El responsable de la seguridad en Villa Gesell es un comisario que está a punto de ir a juicio oral
LA NACIONGustavo Carabajal
Fernando Báez Sosa fue atacado y asesinado por una patota en la zona de boliches más concurrida de Villa Gesell. No hubo allí ningún diagrama de prevención policial o municipal que evitase esa muerte. Y testigos afirman que la ambulancia tardó más de 30 minutos en llegar.
En medio de la indignación por el brutal crimen, los cuestionamientos pusieron el foco público en el responsable de la seguridad en ese balneario, el secretario municipal Mauricio Andersen. Se trata de un comisario inspector de la policía bonaerense, en uso de licencia, que tiene un pedido de juicio oral en su contra por presunto incumplimiento de los deberes y por no promover la persecución y promoción de los delitos.
Anoche, con fuertes críticas a las autoridades y al descontrol que quedó expuesto por el mortal ataque a Báez Sosa, una multitud se congregó en la escena del crimen para exigir justicia. "Fernando es hijo de todos", gritaban.
La investigación tendrá hoy un momento clave, ya que los 11 sospechosos formarán parte de ruedas de reconocimiento.
La mayoría de los testigos que estaban en 3, entre 102 y Buenos Aires, el sábado a la madrugada, cuando Fernando fue atacado, coincidieron en que no había policías en la zona de boliches. Además, en las imágenes grabadas por los transeúntes cuando ocurrió la agresión contra el joven estudiante tampoco aparecieron uniformados.
"La seguridad estaba, nosotros nos preparamos todos los veranos. Sabemos que en enero Villa Gesell recibe a todos los jóvenes, y nos juntamos con los jefes del Operativo Sol. El personal de Infantería que había estado toda la noche en diagonal al boliche concurrió por otro incidente a la esquina, hacia 102 entre 3 y 4", explicó, en declaraciones difundidas por la agencia Télam, el secretario de Seguridad de Villa Gesell, Mauricio Andersen.
Anoche, una multitud de vecinos y turistas participaron de una sentada frente al boliche donde comenzó el incidente que terminó con el homicidio de Fernando.
"Este es el pueblo solidario que se juntó a pedir justicia. Le quiero decir al boliche Le Brique que Villa Gesell no está de fiesta. Aunque esto no es solo de Le Brique, esto pasa en todos los boliches. Solo los sacan del boliche y no se hacen cargo. Fernando es el hijo de todos", dijo Gabriela Covelli, una madre que perdió a su hijo y llevó un parlante y un micrófono para hablar frente al público que se autoconvocó.
Los manifestantes encendieron decenas de velas en la puerta del local bailable y reclamaron para que no quede impune el homicidio del joven estudiante de Derecho.
"Lamentamos profundamente el hecho trágico sucedido en la cercanía de nuestro local. Manifestamos nuestro repudio a todo tipo de acto de violencia. Seguiremos estando a disposición de la Justicia y los organismos que lo requieran para colaborar en el esclarecimiento del hecho", concluyó el comunicado del boliche.
A juicio oral
Desde mayo pasado, la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell está a cargo de Mauricio Andersen, un oficial superior que pidió licencia en la policía bonaerense para ocupar el puesto.
A fines de noviembre pasado, un juzgado de Garantías del Departamento Judicial Dolores, con jurisdicción en Villa Gesell, aceptó el pedido del fiscal de Instrucción Diego Torres para que Andersen sea sometido a juicio oral. Según consta en los expedientes 4458 y 1148, la investigación contra el actual funcionario de Villa Gesell comenzó en 2013, cuando se desempeñaba como jefe de la comisaría de General Belgrano.
El sumario se instruyó en la Unidad Funcional de Investigaciones Nº 3 de Dolores. En septiembre pasado, el fiscal cerró la investigación y le pidió al Juzgado de Garantías que el comisario fuera juzgado por "supuesto incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de los delitos".
En este expediente, el jefe policial aparece imputado junto con otros dos procesados a los que se los acusó de "robo doblemente agravado por el uso de armas, en despoblado y en banda, en concurso real con privación ilegal de la libertad".
Según fuentes de la investigación, para la Justicia existen elementos que vincularían al comisario con una banda de delincuentes que se dedicaban a asaltar a vecinos de General Belgrano y tenerlos cautivos mientras les robaban, siempre apuntándolos con armas de fuego.
El primero de los episodios que le imputaron a Andersen ocurrió el 18 de julio de 2013, cuando un productor agropecuario denunció que le robaron los US$5000 que había cobrado por la venta de dos caballos de polo.
En el sumario el jefe policial fue acusado de "no incorporar información sobre los eventuales partícipes del hecho, omitiendo de esta manera realizar diligencias necesarias para detener a los responsables del asalto".
En 2016 se inició otro expediente derivado del sumario anterior. El 25 de noviembre pasado, un Juzgado de Garantías de Dolores aceptó la requisitoria y envió el expediente a la cámara para que se designe el tribunal oral.
Este lunes, LA NACION intentó comunicarse con Andersen para conocer su versión de los hechos, pero no respondió la llamada ni los mensajes.
La marcha con velas, en fotos
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