Sputnik V: Cuál fue el rol de la empresa rusa que participó en la compra de las 50 millones de dosis
Se trata de una sociedad creada para vender la vacuna; también fue parte de las negociaciones un laboratorio argentino
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Las negociaciones entre la Argentina y Rusia por la compra y la distribución de la vacuna para el nuevo coronavirus tuvieron a dos empresas como testigos privilegiados. Una sociedad rusa, creada para vender la vacuna Sputnik V, apareció como intermediaria entre el gobierno de ese país y el Ministerio de Salud de la Nación, de acuerdo con los datos del contrato confirmados por LA NACION. Y otra empresa, pero argentina, se sentó a la mesa de negociaciones, puso en orden una convocatoria de acreedores y solicitó a la Anmat el registro del producto para su comercialización.
El contrato oficial revela la intermediación de una sociedad rusa. Por la Argentina, aparece la firma del ministro Ginés González García. Por el vendedor, Human Vaccines LLC, una firma de responsabilidad limitada sin empleados declarados ni antecedentes comerciales que fue inscripta el año pasado en el registro ruso de compañías Egrul y que es manejada por el centro corporativo del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF, por su sigla en inglés).
Así surge de la información que el oficialismo compartió en el Congreso sobre este contrato confidencial y que fue confirmada por el RDIF. También, la empresa aparece mencionada en el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud el 23 de diciembre, como reveló LA NACION.
El contrato fue firmado con la empresa rusa para la provisión de 20 millones de dosis -con posibilidad de ampliar a 30 millones- del producto desarrollado por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. No fue estrictamente un acuerdo “entre Estados”, como suelen coincidir funcionarios, legisladores y voceros del oficialismo para justificar la confidencialidad de su contenido.
Como representante de Human Vaccines LLC firmó Alexander Chistyakov, un empresario sin experiencia en el sector sanitario. Es en la actualidad presidente de RusPetro Ltd, una empresa de desarrollos petroleros y geológicos. Desde Moscú, una fuente cercana a la negociación precisó que la firma de Chistyakov en el contrato “es solo un tecnicismo”, ya que aunque se trata de un empleado de alto rango, no es quien toma las decisiones en la firma. LA NACION intentó contactar al empresario a través de su cuenta corporativa y no obtuvo respuesta.
El equipo del diario online Meduza, de Rusia, que cubre la vacunación en ese país, explicó sobre el funcionamiento de las empresas de acuerdo con la legislación local que Human Vaccine es una subsidiaria del RDIF sin negocios declarados con el Estado ruso ni personal asignado. “Alexander Chistyakov es un empleado de alto rango del RDIF (es el CEO del Centro Corporativo propietario de Human Vaccine) y, de acuerdo con fuentes del fondo, participó de la firma del contrato en uno de los pasos de la transacción”, indicaron desde ese medio.
El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, que desarrolló la vacuna, depende del Ministerio de Salud de la Federación Rusa y el RDIF fue designado para distribuir la producción de la Sputnik V a cargo de distintas empresas dentro y fuera del país. Para poder firmar contratos internacionales, el RDIF creó una compañía. La compra argentina se cerró a través de esa sociedad con domicilio en Moscú, como indica la copia de su inscripción oficial. Ese acuerdo se lo considera “reservado” en el expediente de aprobación de la vacuna en el país.
Entre los datos del contrato que el oficialismo facilitó en la Cámara de Diputados aparece Reino Unido como la jurisdicción elegida entre las partes para la resolución de cualquier conflicto que pueda ser judicializado. Dos fuentes con acceso al contrato sin tachaduras afirmaron que el Estado pagará 10 dólares por dosis o componente. Así, la Argentina debería desembolsar al menos 200 millones de dólares.
“Se puede establecer algún tipo de confidencialidad durante la negociación, eso es razonable, pero después el ciudadano tiene que saber cuánto gasta el Estado, sobre todo en este caso que hablamos de la salud pública. Los datos del costo de la vacuna deben ser públicos para que se pueda saber si se está comprando bien o no. Bajo una cláusula de confidencialidad no se puede esconder absolutamente todo”, afirmó Pablo Secchi, director ejecutivo de la fundación Poder Ciudadano.
Lo que el Gobierno sí informó son los costos del segundo viaje a Rusia, clave para la aprobación local de la Sputnik V. La comitiva, que fue comandada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, incluyó esta vez a cuatro agentes de la Anmat: Emilia Ojeda Zachara, María Margarita Esnaola, Inés Rizzo y Graciela Testa. Cada una, de acuerdo con la Anmat, recibió unos 2800 dólares para afrontar viáticos y alojamiento. El cambio de los pasajes de Air France a clase ejecutiva debió ser un alivio con más de 18 horas de vuelo con escala entre Buenos Aires y Moscú.
Acuerdos paralelos
La firma de un contrato que permita el desembarco de la Sputnik V en la Argentina abrió negociaciones en paralelo, que incluyeron dos viajes a Rusia y reuniones de funcionarios con empresarios. Cuando el ministro González García todavía no había firmado el contrato vigente con los rusos, el laboratorio local HLB Pharma Group aseguraba en octubre ante la Justicia que había suscripto un convenio para la compra y distribución de 50 millones de dosis de la vacuna para la Argentina y otros países de la región a través de una joint venture con el centro corporativo del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF, por su sigla en inglés).
La nota presentada ante la Justicia comercial, a la que accedió este diario, buscaba que la firma, que se preinscribió en mayo del año pasado como proveedor del Estado de fármacos e insumos hospitalarios, levantara una deuda de casi $8 millones en un concurso preventivo. Una vez ordenados los números, podría entrar en el negocio de la Sputnik V que incluía, además de la representación exclusiva del producto en el país, su producción en la Argentina. HLB Pharma quedó a un paso de cerrar su convocatoria preventiva, pero el contrato entre la empresa local y el RDIF finalmente nunca se firmó, reconocieron desde la empresa ante la consulta de LA NACION.
Hace una semana, tras una reunión con diputados del oficialismo, González García habló de una cifra similar a la que estuvo negociando importar el laboratorio privado. “Tenemos un plan de vacunación en marcha, contratos firmados por más de 51 millones de dosis y negociaciones abiertas con proveedores para inmunizar a nuestra población”. También lo había anticipado a finales de diciembre pasado.
Dos fuentes con acceso al contrato oficial sin tachaduras aseguraron a este diario que HLB Pharma Group no apareció mencionada en el documento, aunque fue testigo de esas negociaciones. Ese acuerdo, firmado en diciembre pasado, habla de la adquisición de 20 millones de dosis.
Días antes de que el laboratorio argentino presentara formalmente ante la Anmat su solicitud de registro de la vacuna, sus representantes comerciales mantuvieron tres reuniones con distintos funcionarios, de acuerdo con los registros oficiales que obtuvo este medio.
La primera fue con funcionarios de la Anmat, el 9 de octubre. Asistieron autoridades del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) de la agencia regulatoria. Al segundo encuentro, del 23 de octubre, se sumaron funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Salud, que dirige Carla Vizzotti, que participó de dos misiones a Rusia. La última reunión fue el 28 de octubre, según se pudo saber a través de un pedido de acceso a la información pública (ver cronología).
Tras la primera reunión con los funcionarios, un representante de HLB Pharma acompañó en octubre a la primera delegación argentina en Rusia integrada por Vizzotti, las asesoras Cecilia Nicolini (Presidencia de la Nación) y Raquel Méndez (Provincia de Buenos Aires), y Mariana de Dios, directora comercial de Traditum S.A., una firma dedicada a sistemas de validación de prestaciones de salud y recetas electrónicas, entre otros servicios, para gobiernos, prepagas u obras sociales.
Consultados por LA NACION al respecto, el Ministerio de Salud nacional no hizo declaraciones. Desde HLB Pharma, en tanto, indicaron que esperan la homologación judicial del acuerdo con sus acreedores, confirmaron que coincidieron con la comitiva argentina en uno de tres viajes a Rusia para acordar la comercialización de la vacuna en el país, pero que el preacuerdo que tenían con representantes del RDIF no se firmó.
“Nuestro plan no era ser intermediarios del Gobierno”, dijeron fuentes de la firma a LA NACION. En septiembre, según agregaron, el Gobierno “cambió de opinión” y se interesó en la Sputnik V. “Nos sentimos maltratados y humillados por los funcionarios argentinos. Nos trataron muy mal. El Gobierno decidió corrernos del negocio. Durante el primer viaje a Rusia, usaron nuestro know-how para abrir las negociaciones, nos pidieron información y después decidieron que no podíamos vender la vacuna”, acusaron. En la Anmat, aún continúa “en evaluación” la solicitud de registro de la Sputnik V.
Esa presencia de HLB Pharma en la negociación generó pedidos de información del Congreso al Ejecutivo.
“Aún no queda claro cuál es la función de HLB Pharma en la provisión de vacunas para la Argentina. El Gobierno no responde distintos aspectos que fueron requeridos sobre esta empresa y, por otra parte, admite que la transferencia tecnológica que habrá en el contrato que firmó el Ministerio de Salud estará a cargo de ‘los laboratorios firmantes’. Y, por lo que conocemos, el laboratorio que firmó un convenio con la empresa rusa es HLB Pharma”, respondió la diputada Graciela Ocaña, exministra de Salud, sobre la información que analizan en la Cámara de Diputados.
Con la colaboración de Ricardo Brom
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