Un informe complica al intendente y a los productores del show de Solari

OLAVARRÍA. - Abogados de familiares de los dos muertos que dejó el último recital de Carlos "Indio" Solari pedirán que se acuse por homicidio al intendente local, Ezequiel Galli, y a responsables del espectáculo al que asistieron más de las 155.000 personas que estaban permitidas.

Un peritaje inicial confirmaba que Javier León y Juan Francisco Bulacio habían ingerido altas dosis de alcohol y drogas. Sin embargo, un reciente y más profundo informe forense hecho por Mirta Mollo confirmó que ambas muertes se produjeron por cuadros de asfixia en medio de avalanchas y una multitud que impidió que fueran atendidos y trasladados con mayor rapidez y, así, poder intentar salvarles la vida.

Más de dos meses y medio después de show, la causa que ahora conduce el fiscal David Carballo, a cargo de la unidad de Delitos Complejos de Olavarría, mantiene la carátula original de averiguación de causales de muerte. La condición de imputados sólo pesa sobre los hermanos Marcos y Matías Peuscovich, titulares de la firma En Vivo S.A., productora de este espectáculo. Resta definir cuándo y bajo qué cargos les tomará declaración indagatoria. El delito que les imputaría sería estrago culposo o doloso.

Si bien llevó más tiempo del esperado, el informe forense empieza a dejar de lado la hipótesis de muertes causadas por consumo de bebidas y estupefacientes e inclina la investigación hacia fallecimientos derivados por fallas de la organización.

"En principio estamos ante casos de homicidio culposo o con dolo eventual", confirmó Fernando Burlando, abogado de los familiares de León y Bulacio y de, por lo menos, una decena de los casi 40 lesionados que hubo en el show. "No pudieron no advertir que la muerte de asistentes era un posible resultado ante la mala organización que se advertía", dijo a LA NACION. En principio, la querella apunta a Galli y a los hermanso Peuscovich. Y no descarta más responsables, entre ellos el propio Solari y otros funcionarios. "Lo que se vivió dentro y en torno a ese recital fue el colmo de la desorganización y la inexistencia del Estado, en particular, de la autoridad municipal", insistió. Puntualizó, además, la venta de alcohol en lugares y horarios no permitidos.

El derrotero judicial en estos casi tres meses no conforma a la querella. Cuestiona que no se tomaron testimonios a las víctimas y que hubo demoras en los peritajes en una causa que ya tuvo tres fiscales: Susana Alonso, primero, y luego la acompañó su colega Cristian Urlézaga hasta que, hace poco menos de un mes, la Fiscalía General que conduce Marcelo Sobrino designó a Carballo.

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