Varados en Formosa: reclaman que intervenga la Corte Suprema

La situación es muy angustiante para los formoseños varados que no pueden ingresar a su provincia por decisión del gobierno de Gildo Insfrán . Ayer otro joven se tiró a las aguas del río Bermejo y cruzó a nado, en medio de la desesperación por reencontrarse con su familia después de muchos meses. Pero al llevar al otro margen del río, fue detenido por la policía. Hace un mes, otro hombre que intentó lo mismo, murió ahogado. Ante esta situación, Amnistía Internacional, que viene denunciando la violación de derechos humanos por parte del gobierno provincial, elevó un pedido a la Corte Suprema de Justicia para que intervenga. También el juez Fernando Carbajal, subrogante del Juzgado N°2 de Formosa, le pidió ayer a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que tome pronta intervención.

Actualmente, el reclamo de los varados parece haber quedado trabado en medio de una batalla legal de competencias. Hace una semana, Carbajal le había ordenado a la provincia abrir sus fronteras, por considerar que la medida era inconstitucional. Sin embargo, el gobierno formoseño planteó que el juez federal no tiene competencia en las cuestiones de índole provincial. Y el Superior Tribunal de Justicia de la provincia le dio la razón.

Ahora, mientras los varados siguen esperando, la competencia del juez debe dirimirse en la Cámara Federal de Apelaciones. En su rechazo del planteo de inhibitoria, Carabajal insistió en que la forma de controlar la pandemia en Formosa constituye una violación a los Derechos Humanos, que viola el Pacto de San José de Costa Rica. Y solicitó la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a la que remitió las actuaciones.

"El Estado nacional es responsable y debe actuar cuando se violan los derechos humanos de los ciudadanos. Escudarse en la estructura federal del país no deslinda al gobierno nacional ni de su responsabilidad ni de su obligación y compromiso con los derechos humanos de todas las personas. Tanto las autoridades nacionales como provinciales deben dar una respuesta a los ciudadanos que esperan la demorada autorización para cruzar las fronteras provinciales", dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.

"Le pedimos al gobierno nacional que intervenga. No se puede pasar por alto lo que está ocurriendo en Formosa", reclama el abogado Daniel Suizer, que junto a Gabriela Neme, representa a varias de las familias de los varados que presentaron un habeas corpus colectivo ante Carbajal. El fallo de la Justicia federal llegó por el reclamo de cientos de familias que están varadas y rogando que las dejen volver a su casa. Hoy, hay más de 4500 personas en esa situación y hay unas 50 personas durmiendo en los puentes que conectan Chaco con Formosa, sin poder entrar a su provincia, aunque sus casas están a pocos metros del puente", dice Suizer. Según apunta Amnistía Internacional, son 7500 los varados. "El gobierno provincial debería acatar la medida y levantar inmediatamente las barreras de los puentes. Pero Formosa sigue encerrada. Y apeló la medida en el ámbito de la justicia provincial, cuando se trataba del fuero federal, para conseguir un fallo favorable", denuncia Suizer.

A principios de octubre, Mauro Ledesma, un joven de 23 años, ante la desesperación de no poder volver a su casa para ver a su familia y a su hija de tres años desde hace ocho meses, se ahogó cuando intentó cruzar a nado el Río Bermejo. La noticia tomó trascendencia nacional y el gobierno de Insfrán, ante la visibilidad que cobraron las duras historias de los varados, tuvo que responder a la orden de la Justicia, de permitir el acceso o de dar fecha para ingresar.

Sin embargo, por ejemplo, a Javier Aguirre y a Hilda, su mujer, que llevan siete meses en el puente Eva Perón, les dieron fecha para poder ingresar a la provincia el 18 de diciembre.

El fallo de Carbajal ordenó a Formosa a responder con fechas de ingreso ciertas a las personas que solicitaron el ingreso y que en ningún caso puede ser de más de 15 días. Y, si hubiera una urgencia que se pueda acreditar, permitir el retorno de forma inmediata.

El viernes pasado, también Amnistía Internacional hizo un pedido de informes al gobierno formoseño y reclamó al gobierno nacional "medidas urgentes" para los varados. Ayer, además, le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervenga de inmediato, "para garantizar que se brinde una respuesta urgente a las personas que aún no pueden regresar a sus hogares en la provincia de Formosa".

"A más de 7 meses de declarada la emergencia sanitaria, es inaceptable para el respeto de los derechos humanos que la respuesta brindada por el gobierno formoseño continúe siendo el cierre casi total de sus fronteras locales, con más de 7500 personas que aún no pueden regresar a sus hogares", apunta el pedido de Amnistía Internacional a la Corte.

"Ante la eventual responsabilidad ante los organismos internacionales por violación al Pacto de San José de Costa Rica por los actos cumplidos por las autoridades provinciales con el objeto inminente de impedir el acceso a justicia pongo estas actuaciones a disposición de la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación para que provea lo necesario a la defensa del interés nacional", dice el fallo de Carbajal.

"Declaro la inconstitucionalidad del programa de Ingreso ordenado y administrado, en la medida que omite dar respuesta y permitir el ingreso de los ciudadanos en plazo razonable y con el debido cumplimiento de los protocolos sanitarios, por lo cual he de ordenarle al Consejo Integral de la Emergencia Covid-19 y a la provincia de Formosa, que proceda a dar fecha de ingreso cierta a la totalidad de los ciudadanos beneficiarios de este habeas corpus", apunta.

"Ni el juez ni nosotros nos oponemos a las políticas sanitarias. Lo que pedimos es que esas políticas respeten los derechos de todos los ciudadanos", asegura Suizer.

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