Una apuesta oficial con presupuesto desconocido

Tecnópolis abrió sus puertas por tercera vez con algunas novedades, pero con un factor común con sus ediciones previas: el gasto millonario que la Casa Rosada invierte para su emblemática feria de ciencia y tecnología.

Según pudo saber LA NACION, este año fueron contratadas alrededor de 120 empresas para volver a poner la muestra a punto. En los últimos seis meses, la Secretaría General de la Presidencia hizo cerca de 30 llamados a licitación pública para adquirir nuevos sistemas de sonido e iluminación, para colocar nuevos escenarios y para el alquiler de pantallas de LED, entre otros gastos. Los llamados a concurso fueron publicados en el Boletín Oficial, aunque no se especificaron los montos invertidos en cada rubro.

El grueso de los fondos provino de la llamada "Unidad Ejecutora del Bicentenario", un ente descentralizado de la Presidencia de la Nación que financió a la mayoría de los festejos y eventos del Gobierno desde el año 2010 hacia acá.

Los stands temáticos, en tanto, fueron financiados por distintos ministerios y entes descentralizados, con sus propios presupuestos. Según la escasa información pública, el montaje de cada pabellón rondó entre los 8 y los 15 millones de pesos.

Irregularidades

Las ediciones 2011 y 2012 de Tecnópolis tienen antecedentes de irregularidades que son investigadas por la Justicia.

El juez Ariel Lijo lleva una investigación sobre los ministerios de Agricultura y de Turismo por haber hecho contrataciones directas por $ 15.209.952 y $ 13.988.000, respectivamente, en violación de la ley, que obliga llamar a licitación cuando un gasto público excede los $ 300.000.

El fiscal de la causa, Carlos Stornelli, también pidió investigar un "posible desvío de fondos" del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que debían destinarse a "proyectos de infraestructura", pero que fueron afectados "para la instalación de un stand publicitario" en Tecnópolis. Stornelli señaló que en las contrataciones sospechadas tuvieron intervención el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, y el ministro de Turismo, Carlos Enrique Meyer, y pidió su declaración indagatoria.

Lijo también lleva una segunda causa, en la que investiga a una pareja de ex funcionarios del Ministerio de Planificación por el delito de "fraude en perjuicio de la administración pública".

Se trata de Ariel Santamaría, quien se desempeñaba como asesor del secretario de Obras Públicas José López . Como particular, habría recibido fondos públicos por organizar stands en la feria del Gobierno con la empresa de eventos de su mujer.

Conocidas las irregularidades, semanas atrás, Julio De Vido apartó a Santamaría de su cargo.

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