“Un papel no te protege”. Cómo es el proceso para denunciar violencia de género en la Argentina, y las trabas que complican a las víctimas

La denuncia es solo el primer paso de muchos. La ruta por la que debe transitar una mujer en una situación de violencia suele ser larga, afirman las expertas, y también complicada, especialmente hoy, debido al recorte presupuestario en políticas contra la violencia de género.

“Sabemos perfectamente que, por las características del proceso que tiene que enfrentar, la mujer tiene que estar muy bien fortalecida para poder sostenerlo. No hay que pensar que porque la denuncia esté hecha, todo va a terminar. Ahí comienza una etapa larga y burocrática donde la víctima se revictimiza una y otra vez, donde tiene que volver a contar muchas veces lo que vivió. Y en medio de ese proceso, también afecta lo que opina el entorno: si le creen, si no. Entonces el acompañamiento y el fortalecimiento de esa persona es muy importante”, afirma Ada Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro y directora del Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano.

Cada caso de violencia de género es único, afirma, pero hay variables que se repiten una y otra vez, y que se dan a lo largo y ancho de todo el país y en todos los estratos sociales y económicos. El último en tomar especial relevancia es el denunciado por la exprimera dama Fabiola Yáñez, quien esta semana acusó al expresidente Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento, y presentó ante la Justicia pruebas que incluyen fotografías de lesiones corporales y chats. La presentación la hizo desde España por Zoom, ante Julián Ercolini, el juez federal del investiga actividades irregulares en la tramitación de seguros en varias dependencias estatales.

El proceso

En general, recomienda Rico, si la mujer está en una situación de riesgo, la denuncia la tiene que hacer cuanto antes. Pero si el riesgo no es un factor, lo mejor es que primero se asesore legalmente y busque contención. “Lo mejor es primero trabajar con ella, contarle cómo es el proceso y ver su entorno, si tiene hijos o no, si tiene familia, para ver cuál es la estrategia para que pueda salir de esta situación. Siempre apelamos a que la mujer denuncie, pero en un principio la fortalecemos, la explicamos cómo es el proceso, le damos contención”, suma.

En la ciudad de Buenos Aires (CABA) el proceso que afrontan las mujeres que quieren denunciar un acto de violencia en más simple que en otras provincias, ciudades, e inmensamente más fácil que en algunos pueblos del país, sostiene la especialista. Esto se debe a que allí se encuentra la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia (Lavalle 1250), que, si bien es un organismo nacional, solo tiene jurisdicción en la capital porteña.

“Es una gran puerta de entrada: Ahí, a las mujeres las recibe un equipo interdisciplinario, las informan, y de ahí se deriva directamente el caso a la justicia civil o penal. No siempre hay un delito en la situación de violencia doméstica, pero, de todas maneras es importante buscar protección por parte de la Justicia con una medida cautelar, una orden de no acercamiento, por ejemplo. Pero esto solo es así en CABA”, explica la abogada Natalia Gheardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Otras provincias, como Córdoba, Santiago del Estero y Salta también tienen oficinas judiciales destinadas a la violencia dentro del ámbito familiar o afectivo, afirma, pero la mayoría no las tiene. En esos casos se le recomienda a las víctimas de violencia que, en lo posible, se asesoren con un abogado antes de accionar legalmente y analicen la forma más conveniente para realizar y seguir su denuncia, cuyo ingreso puede ser, según las opciones disponibles, a través de la comisaría local de la mujer, si es que hay, o de una comisaría local o una fiscalía.

En las comisarías de los pueblos, especialmente los pueblos chicos, el panorama es especialmente complicado, destacan los especialistas. “Nos llaman para pedir ayuda mujeres de pueblitos que cuando fueron a hacer la denuncia, el que las atendió conocía al agresor y le dijo cosas como: ‘Bueno, quizás tuvo un mal día’, o no les creyó. Es importante que la persona que recibe a la mujer esté preparada para atender casos así y tomar las medidas correctas. En el tipo de atención que reciba la mujer se juega su vida, y muchas veces también la de sus hijos”, afirma Rico.

La Ley Micaela (N°27.499, de 2019), que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, actualmente no se está aplicando, sostiene. La ley lleva ese nombre en memoria de Micaela García, una joven entrerriana, de 21 años, cuyos padres habían ido a denunciar al agresor por intento de abuso y amenazas un día antes del crimen, pero no habían podido hacerlo porque la jueza que tenía que recibirlos no se encontraba en su puesto.

Las especialistas consultadas destacan, a su vez, que el patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género se encuentra funcionando de manera limitada, pese a que desde 2015 hay una ley que lo establece. Esto implica un problema, ya que, destacan, la mayoría de las víctimas no tienen el dinero para llevar adelante un proceso judicial, por lo que sucede en reiteradas ocasiones que realizan la denuncia y luego abandonan el proceso.

Es por eso que Rico recomienda llamar al 144, la línea de asesoría para denunciar, y recurrir a una asociación civil como la que ella lidera, donde trabajan especialistas de manera voluntaria brindando asistencia legal y emocional a víctimas de violencia de manera gratuita.

Las limitaciones

Rico y Gheardi afirman que hoy, ante el recorte presupuestario en los programas de protección de víctimas de violencia de género, sumado a la limitación en el cumplimiento de algunas normas como la Ley Micaela y la Ley Brisa, la situación de las denunciantes es más complicada.

A principios de junio, la titular de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, Claudia Barcia, presentó su renuncia, y advirtió en el texto de su dimisión que el Gobierno disolvería la dependencia que tenía a su cargo, la cual, informaron fuentes del Ministerio de Justicia, ya fue disuelta.

A esta medida se suma, según asociaciones civiles que tratan el tema, el recorte presupuestario de algunos programas, como la línea 144 y, en especial, el programa Acompañar, que otorga una ayuda económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil por seis meses para las mujeres que sufren violencia de género. Este plan sufrió un ajuste en términos reales del 79% respecto de la ejecución del mismo periodo del año anterior, informan desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). En el caso de la línea 144, el ajuste real fue de un 25,5%, detallan en un informe de junio pasado.

“Acompañar tuvo un pequeño funcionamiento en este primer trimestre. Hubo apenas 434 programas activados, que es muy poco si se lo compara con el primer trimestre de 2023, en el que se activaron 34.023″, afirma Gheardi.

Consultado por este medio, fuentes del Ministerio de Justicia afirmaron que el plan Acompañar sigue funcionando y que se hizo una ampliación de la línea 144. “Está habilitada las 24 horas para denunciar cualquier violencia, no solo contra las mujeres sino contra cualquier persona más allá de su sexo y edad. Pasará a llamarse ‘de atención a personas en situación de violencia y riesgo’”, afirmaron, a la vez que sumaron que la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Acceso a la Justicia asegurarán el cumplimiento de los convenios internacionales suscriptos por la República Argentina y se ocuparán de garantizar los derechos existentes.

“El gobierno anterior utilizó la lucha contra la violencia como una bandera ideológica y política, con pésimos resultados. Nuestra Constitución Nacional garantiza la igualdad ante la ley para todos los habitantes de la Nación. La Justicia está garantizada en el Poder Judicial para cualquiera que resulte damnificado”, afirman las fuentes consultadas, en consonancia con la ideología que ya había expresado en entrevistas la vicepresidenta Victoria Villarruel, donde había cuestionado el término “violencia de género” y había dicho: “Cuando creamos estas diferenciaciones, rompemos la igualdad ante la ley y le hacemos un grandísimo daño al sistema democrático”.

Rico y otras referentes de los movimientos feministas se oponen a ese discurso: “No solo lo vemos nosotras: también lo muestran los datos oficiales, de la Corte Suprema”, argumentan.

De acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, en el primer trimestre del año, recibieron a 4430 personas. De ellas, 2417 realizaron denuncias por violencia doméstica, mientras que 2013 fueron consultas informativas. Así, en promedio, se atendieron 49 personas por día.

El 71% de las personas afectadas fueron mujeres, y el 43% denunció un vínculo de pareja o expareja con la persona agresora, mientras que un 39% indicó tener un vínculo filial. Del total de personas afectadas de sexo masculino (29%), la mayoría fueron niños y adolescentes de 0 a 17 años (62%). Hubo 5 personas afectadas de géneros no binarios (mujer trans/travesti, varón trans, otros).

De acuerdo con los estudios y revisiones realizados por el personal interdisciplinario de la oficina, la violencia de tipo psicológico estuvo presente en el 97% de los casos, mientras que la física apareció en el 44% de los casos y la simbólica en el 42%. El equipo médico de la OVD detectó lesiones en 480 personas, producto de la violencia denunciada.

Los varones denunciados como autores de las agresiones superan en número y proporción a las mujeres en todos los grupos de edad: del total de los 2.620 denunciados, 1859 (el 71%) fueron de sexo masculino y 761 (el 29%), femenino. El grupo con más personas denunciadas es el de varones de entre 22 y 49 años (55%). Entre las personas denunciadas, la edad promedio es de 39 años, y el 48% no completó el nivel secundario.

En total, durante el primer trimestre del año, la justicia nacional en lo vivil ordenó, al menos, 8.281 medidas preventivas urgentes en los casos derivados por la OVD, entre estas, prohibiciones de acercamiento a la persona denunciante (en el 70% de los casos), prohibición de todo tipo de contacto, incluyendo telefónico y por correo (en el 65% de las veces), otorgamiento de botón antipánico (37%) y cese en los actos de perturbación e intimidación (27%), entre otras. En este período, la OVD gestionó la entrega de 330 botones antipánico.

Según Rico, la falta de botones antipánico se viene evidenciando desde hace años, y es un problema grave en la prevención de la violencia y de los femicidios. “Muchas veces te encontrás que la mujer hizo la denuncia, tiene una medida cautelar de prohibición de acercamiento porque está en riesgo, pero no le entregaron ningún dispositivo. Eso no puede ser. La medida tiene que ir acompañada de un dispositivo dual: un botón antipánico y una tobillera, y estos tienen que ser monitoreados”, afirma.

Y suma: “En la Capital se entregan más botones, hay otras provincias que también tienen más aceitado el tema. Pero en general faltan, y por eso no se suelen entregar. Pero la realidad es que se van con un papel y nada más. El papel no las protege. El botón no solo se debe entregar: también tiene que estar monitoreado”, afirma Rico.

Desde enero hasta julio de 2024, hubo 140 femicidios, número menor al de 2023 para este mismo período: 175, de acuerdo con la información del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven. Entre los 140 casos, 28 habían hecho una denuncia previa y 16 tenían una medida judicial de protección.

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