¿Vacunación obligatoria contra el Covid?: qué dicen los especialistas sobre el proyecto de ley que la impulsa en el país

CÓRDOBA.– La Argentina se sumó a la discusión que inquieta al mundo sobre la obligatoriedad de la vacunación contra el Covid-19. De hecho, hoy se conoció que los diputados oficialistas presentaron un proyecto que apunta a la incorporación de la inmunización en el calendario nacional. Según los especialistas consultados por LA NACIÓN, hay un aspecto clave a tener en cuenta: en ese esquema no puede haber desarrollos experimentales. Sin embargo, a la vez, hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que permitiría avanzar.

La propuesta oficialista plantea incorporar la inoculación contra el nuevo coronavirus al calendario para mayores de 18 años y, respecto de los menores, señala que será obligatoria para los niños y las niñas de entre 3 y 17 que presenten “comorbilidades y/o enfermedades de riesgo debidamente certificadas por personal médico”.

El constitucionalista Lorenzo Barone señala a LA NACIÓN que hay que ser “muy cuidadoso” con el término “obligatoriedad” ya que las vacunas contra el Covid-19 “no cumplen con las especificaciones técnicas”, que se requieren para integrar el calendario en vigencia. “No es porque tengan defectos ni sean malas, es porque están en fase experimental”, aclara.

De hecho, la ley N°27.573, publicada el 6 de noviembre de 2020 y que apunta directamente a la inmunización contra el coronavirus, que facultó al Poder Ejecutivo Nacional para comprar vacunas aclaraba que estaban eximidas todos los actores involucrados en el circuito de “investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas” de pagar indemnizaciones por efectos adversos de la aplicación de los fármacos. En su momento, se cuestionó que era una forma de convertir en “cobayos” a quienes se las aplicaran. Esa misma norma establecía que las vacunas no eran obligatorias. Barone insiste en que la facultad de dictar leyes regulatorias de la salud pública les corresponden tanto a los gobiernos nacional y provinciales, pero debe ser una norma y no una resolución ministerial o un decreto, como son los que dan lugar a los pases sanitarios.

En la misma línea razona su colega Antonio María Hernández: “Estamos ante un avance formidable de la ciencia, es uno de los pocos logros de la pandemia, pero [las vacunas] no han tenido el suficiente tiempo de prueba y de uso. Hace falta más aval científico”. Plantea que debe existir un consentimiento informado para la aplicación. “Que el debate llegue a la Argentina, donde la gestión de la pandemia ha sido pésima y los resultados son malos, demuestra que no deben ser obligatorias. En cualquier caso, la decisión debe ser por una ley del Congreso”, indica, a la vez que aclara que es “partidario” de la vacunación y está inmunizado.

Proporcionalidad

Para Andrés Gil Domínguez, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia está “consolidada” y considera que la vacunación obligatoria cumple “con los parámetros constitucionales y con el objetivo de evitar la propagación de determinadas enfermedades y de prevención”. También cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que las medidas deben ser “razonables y proporcionales” al fin que persiguen. A criterio del constitucionalista, el pasaporte sanitario logra un “balance mayor” que la obligatoriedad de las vacunas, “equilibra más las libertades individuales y la protección de la salud. En una acción de un Estado más docente que coercitivo”, sostiene Gil Domínguez, pero ratifica que el pase debe instaurarse por ley.

“Las limitaciones a las libertades individuales por ley deben seguir el principio de legalidad y de racionalidad –afirma a este diario el constitucionalista Daniel Sabsay–. La libertad personal no es absoluta y el fin que se persigue es la protección de la salud pública. En esa línea, dejemos de lado si es ensayo o no y focalicemos en el resultado que generaron las vacunas”. En ese sentido, subraya que hay coincidencia entre los expertos “más importantes del mundo” que “evitaron cientos de millones de muertes y, además, impiden el atascamiento de la salud pública. Cumplen con el principio de razonabilidad y proporcionalidad”.

El infectólogo y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Pizzi, coincide en que por “experiencia, evidencia y estadística” ya hay vacunas contra el Covid-19 que cuentan con aval científico. Comenta que, cuando empezó la compra de las dosis, se analizó la posibilidad de la obligatoriedad, pero se dio marcha atrás porque en pocos días hubo 116 presentaciones judiciales. Y agrega: “En algún momento serán obligatorias, seguramente a corto plazo. Debería integrarse al calendario nacional”.

El proyecto de ley ingresado al Congreso está acompañado por un texto de los consejos directivos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y del de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata que recomiendan la incorporación de la vacunación contra el coronavirus para toda la población adulta.

En el mundo

Austria fue el primer país de Europa en anunciar una vacunación obligatoria para todos los mayores de 18 años, que empezará a aplicarse a partir del 1° de febrero, con la amenaza de una multa máxima de 3600 euros por año. Habrá una fase inicial de transición e información, la policía austríaca empezará el 16 de marzo a realizar controles aleatorios sobre el estatus de inoculación de las personas.

Italia introdujo la obligación para los mayores de 50 años desde el pasado 7 de enero; en Grecia los mayores de 60 se verán obligados a pagar una multa por no vacunarse ni tener una cita para hacerlo. En el caso de Alemania, el mes pasado se aprobó una ley que impone la vacuna obligatoria en sectores laborales sensibles, como geriátricos o sanitarios.

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