“Juicio histórico”: se retrasa el debate oral por la muerte de la jirafa Shaki y la rinoceronta Ruth en el Ecoparque porteño

Con 18 denuncias que apuntan a demostrar “falta de idoneidad, formación y experiencia” en tres exfuncionarios y un empleado del Ecoparque porteño, habrá que esperar otros dos meses para que finalmente arranque el debate público del proceso penal abierto en 2018 por la muerte de la jirafa Shaki y la rinoceronta Ruth en un intervalo de diez días. La investigación de la Unidad Especializada en Materia Ambiental (Ufema) identificó irregularidades en los cuidados que debían recibir esos animales, mientras que desde la defensa de los cuatro imputados afirman que tienen elementos para refutarlo.

Hace seis años, fuentes oficiales calificaron de “sorprendentes” esas muertes y afirmaron que los ejemplares estaban “en perfecto estado de salud”. Lo cierto es que en el Ecoparque tuvieron solo la mitad de la expectativa de vida para la especie en otros zoos del mundo. Desde entonces, tras idas y vueltas judiciales por pedidos de nulidad, archivo de la causa e inconstitucionalidad, un recurso de queja interpuesto por los abogados de los exempleados del Ecoparque demora el inicio del debate oral y público.

Estaba previsto que fuera el 30 de julio y el 1° de agosto. Días antes, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 9, lo postergó hasta noviembre a la espera de que se expida el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad sobre esa presentación impulsada para que se revise el rechazo en una instancia inferior al planteo de inconstitucionalidad. Por la Ley de Procedimientos ante el TSJ, eso no debería interrumpir el curso del proceso.

En la causa que lleva adelante la jueza Martínez Vega, los imputados son Gonzalo Pascual (exdirector del Ecoparque y actual miembro del directorio del Banco Nación), Ivana Iaquinta (exsubgerente operativa), el exjefe de veterinarios Miguel Pérez y el veterinario Guillermo Wiemeyer. Interviene el fiscal Carlos Rolero Santurián, de la Ufema del Ministerio Público Fiscal porteño.

La fiscalía consideró que hubo actos de crueldad animal, infracción al régimen penal de residuos peligrosos (al enterrar a la jirafa y la rinoceronta en los recintos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esto conlleva la inhabilitación para ejercer un cargo público. Aunque los animales eran patrimonio de la ciudad, el gobierno local no es parte de la querella.

“Lo que se está valorando [en este juicio] es la conducta del ser humano en relación con animales de cautiverio e involucra la figura de zoológico. A través de esto, se está evaluando el trato de las personas hacia la diversidad animal, lo que se puede extender a toda la naturaleza”, explicó Andrés Nápoli, abogado especializado en derecho ambiental y presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “Ese negligente obrar humano [por lo que se está juzgando] puede llegar a tener pena, lo que es importante para la sociedad porque los daños ambientales no están considerados como delitos en la Argentina. Y esto es algo que el Congreso de la Nación debería tratar”, ponderó el letrado.

El fallecimiento de Shaki, de 18 años, había sido “por una peritonitis aguda causada por una úlcera perforada estomacal” y el de Ruth, de 24 años, por una infección en la vulva que se propagó tras varios días de “malestar físico, diarrea y dificultades respiratorias”, de acuerdo con las crónicas del momento. Fue al tiempo de una inundación del recinto que compartía con Gaspar, el último rinoceronte blanco del Ecoparque, que murió en 2019 por una enfermedad renal.

El 24 de julio de 2018, Claudio Bertonatti, museólogo y naturalista, presentó su primera denuncia a la Ufema, que amplió en dos oportunidades. A la suya, se fueron sumando otras 17 presentaciones por la muerte de ambos animales. Fue uno de los que recibió la comunicación desde la fiscalía por la suspensión de las audiencias públicas. Estaba citado para hablar en la primera de las jornadas. Fue director del antiguo Jardín Zoológico de Buenos Aires, donde el deterioro del patrimonio desde hacía décadas no era solo faunístico, sino también cultural.

“Este juicio no solo es importante. Es histórico. Porque demostrará que la falta de idoneidad, formación y experiencia en los altos cargos ambientales literalmente mata”, dijo Bertonatti tras conocerse la postergación de la etapa oral y pública del proceso. “Esa gestión al frente del Ecoparque –continuó– se recordará no solo por la muerte la jirafa Shaki y la rinoceronta Ruth en 2018, sino por los demás animales que corrieron esa suerte poco antes: un leopardo de las nieves, un mono araña, un camello bactriano, una suricata, un oso hormiguero, un yaguareté y el último aguara guazú que quedaba allí”.

Lo atribuyó al incumplimiento de la Ley N° 5752, de 2016, de creación del Ecoparque, cuando se refiere a la “implementación progresiva de los más altos estándares” de bienestar animal e infraestructura. “Lejos de eso, se reunió evidencia abrumadora que confirma que se redujeron la cantidad y la calidad de los alimentos a ofrecer a los animales, que se los obligó a convivir con los disturbios de las obras civiles, que las historias clínicas no reflejaron revisiones o chequeos de rutina por años (lejos de toda medicina preventiva) y que desoyeron las advertencias de los cuidadores sobre las consecuencias de todo lo anterior –detalló Bertonatti–. Eso explica que hayan despedido a los 14 cuidadores con mayor experiencia para dejar apenas cinco para todo el parque. Está claro que estos animales no murieron por muerte natural”.

El motivo oficial de esos despidos en aquel momento fue “mal desempeño”. Testimonios reunidos durante la investigación apuntarán a desmentirlo, mientras que desde la defensa de los exfuncionarios liderada por el abogado Ignacio Roncati ratificaron que tuvo que ver con falta de preparación de ese personal, incluidas prácticas que les causaban daño. Sobre sus defendidos, el letrado negó que hayan incurrido en actos de maltrato hacia los animales. “Siempre tuvieron una posición a favor del bienestar animal”, insistió.

Otro punto planteado es la falta de chequeos de salud adecuados. La historia clínica de la jirafa “estaba casi en blanco en los últimos años”, según sostiene la querella a partir de libros de atención veterinaria secuestrados en dos allanamientos. La rinoceronta falleció con 24 años, cuando la especie vive más de 50 (en el parque francés Planète Sauvage una hembra vivió 55 años), mientras que la jirafa murió con 18 años, cuando la especie vive más de 30.

Fueron enterradas en recintos del Ecoparque, pese a que la rinoceronta había muerto por una infección generalizada. “Esto viola leyes de disposición de residuos peligrosos de la Nación y patogénicos de la ciudad”, coincidieron los abogados y los ambientalistas consultados. En el caso de la jirafa, se desconoce qué causó la úlcera estomacal, que era “grande” y “de más de 10 días”, según consta a partir de la necropsia.

Desde la defensa, afirmaron que los entierros se hicieron con la autorización de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) de la ciudad, que es la autoridad de control. “Las muertes fueron por causa natural, se les proveyó el cuidado clínico veterinario al alcance y la prueba está en que la jirafa y la rinoceronta fallecieron acompañadas de todo el equipo de veterinarios del Ecoparque. En el caso de Ruth, fueron seis días que el personal estuvo al lado del animal”, dijo Roncati. Para las necropsias, se convocó a Leonardo Minatel, jefe del Servicio de Patología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Universidad de Buenos Aires.

“No podemos dejar pasar una muerte tan injusta. Este juicio es para hacer justicia”, consideró Clara Correa, presidenta de la asociación civil Pájaros Caídos. Entre sus tareas de protección centradas en las aves, la entidad trabaja con juzgados, fiscalías y organismos estatales en casos de crueldad y maltrato animal y tráfico de fauna.

En este proceso, la fiscalía había aceptado incluirlos en la querella, pero el tribunal los apartó. Fue a solicitud de la defensa y con el argumento de que son una ONG que defiende los derechos de las aves. “Los derechos de las aves son los de todos los animales, como los derechos humanos a las personas”, corrigió Correa.

“Nos habíamos constituido como querellantes para hacer honor al reclamo justificado de los ciudadanos no solo de la ciudad, sino de la Argentina, por los derechos de los animales –explicó–. Como sociedad hemos avanzado en esa mirada y, por eso, se reconvirtió [el concepto de] zoológico en un ecoparque. Un ciudadano empático con los animales es un ciudadano mejor en todo sentido. Hacer justicia por la muerte de la jirafa, que fue por la que nos involucramos en este proceso, es hacer honor a ese cambio de época y paradigma. Su imagen sufriendo en un lugar chico es emblemático: el maltrato animal es el primer eslabón hacia el maltrato humano”.

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