Vagones de subte con asbesto: en Madrid se habla de una operación "absolutamente ilegal"

Madrid.- Cualquier cosa menos sorpresa hay en esta ciudad por la denuncia de Subte de Buenos Aires contra Metro de Madrid por la venta de material rodante con amianto, por la que le exige una compensación cercana a los 16 millones de dólares.

"En todo caso, si algo me sorprende es que no hayan presentado la denuncia antes", dijeron a LA NACION en medios familiarizados con la empresa pública que regentea el subterráneo madrileño.

Formalmente, Metro de Madrid asegura no haber recibido notificación judicial alguna . "Nos hemos enterado del caso por la prensa y esa es, hasta ahora, la única noticia que tenemos", se indicó. Institucionalmente no hubo más comentario que ese, junto con la "total disposición para colaborar con la Justicia", en caso de que la notificación de demanda llegue.

La noticia de la demanda porteña por la venta en 2011 de vagones con amianto a Buenos Aires llegó en momentos de celebración para el metro madrileño, que este mes cumplió cien años de vida. Y los festejó, entre otras cosas, regalando bollitos de desayuno a los viajeros más madrugadores.

En medios cercanos a la empresa se considera que la operación fue "absolutamente ilegal". "Les han venido vagones con amianto, que es un material prohibido. Y encima nos hemos enterado que los manuales de alguno de los trenes identificaban piezas" que lo tenían.

"Fue algo que debería haberse frenado desde el primer momento", subrayaron en tanto fuentes sindicales, que vienen manteniendo su propia puja con la empresa por el mismo tema: la contaminación de empleados con amianto. Tres trabajadores fallecieron por patologías asociadas a la exposición al asbesto. En Buenos Aires, hay 13 empleados afectados y los coches del conflicto fueron retirados del servicio.

Metro es una empresa pública que depende de la Comunidad de Madrid. Su presidente y su consejero delegado son cargos políticos elegidos discrecionalmente por ese gobierno. "A dedo", fue la expresión utilizada.

"Esto es un asunto de políticos y son ellos los que deben dar la cara por esto", añadieron las mismas fuentes.

En el momento de evaluarse y plasmarse la operación el gobierno de la comunidad estaba a cargo del derechista Partido Popular (PP), liderado en aquel entonces por Esperanza Aguirre, uno de los cuadros de peso dentro del partido. Sobre la agrupación pesan graves denuncias de corrupción.

Aguirre renunció en septiembre de 2012, luego de nueve años al frente de esa poderosa región. Era una de las figuras emblemáticas del partido que, por entonces, lideraba el ex presidente Mariano Rajoy.

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