“Una sentencia impensada hace 10 años”: las reacciones de las especialistas en género a la condena a Alperovich por abuso sexual

José Alperovich, exgobernador de Tucumán que encadenó tres mandatos consecutivos entre 2003 y 2015, ayer fue condenado a 16 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina. Además de ordenar su arresto inmediato, el juez Juan Ramos Padilla lo inhabilitó para ejercer cargos públicos de por vida y pidió que sea incluido en el registro de agresores sexuales.

“Se trata de un caso paradigmático que sienta un precedente importante en materia de violencia sexual”, afirma Sofía Duarte, politóloga especializada en Gestión Feminista de Políticas Públicas. Y detalla: “La sentencia nos deja ver que las herramientas de género sirven y que la lucha del movimiento feminista tiene sus resultados. Si no hubiera una institucionalidad de género que ampara y acompaña la decisión de denunciar, esta mujer iba directo al fracaso. Este fallo representa una victoria feminista basada en un conjunto de herramientas que son importantes, necesarias y fundamentales”.

A su vez destaca la conformación de redes feministas. “Esta persona se animó a denunciar a través de una estructura que le permitió llevar adelante el caso con los mejores dispositivos disponibles en la materia. Quien denuncia es una persona que tenía una red feminista atrás o que si no la tenía la supo construir, tanto desde el activismo como desde los institutos que podían llegar a dar una respuesta. Ella no es que solamente denuncia en Tucumán, sino que también hace una presentación [en Buenos Aires] ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal (MPF), una de las pocas unidades con área de litigio estratégico vinculadas a este tipo de problemáticas que brega por el cumplimiento de un procedimiento judicial con perspectiva de género”, señala.

Y cierra: “Hay un avance que se ve públicamente con los casos, pero que son el resultado de una institucionalidad que existe, que se supo conseguir a través de la lucha y visibilización y que hacen que estas sentencias sean posibles. Este caso, junto con la sentencia de [Juan] Darthés, es un claro ejemplo de que el movimiento feminista está activo y permitió que se puedan tratar estos temas sin tabúes y como son: violaciones a los derechos humanos. Las herramientas de género dan acceso a la justicia, una sentencia así era impensada hace 10 años”.

La directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Natalia Gherardi, también destacó la responsabilidad institucional para que ocurriera esta sentencia, puntualmente, la defensa pública con una mirada comprometida con la defensa de las víctimas de delitos. “A ella la representó el Ministerio Público de la Defensa. El programa para víctimas creado en 2018 fue una iniciativa de la gestión de Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación, con una mirada muy aguda sobre qué es lo que necesita una persona que quiere querellar. Este rol específico que se creó le permitió a esta mujer contar con abogados que la representaran a ella, con sus expectativas y necesidades”, indicó.

Los representantes de la querella fueron Pablo Rovatti y Carolina Cymerman, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos que establece el patrocinio jurídico gratuito y representación en juicio de las víctimas.

Reparación

“Los casos se ganan y se pierden de a uno y las batallas siguen por la justicia y la reparación para todas las violencias. Lo que sí es cierto es que esto demuestra que es posible. Hace falta persistencia, fortaleza y también hace falta responsabilidad institucional. Hubo una defensa pública que acompañó. Hubo un juez y un fiscal que llevaron adelante con responsabilidad el proceso”, consideró Gherardi, que es abogada.

“En estos años de formación y reflexión en torno a la perspectiva de género y la responsabilidad del sistema de administración de justicia hay gente que lo toma y aprende y transforma su mirada sobre el derecho y los procesos. Todo eso sirvió. Debe ser una decisión muy difícil como víctima animarse a hablar y denunciar, pero es parte de su derecho hacerlo, entonces hay una responsabilidad social de acompañar, de creer, de facilitar ese proceso para que finalmente haya justicia y reparación”, apuntó.

Ley Micaela

“Es una señal clarísima que está indicando que la justicia, cuando quiere, sabe cómo responder incluso con un juez mucho más afín a su ideología. Y en esto creo que ha sido muy importante la ley Micaela –que está suspendida– porque ha capacitado desde hace años y ahora la justicia sabe qué es la perspectiva de género. El problema es que, a veces, no la aplica porque es sensible al poder”, opinó Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)

Promulgada en 2019, la ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública. “También muestra la importancia de esta ley que este gobierno ha acabado y ese es el problema que tenemos, que ha acabado todas las políticas públicas y la adecuada atención para las víctimas en casos de violencia. La ley Micaela obligó a todo el personal de las distintas áreas de gobierno a ser capacitado. Con toda la gente del Estado que ingresó, uno se pregunta: ¿quién ahora va poder tener ese conocimiento?”, indicó la especialista.

“Yo creo que es muy importante lo que ocurrió ayer en el juicio a este hombre tan poderoso y tan protegido por el grupo político de él para no tener ningún tipo de sanción. Es un juicio que directamente no le da lugar a que haya posibilidad para no ir a la cárcel. Me parece que es muy fuerte y es muy positivo porque está marcando una señal frente a todos los casos que vemos, no solamente aquí, de personas influyentes que usan eso como una excusa o como un elemento para poder superar los castigos. Está mostrando una señal que acaba con la impunidad con que se manejan esas personas”, afirmó.

Pasaron más de cuatro años desde que la víctima, de quien solo se conocen sus iniciales para preservar su identidad, denunció a Alperovich. El ahora condenado era en ese entonces senador y nunca renunció a su cargo, ni su espacio político se lo exigió. Hizo uso de sus fueros y cumplió sus cuatro años.

“Se hizo justicia”, afirmó Ada Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Y agregó: “Además de ser una sentencia reparadora para la víctima, esta condena es un avance para las mujeres. Que ellas sientan que no están solas, que no exista impunidad para todas aquellas que están viviendo un abuso, ya sea de una persona con poder, de una figura pública o por ejemplo de un futbolista. Realmente cuando se aplica la perspectiva de género, por más que dilaten y mientan, si se aplica la perspectiva de género llega una justicia real”.

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