clínica porteña a Johanna Piferrer. Ella no sabe quién es la actriz, tampoco le importa. Junto a su pareja acaban de enterarse que perdieron a su hijo Ciro Nicolás. Al parecer, esa es la similitud que comparte con la nieta de Mirtha Legrand: la interrupción de un embarazo de ocho meses.

El shock del momento evitó que, ante la comparación, insulte al doctor, en cambio, le preguntó si podía salir del consultorio para fumarse un cigarrillo. "Fumate uno, dos, todos los que quieras, total ya no importa", contestó el profesional.

Tuvieron que pasar casi 10 horas para que el cuerpo médico del Hospital Británico atendiera su pedido, que luego se transformó en un ruego de no pasar por un parto vaginal. Apenas terminó la cesárea la reingresaron nuevamente a la maternidad que la esperaba envuelta por coloridos carteles de bienvenida destinados a las madres y sus recién nacidos. Un microclima feliz, en tonos pastel y completamente ajeno.

Sin una asistencia psicológica adecuada, los papás de Ciro tuvieron que decidir si le harían, o no, una autopsia y de qué forma se llevarían su cuerpo. Se los entregaron en una caja azul, las mismas que se usan para archivo. Para la ley era un NN de 2,300 kilos. Tiempo después, varias madres le contarían de la falta de protocolo ante estas situaciones y lo habituales que suelen ser este tipo de prácticas. Muchas son las recibieron a sus hijos en cajas de zapatos o galletitas.

Un dato que no suele preguntarse y las prepagas prefieren obviar es que éstas no cubren el servicio de cochería en situaciones como las que atravesó Johanna, tampoco las de primerísima línea. Entonces, las opciones se reducen a dos: se costean los gastos de forma particular o se abandona el establecimiento con una caja. En el mejor de los casos será una de archivo.

Meses más tarde, Johanna empezaría a armar el "rompecabezas" que le permitió darse cuenta del destrato que sufrió. Uno de los seis tipos de agresión contra la mujer que se conoce como violencia obstétrica. Se entiende por ésta, aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, que se puede expresar en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización, y/o patologización de los procesos naturales.

Lo es, también, negar información o la falta de suministro, practicar cesáreas innecesarias, maltratar verbal y/o físicamente a las embarazadas antes, durante y después del parto. Pero sobre todo es vulnerar el derecho que tiene cada mujer de ser respetada en sus individualidades, por sobre una mecanización de los cuerpos y los procesos perinatales. Esto se tipifica dentro de la ley 26.485 de protección integral a la mujer, la 25.929 de parto respetado y la 26.529 de derechos del paciente.

Protocolo de atención frente a la muerte perinatal

"Vos luchás por vos, en honor a él, en beneficio de todas", le dijo a Johanna su psicóloga, el mismo día que ingresó en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires el proyecto de ley para un protocolo de atención en la salud frente a la muerte perinatal.

La iniciativa 370/2017 de 2018 fue presentada el 24 de noviembre de 2017 por la entonces senadora del Frente para la Victoria Magdalena Sierra, quien ahora ocupa una banca como diputada nacional. La novedad: desde hace menos de un mes pudo ingresar en el Congreso Nacional.

Lo que se propone es la implementación de una guía, o más bien un protocolo, que establezca determinados pasos a seguir estandarizados frente a los casos de muerte perinatal. Johanna remarca la importancia de que las instituciones, tanto públicas como privadas, sepan atender y contener estas situaciones, por ejemplo, a través de la formación de los profesionales de la salud.

La demanda judicial

La Defensoría del Pueblo de la Nación fue la responsable de emitir la resolución que "exhortó" al Británico a "tomar las medidas del caso", entre las que se encontraban la capacitación de los profesionales de la salud, la incorporación de personal idóneo, el acceso de la información a los padres sobre cómo denunciar ante posibles abusos o malos tratos y protocolos específicos frente a la pérdida gestacional o perinatal.

Con la resolución la mamá de Ciro decidió buscar una abogada y se encontró con Vanina Panetta, especialista en cuestiones de género y la responsable de armar la demanda judicial, que intenta marcar un "antes y un después" en los derechos de las mujeres. Se trata de un juicio civil por daños y perjuicios contra el Hospital Británico, en conjunto con su empresa de medicina prepaga de primera línea, porque, aunque la causa es por violencia obstétrica, las leyes que la identifican no se encuentran tipificadas en el Código Penal.

La acción judicial es novedosa porque es la primera demanda basada en su totalidad en la Convención Interamericana de los Derechos de la Mujer -conocida también como "Belén do Para"- y en las leyes de protección para la mujer y de parto respetado. Pero el objeto para ir a juicio es por daños y perjuicios, ya que no existe una acción en sí misma, es decir, autónoma, bajo la carátula de violencia obstétrica.

En tanto, al ser consultado por LA NACION el Hospital Británico confirmó que "existe una investigación en curso de la Justicia, por el "daño moral" que alega Johanna y confirmó que ya presentó todas las pruebas solicitadas en el marco de la causa.

Por otro lado, sin brindar mayores precisiones el Británico aclaró: "En su momento, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Defensoría del Pueblo realizaron sus respectivas auditorías, no encontrando defectos en los procedimientos que lleva a cabo el Servicio de Obstetricia, aunque sí realizaron algunas sugerencias complementarias, que fueron tomadas en cuenta y llevadas a la práctica por el hospital".

Un juicio novedoso, pero difícil de ganar

"Estas cosas pasan, pero no tiene daño psicológico", fue el argumento que esgrimió la perito de parte sobre Johanna. "Contradictorio y peligroso", así lo calificó Panetta, y explicó que si bien la profesional reconoció que el trato del Hospital Británico fue "inhumano", consideró que no dejó secuelas en su defendida.

En otras palabras, la perito determinó que se trató de un caso de violencia institucional, pero que las secuelas psicológicas son producto de un duelo normal, desencadenante de la muerte de un hijo, aunque no agravado por la hostilidad o el maltrato denunciado. El problema: si no hay daños, no hay sentencia a favor.

Por el momento, resta esperar un informe del Ministerio de Salud y recién una vez sumado al expediente la abogada de Johanna podrá alegar y esperar la sentencia. Más allá de cualquier expectativa, las dos son conscientes de que el panorama no es muy alentador. "Aunque el juzgado le pone buena predisposición, todavía falta mucha capacitación con perspectiva de género en el sistema judicial". Pero, tanto para Johanna como para su abogada es hora de revertir esta situación. Por eso, si el fallo del juez no es el esperado, no tienen dudas sobre cuáles será los próximos pasos a seguir: "Apelar a la Cámara y eventualmente a la Corte Suprema o hasta la Corte Interamericana".

Ley de parto humanizado

En 2015 se reglamentó la ley 25.929 sobre parto humanizado en respuesta a una de las formas de agresión contra la mujer: la violencia obstétrica. Más allá del avance en materia legislativa, actualmente en la Argentina no existen cifras oficiales que registren los distintos casos. A partir de este vacío fue que la agrupación civil feminista Las Casildas decidió impulsar el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO), encargado de difundir estadísticas que permitan abordar políticas públicas para trabajar sobre estas cuestiones.

El caso de Johanna no es el único, la violencia obstétrica presenta varias aristas y atraviesa a todas las mujeres. Actualmente existe una tendencia mundial que cuestiona el proceso del parto, al reivindicar que no es un camino que debiera vincularse con una patologización, sino con un desarrollo natural que reside en el poder de cada madre.

En este contexto, la OMS declaró que no hay una evidencia científica que indique que la tasa de cesáreas debiera ser mayor al 15%. Sin embargo, la Argentina más del 30% de los niños nacen por cesárea. En las clínicas privadas es alrededor del 67%, mientras que, en los hospitales públicos, entre un 20% y 25%. Aunque existe una marcada diferencia entre ambos sectores, el porcentaje de intervenciones quirúrgicas en el ámbito público ha ido en aumento en los últimos años.

Agustina Petrella, "la de la cartita"

"Esta vez va a ser distinto", se consolaba a sí misma Agustina Petrella cuando quedó embarazada por segunda vez en 2014. Para la llegada de Milagros decidió presentar un plan de parto respaldado en las leyes 25.929 y 26.529 en una reconocida clínica porteña del barrio de Palermo con el fin de transitar un nacimiento respetuoso, con la menor cantidad de intervenciones posibles, donde se tuviera en consideración, sobre todo, la "hora sagrada" entre el recién nacido y la madre.

Aunque en los últimos años algunas clínicas privadas y hospitales públicos recibieron la categorización de Unicef de "amigos de la madre y el niño", son pocos los establecimientos que respetan la "hora sagrada". Ese primer momento en que el bebé regula su propia temperatura corporal con la de su mamá, favorenciendo, así, el contacto que dará lugar a la lactancia materna.

En los partos sin intervención la aparición del médico intenta ser más espaciada, así como también los controles de rutina. Además, se busca prevalecer la intimidad de la mujer y su acompañante en un entorno cálido, donde se puedan bajar las luces o poner música para el trabajo de parto. El monitoreo del bebé y el tacto vaginal son innegociables. También lo son los elevados costos que cobran algunas clínicas u hospitales del sector privado para garantizar este tipo de nacimientos, los mismos que la ley establece. Pero no alcanza. Y entonces, en muchos lugares el respeto se paga.

Para Agustina, el primer paso fue cambiar de obstetra. Una tarea nada fácil, que le llevó seis meses y un mail "culposo" donde le comentaba a su médico anterior que buscaría otro profesional. Después de todo él era conocido como "el capo máximo", una eminencia recomendada no sólo por la cartilla de su prepaga, sino promocionado por todas las mujeres de su entorno social, una especie de secreto a voces. En cuarenta años de carrera no había puesto en riesgo la vida de ningún bebé, y la prioridad, ante todo, repitiría Agustina por mucho tiempo, al igual que tantas madres, era la salud de su hijo. Lo que el correo no decía: durante su embarazo anterior él había traicionado su confianza por inducir el parto de Milagros en lo que hoy llama una "cesarea innecesaria".

"Es muy loco, porque con los obstetras cuando hay una situación de violencia se genera como una especie de síndrome de Estocolmo", aclara sin saber lo habitual que es ese sentimiento entre las mujeres que han sido violentadas por el sistema de salud en alguna oportunidad.

En los tres meses restantes de su embarazo se encargó de buscar un equipo de su confianza, y consiguió un obstetra y una partera, los dos con una postura no intervencionista. No alcanzó. En la semana 39 Agustina recibió un llamado de la Jefa de Neonatología del sanatorio, que con un tono apacible y educado, le comunicó que dentro de la institución no hacían partos respetados y si quería uno, se iba a tener que ir a otro lado.

Pero su embarazo estaba lo suficientemente avanzado como para cambiar de clínica, además, su obstetra le juró y perjuró que él se iba a encargar de la situación. Lo hizo, pero no fue suficiente. Apenas nació Milagros la trasladaron a neonatología y no se respetó la hora sagrada. Al segundo día se la llevaron por un control de rutina, y cuando Agustina fue a buscarla a la nursery, alarmada porque su hija no comía desde hacía cuatro horas, se vio envuelta en otra discusión que la obligó a ponerse "firme". Finalmente, después de un tenso ida y vuelta consiguió que se la entregaran de mala gana. Lo que sigue es el principio de una sucesión de malos tratos y "hostigamiento", que se desencadenaron desde que presentó su plan de parto. Ella, era "la de la cartita", y así se lo haría saber, dos horas mas tarde, la Coordinadora de Neonatología.

Una vez instalada con su hija en la habitación, escuchó una mujer que a los gritos le decía: "Acá no estamos para satisfacer caprichitos de los padres". Sin presentarse la Coordinadora de Neonatología amenazó a Agustina con judicializar a Milagros, si no cesaba con sus reclamos. Esta vez se quedó callada, después de todo estaba en tierra de nadie. Afuera, la esperaría un recorrido similar al de Johanna: una demanda civil por daños y perjuicios, en contra de la clínica, la prepaga, el obstetra y la neonatóloga.

Hoy, casi cinco años más tarde, Agustina sale de la primera pericia neonatal llorando y temblando, con la misma sensación que padeció en aquella clínica, donde la ley no existió. "Ellos tienen el poder y no hay evidencia científica, discurso de la OMS o apoyos internacionales que valgan. Son médicos, tienen cargos y títulos, tienen la verdad".

La forma en la que es concebido el sistema de salud tampoco ayuda. Incluso, convierte en víctimas a los propios médicos, quienes están obligados a transitar crueles residencias en pos de un aprendisaje, guardias eternas que superan por demás los tiempos permitidos, o lidiar con las exigencias de las prepagas, la falta de anestesistas, de camas e insumos. A ello se le suma, en muchos casos, la carencia de un abordaje con perspectiva de género. Por ese motivo, la importancia de una ley que limite algunas prácticas naturalizadas o vacíos legales.

Sin embargo, la violencia obstétrica no representa un delito en sí misma, y mientras no lo sea, lo único que pueden reclamar Johanna y Agustina son los daños. El gran desafio de estos dos juicios inéditos es justamente demostrarlos, aunque eso signifique repetir una y otra vez, hasta el punto de sentirse "locas", por qué fueron violentadas. No les importa, solo esperan marcar un precedente. Por Ciro, Milagros, ellas y todas.

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