Un conflicto que se profundiza: las universidades nacionales anuncian un paro para la semana próxima y amenazan con otra marcha

“Por salarios dignos y presupuesto universitario”. “No al veto de la Ley de Financiamiento Universitario”. Bajo esas dos consignas, los gremios universitarios volvieron a convocar a un paro para el jueves 26 de septiembre.

Los sindicatos mayoritarios de docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) –Aduba y Apuba– convocaron a jornadas de movilización y un paro para la semana que viene al que se plegaron también el resto de las casas de altos estudios nacionales. Los rectores ya habían adelantado ayer que el martes próximo, luego del plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), anunciarán nuevas medidas, y la fecha de otra marcha para octubre. En principio, sería la primera semana de ese mes. Posiblemente, el miércoles 2 o el jueves 3.

“Esta marcha seguramente va a ser entre los primeros días de octubre y estamos convencidos que va a ser tan masiva como la histórica marcha del 23 de abril y en donde toda la comunidad universitaria, docentes, no docentes, estudiantes, científicos saldrán a la calle a defender nuestra universidad pública”, dijo a LA NACIÓN Jorge Anró, secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun) y miembro de la comisión directiva de Apuba.

Con una dinámica similar al reclamo por los gastos de funcionamiento de las instituciones nacionales que derivó en la marcha universitaria federal del 23 de abril pasado, el pedido por la recomposición salarial no solo lo llevan a cabo los gremios, cuenta con el apoyo de los demás actores del sector. De hecho, los rectores este lunes ya manifestaron que el presupuesto que anunció la administración de Javier Milei es la mitad del que piden.

La UBA, a su vez, lanzó el mes pasado una serie de videos para denunciar el multiempleo de los docentes porque “el salario no alcanza” y visibilizar la problemática para que se involucren otros sectores de la sociedad civil. Ahora, además del cese de actividades para el próximos jueves, al igual que a principio de año convocan a un abrazo al Hospital de Clínicas para el martes próximo a las 10 y también irán al Consejo Superior el miércoles para presentar una petición de rechazo al veto presidencial y a la vez apoye la ley de financiamiento universitario.

La iniciativa, que ya fue aprobada por el Congreso, encomienda al Poder Ejecutivo a actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios. Contempla también una recomposición retroactiva por el índice de inflación para el presupuesto salarial a partir del 1° de diciembre pasado hasta que se sancione la ley.

El presidente ya confirmó a través de X que vetará la ley. Aunque el portavoz, Manuel Adorni, evitó dar una definición y apuntó que el tema estaba en análisis, a pocas horas de haberse aprobado el proyecto, Milei publicó: “Veto total”. Le contestó al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien había tuiteado que “la última palabra sobre el veto la tiene el presidente Javier Milei como corresponde”.

Y volvió a insistir en su discurso en el Congreso el domingo pasado cuando afirmó que vino “a ponerle un cepo al Estado” y por eso remarcó que vetarán todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. “Hacemos esto porque no vamos a ser cómplices de estafar al pueblo argentino con políticas populistas”, afirmó.

“Las medidas de visibilización previa tienen que ver con mostrar al conjunto de nuestra sociedad que la UBA esta corriendo el mismo peligro que cuando se salió a defenderla el 23 de abril”, dijo a LA NACION Emiliano Cagnacci, secretario general de Aduba.

Ya se sumaron a la iniciativa Fatun, el gremio no docente a nivel nacional, y la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun). “En el discurso de Milei del domingo en el Congreso, se plantea que el Estado solo debe ocuparse de la macroeconomía y de la seguridad, con lo cual, lamentablemente, para nuestro presidente la educación en general, y el sistema universitario en particular, no es algo de lo que debe encargarse el Estado. Algo en lo que, como pudo verse en la marcha del 23 de abril, el pueblo no coincide. Los argentinos y las argentinas defienden a la universidad pública como principal mecanismo de ascenso social individual y colectivo”, dijeron en su convocatoria.

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