“Vergüenza mundial”: indignación de las víctimas de abusos en el Próvolo por el fallo que absolvió a monjas y exempleadas

MENDOZA.– “Ahora nadie sabía nada”, “Vergüenza mundial”, “No tienen cara”, “Pura indignación y dolor”, “Lamentable, todo fundamentalismo e ideología”, “Es una decepción gigante”, “Una tristeza inmensa”, “La Justicia nos sigue revictimizando”, “Un asco todo”, “No pararemos hasta llegar a la más alta instancia judicial”.

Estas son algunas de las reacciones de las víctimas de los abusos sexuales cometidos en el ex-Instituto Antonio Próvolo de Mendoza tras conocerse ayer la sorpresiva sentencia en el “segundo megajuicio”, que absolvió a las cinco imputadas por, principalmente, encubrimiento y omisión de las denuncias. Además, el tribunal eximió de pena a la monja Kumiko Kosaka, quien estaba acusada de ser autora de vejámenes, por los que arriesgaba 25 años de prisión.

De esta manera, la Justicia provincial determinó librar de culpas y cargos a las exdirectivas, empleadas y religiosas del establecimiento donde se cometieron las violaciones, por las cuales años atrás fueron sentenciados a severas penas dos sacerdotes y personal de la institución, conocida como “La Casita de Dios”. Los abogados de las víctimas confirmaron a LA NACION que apelarán el fallo ante la Suprema Corte mendocina.

Frente a las imputadas y a las juezas que lideraron el debate estuvieron las víctimas, quienes finalmente fueron autorizadas a presenciar la instancia final, sobre todo la lectura de la sentencia, mientras que el resto de los familiares tuvo que seguir la audiencia en otra sala del edificio judicial, mediante un circuito cerrado de televisión. De igual forma, la decisión del tribunal fue transmitida públicamente por el canal de YouTube del Poder Judicial de Mendoza.

Así, el esperado momento finalmente llegó y dejó perplejos a los denunciantes: todas las acusadas fueron absueltas por los delitos de participación primaria y secundaria del delito de omisión. Así, no solo Kosaka –quien también había sido imputada por abusos simples y agravados– quedó desligada, sino que el fallo alcanzó a la también religiosa Asunción Martínez, las exdirectivas Graciela Pascual y Gladys Pinacca, y la cocinera Noemí Paz. En tanto, afuera del proceso, por desistimiento de la acusación, ya habían quedado las exdirectivas Valeska Quintana, Laura Gateán y Cristina Leguiza, así como la psicóloga Cecilia Raffo.

Para Kosaka, la Fiscalía había pedido el mayor castigo: 25 años de cárcel y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos educativos y de custodia de menores. Para la mayoría del resto de las imputadas, la solicitud de penas iba de los 3 a los 18 años de cárcel. Finalmente, el tribunal se expresó de igual forma que la defensa de las acusadas, que había requerido la absolución de las cinco mujeres, considerando que eran inocentes de los cargos que se les endilgaban.

“No faltó nada; se nota que no han tenido perspectiva de discapacidad y, por ende, no saben valorar la prueba”, expresó a LA NACION Sergio Salinas, patrocinante de las víctimas y miembro de la organización defensora de derechos humanos Xumek. “De hecho, en la lectura de la sentencia, la leen como si fueran oyentes, y los chicos y las chicas se confunden entre tantos artículos. Esto es un desastre, no estuvieron a la altura de los derechos humanos de las personas con discapacidad”, completó el letrado, quien confirmó a este diario que ahora realizarán la apelación mediante un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. “Hay testimonio, pericias que dicen la verdad, testigos de los hechos de otro, secuestro de objetos”, destacó Salinas sobre las pruebas contra Kosaka y las demás imputadas. “Esto le viene muy bien a la Iglesia, porque los encubrimientos siguen impunes”, remató el profesional, frente al malestar de sus defendidos.

“Hay que comprobar que estas personas acusadas sabían lo que pasaba en el instituto. No es una tarea fácil, y está a la vista la decisión de las magistradas. Es muy difícil comprobar este tipo de delitos y ningún juez va a condenar sin pruebas. En los fundamentos habrá más explicaciones de la decisión”, aportó a LA NACION una importante fuente de la Justicia provincial.

“Ni olvido ni perdón a esta falta de justicia. Esta sentencia indigna; toda nuestra solidaridad a los sobrevivientes”, expresó Mario, uno de los familiares de los chicos hipoacúsicos que denunciaron las violaciones en el colegio. “Esto no es justicia; como para creer que hay un Dios. Seguiremos luchando hasta que se haga justicia”, expresó Bibiana, otra allegada a los damnificados.

“Es el tribunal del silencio, el tribunal de los cómplices”, se despachó otra familiar de un denunciante, con lágrimas en los ojos, antes de abandonar el Polo Judicial de esta ciudad.

“Causa compleja la que nos tocó”

“Causa compleja si las hay la que nos tocó abordar”, se limitó a decir la jueza Gabriela Urciuolo, presidenta del tribunal, quien anticipó que se darán a conocer públicamente los fundamentos de la sentencia, los cuales ya están en su poder, una vez que se realice la protocolización de los documentos para evitar que se difundan los nombres de los querellantes. La acompañaron en el juicio las magistradas Belén Salido y Belén Renna.

De esta manera, después de dos años y medio de debate, con casi 400 audiencias y un centenar de testimonios, las juezas no encontraron a estas mujeres responsables de encubrir, facilitar o haber omitido denunciar los vejámenes cometidos por sacerdotes y personal del establecimiento durante años.

Se trató del tercer juicio del Próvolo, ya que el primero fue un proceso abreviado en el que el monaguillo Jorge Bordón, exempleado administrativo del colegio, confesó la autoría de los hechos, recibiendo una pena de 10 años de cárcel el 25 de septiembre de 2018. Por otro lado, el segundo debate formal –conocido como “primer megajuicio”, que finalizó el 25 de noviembre de 2019– tuvo históricas condenas para los curas Nicola Corradi, fallecido el año pasado a los 85 años y sentenciado a 42 años de cárcel, y Horacio Corbacho, de 62, que recibió la pena de 45 años de prisión; en tanto, el jardinero Armando Gómez, de 52, fue condenado a 18 años de cárcel.

Kosaka transitó la mayor parte del proceso bajo prisión domiciliaria, aunque en junio del año pasado, al cumplirse el plazo máximo de detención sin tener condena, fue liberada. La religiosa no solo estaba imputada por cometer abusos sexuales simples y agravados, sino como partícipe primaria de vejaciones y corrupción de menores agravada por ser encargada de guarda, entre otras calificaciones. A la “monja mala”, como la apodaron las víctimas de la “Casita de Dios”, se la acusó en siete hechos; entre ellos, haber entregado a una menor a los sacerdotes para que fuera violada, además de colocarles pañales a niñas para disimular los ataques sexuales. Estas situaciones se desprendieron del primer megajuicio, que terminó con las históricas condenas contra los sacerdotes.

“Es importante destacar que en este juicio no se cuestiona la veracidad de los hechos denunciados, porque estos ya fueron confirmados en el primer y segundo juicio que se desarrollaron en 2019. Los abusos sexuales fueron confirmados también por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal hoy [por ayer] solo determinará si las imputadas conocían los abusos y pudiendo evitarlos, no hicieron nada, pero de ningún modo se pone en duda la efectiva existencia de esos abusos y la calidad de víctimas de nuestros representados”, fue el mensaje previo al sorpresivo desenlace que comunicó la parte querellante.

El 25 de noviembre de 2016 vio la luz el caso Próvolo, tras allanamientos en el instituto ubicado en la comuna de Luján de Cuyo, en los que fueron detenidos sacerdotes y empleados del establecimiento religioso. Los abusos sexuales contra los chicos hipoacúsicos, ocurridos durante años desde fines de la década del 90, también tuvieron su correlato en La Plata, donde se encuentra la sede argentina de la entidad italiana. Este sitio fue la primera morada del hoy fallecido Corradi tras su arribo al país, aunque la Justicia bonaerense declaró años atrás la prescripción de la causa. De hecho, el sacerdote tenía denuncias acumuladas en su Verona natal.

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