Son eficaces, pero no son la solución definitiva

Hace años vengo sosteniendo que la eficacia de las videocámaras se observa en gran medida en la faz investigativa del crimen. Los debates científicos en los que he intervenido en distintas latitudes, como las estadísticas serias que surgen de ciudades que las vienen utilizando, dan cuenta de ello.

Ciertamente, la tecnología tiene su costado fascinante y de pronta aceptación. Programas televisivos específicos y sus representaciones en los noticieros, coadyuvan en edificar una moda. Debo reconocer que soy partidario de la existencia de las cámaras, de la misma manera que soy consciente de sus limitaciones.

Admito una fuerte preocupación cuando en nuestro país contemplo diariamente cómo muchos intendentes vienen cultivando casi como única estrategia la colocación de cámaras en su jurisdicción, al buscar un rápido reconocimiento popular por sus esfuerzos en pos de otorgar mayor seguridad a los vecinos.

Esto puede nutrir la tentación de no construir políticas sociales a través de programas de prevención focalizados, que son la herramienta institucional más exitosa en la pugna por reducir los índices delictivos y, por ende, la victimización.

Porque la pequeña porción de la eficacia preventiva de las cámaras descansa en la velocidad en la detección del hecho por los operadores del sistema y en forma paralela en la capacidad de rapidez de la respuesta policial. Y ese binomio todavía no funciona con la fluidez necesaria en nuestro país y en buena parte de los que usan esa tecnología.

Ahora bien, hay que destacar que su gran fortaleza reside en la colaboración que brinda en la dilucidación de los hechos ilícitos, tanto en lo relativo a la forma en que sucedieron como a la identificación de sus autores. Facilita el descubrimiento de la verdad real. Y cuando se determina una responsabilidad penal, a través de su única herramienta legítima, cual es el dictado de una sentencia firme, la ayuda que prestó el sistema de videocámaras se convierte en cogestor de la prevención especial que apareja la aplicación de la pena en el caso concreto, aun cuando su aptitud dista mucho de su propósito de rehabilitar y resocializar al delincuente.

En definitiva, estamos frente a un aporte más en la lucha contra el delito, pero con la convicción de que la prevención de éste se gesta esencialmente desde las políticas dirigidas a erradicar la marginalidad, mejorar las tasas de desempleo, disminuir la deserción escolar y la violencia intrafamiliar, confeccionar programas contra el consumo del alcohol y las drogas, y desalentar el uso de armas de fuego.

El autor es abogado penalista y criminólogo, y director del Centro de Estudios para la Prevención del Delito de la Universidad de Belgrano

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