“Todos los trámites mal cargados”: presentaron un amparo para acelerar la entrega de medicamentos a personas vulnerables

Organizaciones de pacientes con cáncer, enfermedades crónicas y autoinmunes presentaron un amparo colectivo judicial, que recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, para que la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) responda por los expedientes en trámite.

Se trata de la dependencia nacional encargada de proveer medicamentos, prótesis y otros insumos médicos a personas sin cobertura y en situación de alta vulnerabilidad social, que llegan hasta esa oficina luego de la negativa para obtenerlos en el banco de drogas de su provincia y en el banco nacional. Poco después de la asunción de Javier Milei, tal como publicó LA NACION, se detectaron irregularidades en la compra de fármacos que había realizado la Dadse, cuando durante la gestión anterior funcionaba en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

Las organizaciones denuncian que, tras el cambio de Gobierno, se paralizó la entrega de medicamentos de alto costo para esos pacientes. Apuntan, además, que no cuentan con un número oficial de cantidad de personas afectadas por las enfermedades que cubre la dependencia y están a la espera de su medicación.

Las agrupaciones son la Alianza Argentina de Pacientes (Alapa), la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA), la Asociación Civil Sostén, la Fundación Entrelazando Esperanza, la Fundación Grupo Efecto Positivo y la Asociación Civil Geselina Llegaremos a Tiempo.

“El Ministerio de Salud de la Nación informó oralmente, en reunión con organizaciones de pacientes, que solamente de pacientes oncológicos ya tenían registrados 1900 expedientes”, dijeron.

Consultados por LA NACION, desde el ministerio a cargo de Mario Russo –al que fue transferida la Dadse el 20 de febrero– enfatizaron que la dirección sigue funcionando y no dejó de entregar medicamentos. Incluso, agregaron, se presentó el plan de trabajo de la dependencia en una reunión con las ONG. “No se suspendió la medicación. Estaban todos los trámites mal cargados, faltaba información, se ordenó y se priorizó por criterio de auditoría médica”, señalaron.

No precisaron cuántos expedientes están esperando respuesta. “En primera instancia, desde la cartera sanitaria se avanzó en resolver los pedidos identificados como los más urgentes. Se resolvieron 320 y otros 100 están en proceso de compulsa. En el próximo lote entrarán 200 expedientes más. Semana a semana, se seguirá concretando el otorgamiento de medicamentos a fin de regularizar la totalidad de la demanda pendiente”, dijeron.

En el amparo, las organizaciones solicitan también que se designen autoridades, la sanción de un procedimiento eficaz y rápido para cotizar las compras “que implique que ningún expediente demore más de 60 días desde su presentación” y que se garantice a la Dadse un presupuesto suficiente para garantizar su funcionamiento.

Sugieren también convocar a una mesa de diálogo al ministro de Salud “para que brinde explicaciones y soluciones a la falta de funcionamiento” de la dependencia.

Ante la consulta de este medio, desde la cartera sanitaria apuntaron que ya implementaron el “nuevo sistema” para la adquisición de medicamentos que habían prometido; consiste en publicar en la web ministerial las convocatorias para la presentación de presupuesto para la adquisición de los medicamentos. Añadieron que existe un total de deuda con proveedores superior a $26.500.000.000 correspondientes al año 2023.

Pese a que reconocen estas convocatorias, las organizaciones sostienen en el amparo que “no existe procedimiento para que los expedientes avancen a una etapa final”. “Aún siguen esperando respuestas todos los pacientes, aún aquellos con su expediente judicializado”, afirman.

Por fuera del texto presentado ante la Justicia, las agrupaciones denuncian que, como consecuencia de la paralización de la entrega de medicamentos, habrían fallecido seis personas por falta de tratamiento: Aldo Pinto (Salta), Camila Giménez (Córdoba), Alfredo González (Buenos Aires), María Teresa Troiano (Buenos Aires), Mariana Floridia (Buenos Aires) y Patricio Romanos (Buenos Aires).

“En el caso de Patricio, su amparo individual tuvo resultado favorable por parte del juzgado interviniente, y el Gobierno tomó la decisión de apelar la resolución, en un acto de impactante crueldad. Cuando la medicación apareció, Patricio Romanos ya había fallecido hacía dos semanas”, recuerdan.

“Dentro de lo que son pedidos y trámites en la Dadse, se dio la situación de una paciente la semana pasada”, reconocieron fuentes del Ministerio de Salud, y confirmaron que el expediente de María Teresa Troiano “estaba dentro de los priorizados”. En tanto, sobre los demás pacientes respondieron que “no están registrados en los expedientes de pedidos”.

Consultados sobre por qué el amparo no hace mención a los fallecimientos, el abogado Demian Zayat sostuvo que “llevó un tiempo el armado y escritura y corrección, y no habían surgido los nombres aún”. Ayer, Zayat participó de la conferencia en la que las organizaciones dieron a conocer el amparo, en el salón del bloque de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados.

Irregularidades y cambio de sistema

Según una investigación interna del Ministerio de Capital Humano, que tuvo transitoriamente la Dadse bajo su jurisdicción tras el recambio presidencial y antes de que fuera absorbida por Salud, las compras se hacían a través de una cadena de correos electrónicos sin validar de cuentas de Gmail o Hotmail. Por algunos nombres, corresponderían a droguerías o laboratorios, aunque por los datos relevados no se puede precisar a quién se le estaba pagando o si el precio informado por correos electrónicos sin identificación clara correspondía a valores reales o había sobreprecios.

Son montos en cientos de millones de pesos, incluidas cotizaciones en dólares, que el Estado abonaba por un circuito exprés amparado en la urgencia. La investigación determinó, además, que 1300 perdidos de pacientes estaban sin respuesta desde la gestión anterior. Por las demoras detectadas, no era más ágil que la compra directa regular para asistir casos de emergencia.

La Subsecretaría Legal de Capital Humano radicó una denuncia penal, que recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°11, por defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público que abarca desde 2016, cuando se implementó un procedimiento de compra exprés por urgencia, hasta el 10 de diciembre de 2023.

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