Una "policía brava" que fue formada en la intolerancia
Persisten las huellas de la doctrina del gobierno de facto
MENDOZA (De un enviado especial).- La fuerza de seguridad de esta provincia, integrada por seis mil hombres, es conocida como una "policía brava".
A un grupo de efectivos en actividad y a otro de comisarios exonerados (de un total de 200 efectivos separados de la fuerza) se les atribuyó la responsabilidad por los atentados explosivos y amenazas de bomba que conmovieron a esta ciudad en los últimos siete días.
El calificativo de ser una policía de "mano dura" le cayó a la fuerza de seguridad mendocina porque muchos de sus oficiales jefes fueron entrenados en la doctrina del fallecido brigadier Julio César Santuccione, quien la comandó desde fines de 1975 hasta 1979, cuando se transformó en el hombre de la Fuerza Aérea en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Santuccione integró el grupo de oficiales aeronáuticos que fueron formados por el ideólogo nacionalista y católico Jordán Bruno Genta en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.
Ese oficial se hizo cargo de la policía mendocina durante la última etapa del gobierno de María Estela Martínez Perón y fue ratificado en el puesto por el gobierno militar que la derrocó.
Durante su mando se produjo el apogeo del Comando Pío XII, un grupo parapolicial que se dedicaba a perseguir y a someter a tormentos a prostitutas y a travestis que se ofrecían en la zona roja de la ciudad. Esta se dividía, por entonces, en dos zonas: cerca del zanjón Cacique Guaymallén y en el circuito El Challao-Cerro de La Gloria.
Según testimonios de organismos defensores de los derechos humanos, Santuccione fue acusado de transformar el Palacio Policial de Mendoza, la sede de la Dirección de Inteligencia (D-2) y las comisarías de Guaymallén y de Godoy Cruz en centros clandestinos de detención.
Con el advenimiento de la democracia se registró una serie de asesinatos que llevaban impresa la huella de los homicidios y las desapariciones ocurridos durante el gobierno militar.
También, la relación entre la policía y el gobierno se tornó más tensa. "No podemos entrenar mastines para morder", dijo a fines de 1997 quien por entonces era el ministro de Gobierno provincial, Felipe Pesce. "Queremos fierreros, no licenciados", era una de las consignas de los comisarios de mano dura que, por entonces, se oponían a la reforma policial. Al año siguiente, en marzo de 1998, más de mil policías se juntaron en la plaza Independencia para reclamar mejoras salariales y dejaron indefensa la provincia. Debió intervenir la Gendarmería Nacional.
Sólo en el caso del estudiante Sebastián Bordón hubo condena de la justicia provincial para los policías. En los homicidios de Paulo Guardati, Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, las penas nunca llegaron porque los cadáveres nunca aparecieron.
La policía mendocina también estuvo bajo la lupa de los Estados Unidos. En febrero de 2000 el gobierno norteamericano realizó un informe mundial sobre los derechos humanos y dedicó 26 páginas a criticar la violencia policial en Mendoza.
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