Tras los paros y la gran marcha: cuál es el plan de las universidades para reclamar por un mayor presupuesto

Los rectores de las universidades públicas nacionales, que hoy se reunieron en el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al que también asistieron los gremios docentes y no docentes, pidieron el rápido tratamiento y la aprobación de la ley de financiamiento de este nivel educativo. Hace dos semanas, pese al rechazo del oficialismo, el proyecto se aprobó en Diputados y espera para ser tratado en el Senado.

La iniciativa, impulsada por la UCR pero que contó también con el voto de Unión por la Patria y otros bloques opositores, encomienda al Poder Ejecutivo a actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios. Contempla también una recomposición retroactiva por el índice de inflación para el presupuesto salarial a partir del 1° de diciembre pasado hasta que se sancione la ley.

“Nos hemos encontrado siempre con una agenda de prejuicio y desconocimiento por parte del Ejecutivo. Comenzó un desmantelamiento en cuotas: no talaron el árbol, lo dejaron de regar. Nos están secando de a poco. Es por eso que todo lo que hagamos va a tener que ser muy pedagógicamente explicado”, dijo Victor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del CIN.

En ese mismo sentido se expresó el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) el miércoles pasado. “El poder adquisitivo del salario en el transcurso del presente año ha registrado una pérdida real de su poder adquisitivo en torno al 40%”. Y señaló: “La evolución de los salarios en las universidades nacionales es incluso menor a la del resto de los trabajadores del sector público, cuyos salarios también han perdido significativamente en relación con la inflación registrada”. Y el organismo recordó que aún no se aprobó un presupuesto nacional para 2024.

Con una dinámica similar al reclamo por los gastos de funcionamiento que derivó en la marcha universitaria federal del 23 de abril pasado, el pedido por la recomposición salarial no solo lo llevan a cabo los gremios, cuenta con el apoyo de los demás actores universitarios, como los rectores. Además, buscan visibilizar la problemática para que se involucren otros sectores de la sociedad civil. La UBA lanzó una serie de videos en los que enfatizaron el multiempleo de los docentes porque “el salario no alcanza”, como argumentaron.

Además, al igual que a principio de año, los rectores se reunieron con un grupo de senadores encabezado por Martín Lousteau. Tras conformarse la Comisión de Educación es probable que la cámara alta avance el martes próximo en un dictamen sobre el proyecto de financiamiento educativo universitario.

“Para tener una idea el costo total de aprobarse este proyecto tal como está presentado son $738.525 millones, representa 0,14% del PBI que se estima va a ser el PBI de este año. Y si se mira a la par el análisis de la ejecución presupuestaria de la administración nacional, el informe hecho también por la Oficina de Presupuesto del Congreso, muestra que el resultado primario acumulado desde enero a la fecha son 7,2 billones, o sea de aprobarse tal como está la ley de financiamiento universitario sería alrededor del 10% del superávit ya logrado durante estos primeros siete meses de gobierno. Entonces, para nada afecta el déficit fiscal o pone en riesgo el presupuesto nacional en una medida muy pequeña”, apuntó Enrique Mammarela, rector de la Universidad Nacional del Litoral.

Esperan que el Presidente también vete, de aprobarse, este proyecto en base a la actitud de Javier Milei frente a la reforma jubilatoria. Los gremios se sumaron al pedido para que el Senado apoye la ley y definirán su plan en base a cómo avance su tratamiento.

“Y si Milei veta la ley me parece que tenemos que convocar a todos los argentinos a una nueva marcha nacional en repudio a ese veto y a exigirle al Congreso para que se vuelva a insistir con esta ley. Desde la marcha hasta ahora, la verdad que no tuvimos ninguna respuesta por parte del Ejecutivo, por el contrario, nuestros salarios se siguen deteriorando”, dijo Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun).

En el plenario que se llevo a cabo en La Pampa se debatieron también otros temas, como la reducción del tiempo de las carreras, la situación de las obras sociales universitarias y del sistema tecnológico. “El estado de situación de la ciencia en la Argentina es alarmante, luego de haber transcurrido los primeros ocho meses de gestión del gobierno nacional”, afirmaron los rectores en el comunicado que emitieron. “La situación salarial es crítica. La falta de actualización de los salarios de docentes investigadores afecta directamente a quienes participan en actividades de producción de nuevo conocimiento. Cabe recordar aquí, como lo venimos expresando sostenidamente, que el 60% de las personas que hacen ciencia en nuestro país trabajan dentro de las universidades nacionales”, señalaron y también remarcaron la ”fuerte reducción de las becas doctorales y posdoctorales de la Agencia I+D+i y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)”.

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