“Víctimas ignoradas”. Avance legislativo del proyecto para reducir daños evitables en la atención médica

Justo antes de que se renovara ayer la composición de la Cámara de Diputados de la Nación, obtuvo la media sanción en el recinto el proyecto de ley para reducir los daños evitables durante la atención médica que desde hace años reclaman familiares y pacientes. El texto, conocido también como Ley Nicolás, es el primer marco jurídico e institucional para contrarrestar complicaciones en lo que se estima que es uno de cada 20 pacientes que ingresan al sistema de salud.

El proyecto de ley sobre seguridad y calidad sanitaria había ingresado a la Comisión de Salud en julio del año pasado, como dio cuenta en ese momento LA NACIÓN. Recién ayer fue aprobado por unanimidad (149 votos) en la Cámara baja, sin abstenciones ni votos en contra. La iniciativa combina los proyectos iniciales de los diputados Fabio Quetglas (UCR-Juntos por el Cambio) y Mónica Macha (Frente de Todos). Quetglas impulsó el proyecto con la organización civil Por la vida y la Salud, que preside Gabriela Covelli y fue una de las organizaciones de víctimas consultadas.

Su hijo Nicolás Deanna, de quien toma el nombre la ley, murió en 2017, cuando tenía 24 años, por meningitis bacteriana no diagnosticada a tiempo. Un médico de una clínica de Villa Gesell lo trató durante tres días por una contractura en la base del cráneo y angina, sin las pruebas para detectar la infección, según lo determinó un informe sobre la actuación del profesional.

Hace cinco años que la familia comenzó el proceso penal por la muerte de Nicolás. En el país, un juicio “para la gente común”, como detalló en diálogo con LA NACIÓN cuando el proyecto ingresó a la Comisión de Salud, puede durar entre ocho y diez años. Ese es, también, uno de los argumentos por los que las asociaciones o los colegios profesionales se oponen a la suspensión preventiva de la matrícula mientras no haya sentencia firme.

Proteger a las víctimas de mala praxis

El primer objetivo de los familiares era lograr una ley de seguridad del paciente en el país. El segundo es que se reforme el Código Penal y Procesal para proteger jurídicamente también a las víctimas de mala praxis. “Por eso, vamos a defender y ser custodios de esta ley para que se cumpla y cree conciencia de la importancia de defender el derecho a la vida y la salud”, continuó, en aquel momento, Covelli. “Hasta ahora, éramos víctimas ignoradas”, sostuvo.

El proyecto brinda el marco jurídico e institucional para el ejercicio efectivo del derecho de la población a recibir asistencia sanitaria segura, con respeto de la dignidad. Los errores evitables son una de las 10 principales causas de muerte o discapacidad, como dio a conocer LA NACIÓN de acuerdo con las escasas cifras que se difunden en el país por la opacidad estadística que rige sobre esa información.

El proyecto prevé fijar por ley, entre otros puntos, la creación de protocolos de actuación y sistemas de control y vigilancia para reducir los daños evitables en la práctica de salud; el uso de “evento centinela” para proporcionar soluciones con la experiencia médica y el control interjurisdiccional para evitar que aquellos médicos sancionados puedan ejercer en otras provincias.

Para Covelli, “esta ley cambia un paradigma” para los pacientes. “Esto es fruto del esfuerzo de la familias”, destacó ayer.

“Es una ley que la Argentina necesita para tener mejores estándares de salud para los y las ciudadanas y profesionales del sector”, señaló Quetglas.

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