Trámites y gastos inesperados. La odisea de comprar y vender un auto usado en la Argentina
A contramano de la tendencia mundial, hay múltiples pasos que no todos los usuarios conocen antes de embarcarse en una transacción; además, se debe desembolsar hasta un 10% de lo que cuesta el vehículo adquirido, un monto mayor al que se abona en la región
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LA NACIONJesús Allende
“Compré un Fiat Cronos y tengo que pagar $175.000 en trámites e impuestos. Un 6% más o menos de lo que me salió el auto”, dice a LA NACION Germán Santos, de 36 años, a la espera de ser atendido en el Registro Seccional Automotor Nº 51 ubicado en el microcentro porteño. “Es la primera vez que lo hago, soy del interior y me tuve que venir hasta Capital Federal para la transferencia porque el auto estaba registrado acá y me pedían que firmara presencialmente. Son muchos documentos y trámites. No sé cuánto puede demorar el resto, la mayoría los completó el vendedor. Es mucho más engorroso para el que vende, pero yo tenía que venir sí o sí hasta acá para completarlo”, agrega.
Adquirir un vehículo usado abre las puertas a un laberinto de trámites y gastos. Según diversas fuentes del sector, en la Argentina el desembolso es mayor en comparación al resto los países de la región. “El 80% del mercado de autos usados y nuevos que se venden en América Latina está concentrado en Brasil, la Argentina y México. Brasil es el mercado más grande, con un sistema complejo por la cantidad de impuestos que se superponen. El costo de hacer una transferencia depende de la jurisdicción, pero se paga alrededor del 4% del valor del auto. Aun así, la Argentina es más caro”, indicó a LA NACION Matías Fernández Barrio, CEO y cofundador de Karvi, una plataforma online de venta de automóviles.
Según el experto, el sistema no se adapta al contexto global. “Es un negocio muy difícil de desarticular. Hay una caja muy grande por todas las subdependencias del Estado donde se maneja mucho en efectivo. Está tercerizado en los diferentes registros seccionales donde se hacen las transferencias. Es importante adecuarse a la tendencia mundial y que todo se pueda hacer de forma digital porque todavía existe mucho trámite que implica que se mueva el particular, y todo sigue siendo bastante manual”, sostiene.
En la Argentina se necesitan 11 trámites o más -la variación depende del vehículo y condiciones especiales que aplica cada provincia- que representan entre un 5 y un 10% del valor del auto, alrededor de US$1123 promedio, de acuerdo con estimaciones privadas. Triplica en valor al segundo más caro de la región, Chile, donde los cinco trámites requeridos son online y el costo total promedio es de US$344. En México es todo presencial, pero son solo tres trámites, que implican en promedio USS178, según consigna un informe del sector al que accedió LA NACION.
“Lo que sufrimos todos son los gastos de registro, gastos de certificaciones de firma, aranceles y, por otro lado, el integrante nuevo que entró hace 10 años en el sistema que es el Impuesto al Sello. Antes, el valor del registro era fijo, al igual que en la mayoría de los países del mundo. En los 90 se pagaban 90 dólares y en 2002 se pasó a cobrar el 1% sobre el valor del auto. Después, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, subió al 2%, y así hasta el día de hoy que cada vez crece más”, afirmó a LA NACION Ariel Pszemiarower, de la Fundación Argentina Porvenir, entidad que impulsa la elaboración de estudios para el diseño de políticas públicas.
La forma de simplificar el proceso -teniendo en cuenta que el auto ya está registrado, a diferencia de los 0km- sería inscribir el trámite que constate la venta de un particular a otro. “Y nada más”, sentenció el especialista.
“Se requiere mucha documentación y burocracia con el riesgo de que una vez que vayas al registro de propiedad automotor te rechacen la solicitud por la falta de algún documento y se tenga que rehacer todo. Los trámites en su mayoría son innecesarios y hay algunos que no existen en ninguna parte del mundo, como el Impuesto al Sello. Son todos impuestos indirectos que no fueron creados por ley sino por decretos y resoluciones que generaron tasas que se fueron superponiendo con el tiempo”, señaló un referente del sector. Las fuentes consultadas coinciden en que no hay control de los fondos que recibe el Estado en este circuito.
Trámites y gastos
El trámite para adquirir un auto usado se inicia con la precarga del Formulario 08 en su versión digital que hace de contrato de transferencia entre el comprador y el vendedor, desde la página de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Una vez completada la planilla, hay que sacar turno en uno de los registros seccionales, entidades en las que está tercerizado el servicio. En la actualidad hay 1553 en la Argentina. Las dos partes tienen que ir de forma presencial y allí se certifican las firmas, aunque pueden hacerlo con antelación ante un escribano público y presentar el documento correspondiente en persona. Además, hay que completar el mismo formulario que ya se había cargado de manera online, pero en esta ocasión de forma impresa para ser firmado por comprador y vendedor frente a la autoridad del registro.
Antes de concurrir al registro, es necesario gestionar una serie de documentos intermedios que son obligatorios, como el informe de Dominio Histórico, que cuenta con la información registral del vehículo y el libre deuda, tanto de infracciones como el de patentes.
“Estoy comprando un Chevrolet Agile. Tenés que venir con todo los trámites en regla y no equivocarte en nada porque si no arrancás de nuevo en cero. Ya hice el 08 digital, todo por la página, pero me equivoqué de registro y fui a una dependencia de la DNRPA que me derivó acá y cuando llegué me informaron que no atienden sin turno. Ya hice los cálculos y tengo que pagar alrededor de $80.000 por la transferencia”, relató a LA NACION Matías, de 27 años, quien quiso preservar su apellido.
El mayor desembolso en la transferencia corre por cuenta del comprador, que tiene que abonar el Impuesto al Sello. La modalidad entró en vigencia hace alrededor de una década y la mayoría de las provincias la fueron incorporando a sus sistemas impositivos. El porcentaje a pagar se calcula sobre el valor total del auto -es del 3% en provincia y ciudad de Buenos Aires- que se encarece aún más porque toma en cuenta el 21% del IVA. El interesado tiene que abonar además el Arancel de Transferencia, que es de un 1,5% sobre el valor del vehículo si es de origen nacional y de un 2% si es importado. Por último, corre con el gasto por Ingresos Brutos, un tributo que en algunas provincias puede llegar a impactar hasta en un 4% a la transacción.
Además de la cita en el Registro Seccional, los otros dos trámites presenciales son en delegaciones de la policía. Uno de ellos es el certificado de grabado de autopartes, que se realiza en una planta policial habilitada. Se trata de un requisito que busca evitar el tráfico de “autos mellizos” y la reventa de autopartes.
El otro es la verificación policial en la que un agente chequea que el motor y el chasis coincidan con el declarado en el trámite de transferencia. No implica una verificación técnica de las condiciones y el estado del vehículo como el que se realiza en la VTV. El usuario puede desembolsar un pago extra para que el servicio se haga en su domicilio.
Ambos requisitos son inexistentes, por ejemplo, en Brasil, que tiene el mercado más grande. Lo que en el país vecino se efectúa es una inspección que controla el historial del vehículo -si fue chocado, robado, si participó de una subasta, entre otras cuestiones- y una verificación técnica para ver cómo está el motor del auto y la estructura. En México, solo se exige la verificación de la policía si el auto es de origen extranjero.
“Antes te pedían solo cédula y documento, y ahora cuando vas a la planta verificadora de la policía te piden también la VTV por más de que ahí no te hacen ninguna verificación técnica. No sé de dónde salió el nuevo requisito”, dijo a LA NACION Juan Ignacio, de 40, a la espera de que le entreguen la cédula del auto que adquirió.
”Compré un vehículo de $2.600.000 y pagué $148.000 para registrarlo, alrededor del 5,5% del valor del auto. Según mi experiencia con autos que compré y vendí, se paga entre el 5 y el 6% sobre el valor del auto. Es mucho tramiterío, aunque por lo general es ágil, pero depende de la gestión de cada registro”, agregó.
Mari Santana, de 35 años, también atravesó este paso recientemente . “Estoy vendiendo un Gol del 2011. De la transferencia se encargó el comprador, ahí no tuve que pagar nada. Lo que sí me encargué fue de la verificación policial. Tuve que llevar el auto hasta la planta de la policía y me cobraron alrededor de $5000. Tenía la VTV al día, así que solo me chequearon la cédula del auto y que tuviera pegado en el vidrio la calcomanía de la VTV”, describió.
Otra singularidad es que en la Argentina quien esté en el negocio de compra y venta de usados tiene que registrarse como “comerciante de vehículos habitualista”, una categoría para evitar que, por las particularidades del sistema de transferencias, se terminen pagando doblemente los impuestos sobre un mismo auto. Esta inscripción no es requerida ni en Brasil ni en México.
Solo en los primeros seis meses de 2022, los contribuyentes pagaron $34.431.901.360,93 en gastos de gestión a los diferentes registros de propiedad automotor repartidos por el país, según informó el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, en su última exposición ante el Congreso. En cuanto a la recaudación anual de los entes que manejan los registros, estudios privados estiman que la suma anual ascendería a $260.877 millones.
Presión impositiva
El Impuesto al Sello, el Arancel de Transferencia e Ingresos Brutos son los tributos que más presión ejercen sobre la operación y los que generan mayor impacto sobre el valor de la transacción. En Perú, toda la operación es de US$122, pero de impuestos se pagan solo US$20, mientras que en México la presión impositiva para el particular es de US$42.
Colombia, donde el costo es de US$225 en promedio, incluso alivia la carga toda vez que permite descontar el impuesto que se paga en la transferencia al rendirlo a cuenta del impuesto anual que grava la renta.
Pszemiarower trabajó en el proyecto de ley de estatización de la registración de automotores presentado por el senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau. En el Congreso hay otras dos iniciativas para modificar el sistema.
“El objeto principal es cortar con la privatización de la transferencia de los autos y que se termine con los entes cooperadores, como es el caso de Acara [Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina], que es una asociación civil privada. Nunca tomó el control del sistema el Estado. En lo que todos los proyectos coinciden es en que no sea más un negocio privado. Es plata que ingresa al Estado, pero después no reingresa al circuito económico”, afirmó Pszemiarower.
Los entes cooperadores fueron creados por ley en la década del 80 para asistir al Ministerio de Justicia en tareas relacionadas al patentamiento y la transferencia de autos. Fueron designadas dos entidades privadas: Acara y la Cámara del Comercio Automotor (CCA).
Consultados por LA NACION, representantes de Acara precisaron más sobre funcionamiento, pero no accedieron a una entrevista. “En el marco de las leyes 23.283 y 23.412, el Ministerio de Justicia suscribió convenios con distintas entidades para que le brinden cooperación técnica y financiera. La CCA es el ente cooperador autorizado a distribuir distintos formularios registrales como el Formulario del 08, mientras que Acara distribuye otros elementos registrales como el Formulario 01(para 0km), chapa y patente, entre otros”, señalaron.
Por su parte, desde la CCA aseguraron que el encarecimiento de las transferencias se explica, entre otros motivos, por las funciones que se le fueron anexando con el tiempo a la DNRPA, “como controlar multas y patentes, y cobrarlas”. “Después, cada gobierno provincial incorporó el Impuesto al Sello, para recaudar de las transferencias de autos, y se empezaron a llevar una fortuna de allí”, dijo a LA NACION Alejandro Lamas, secretario de la cámara.
De acuerdo a su análisis, si no fuera por la presión impositiva, el costo de una transferencia hoy oscilaría entre un 2,5 y un 3% del valor del auto. “El resto, el otro 3 o 4,5% es la recaudación excesiva del Impuesto al Sello que aplican las provincias. Todo ese combo termina siendo una suma muy importante para los compradores”, subrayó.
Consultado por los ingresos del Formulario 08, Lamas indicó: “La CCA distribuye a todos los registros los 08 que fabrica el Ministerio de Justicia. El formulario tiene un valor de $1185 y los ingresos no entran a la CCA directamente sino al ente que tiene a su cargo para gestionar y administrar. Este a su vez depende del Ministerio de Justicia”. Al cierre de esta nota, no habían respondido desde la cartera las consultas de LA NACION.
Si bien la venta de autos usados está en caída por la crisis económica, sigue siendo un activo de inversión para los argentinos toda vez que, paradójicamente y a diferencia de la tendencia mundial, los precios de los automóviles de segunda mano se revalorizan debido a la inflación. En los primeros 10 meses de 2022, se comercializaron 1.327.459 unidades, según consignó la CCA. En octubre, el último mes registrado, se comercializaron 118.203 vehículos usados —una baja del 16,08% comparado con igual mes de 2021— cuyas transferencias de dominio se tuvieron que acreditar en los diferentes registros. Las provincias donde más se vendieron fueron Buenos Aires (38,04%), Córdoba (11,78%), CABA (9,8%) y Santa Fe (9,36%).
En materia legislativa, se intentó modificar el sistema y ponerle un límite a los entes cooperadores a través de la ley de presupuesto de 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa. La crisis política y económica que irrumpió por entonces impidió que se concrete el proyecto. La iniciativa apuntaba a cambiar la lógica de monopolio de los diferentes registros al prestar un servicio que es público. “Cada registro es privado y autónomo, tiene un dueño, que es el titular del registro. El propietario obtiene una licencia para explotar el negocio mediante concurso y la ganancia o remuneración que obtienen es a comisión por cada transacción que se opera en el registro”, señaló Pszemiarower.
Los cargos de los titulares designados son vitalicios y solo pueden ser removidos por las mismas causales que se exigen para desplazar a jueces, escribanos y funcionarios públicos. El 29 de agosto pasado, a través del Ministerio de Justicia, el Gobierno ordenó la creación de 28 nuevos registros de propiedad automotor.
Por Jesús Allende
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