Conflicto con Camioneros: la Ciudad no entregará a privados las grúas de acarreo y trabaja para normalizar la recolección

Las calles porteñas amanecieron este lunes con contenedores de basura colapsados y bolsas de residuos en veredas y calzadas, obstaculizando el paso y generando un estado general de suciedad en medio de las lloviznas matinales. La postal fue la cara visible de una medida de fuerza del sindicato de Camioneros, en respuesta a la decisión del gobierno de la ciudad de cancelar la preadjudicación del sistema de grúas de acarreo. Hace instantes, el jefe de gobierno, Jorge Macri, fue más allá y anunció por X la suspensión del proceso licitatorio y la estatización del servicio.

“El contexto actual nos exige cuidar cada peso de los contribuyentes de la Ciudad. Continuaremos evaluando a futuro la mejor forma de contratación para la optimización de este servicio”, anunció después del mediodía.

La decisión había sido anticipada ayer, durante una entrevista televisiva: “A nosotros nos quedó una preadjudicación del acarreo en la ciudad que, cuanto menos, amerita ser revisada. Carísima. La Ciudad no tiene posibilidad de sostener ese contrato. Para mí es escandaloso”, afirmó el funcionario en diálogo con LN+.

Sobre el posible conflicto que la decisión iba a generar con el sindicato que lideran Hugo y Pablo Moyano, Macri había anticipado: “Llamamos a las empresas y a los gremios. Les dijimos que la vamos a revisar y, mientras, le dijimos al gremio que les garantizamos el empleo de los 350 muchachos. Y ellos contestan diciendo ‘te aprieto con la basura’”.

Antes del mensaje en X de Jorge Macri, fuentes del gobierno porteño habían anticipado a LA NACION que se cancelaba “la preadjudicación del servicio de acarreo por diez años efectuada por la gestión anterior el 7 de diciembre, es decir, tres días antes de terminar el mandato”. Esa preadjudicación, agregaron, obligaba al pago de “un anticipo de 8 millones de dólares, más del doble de lo que corresponde”. El pliego había dividido a la Capital en cinco zonas, continuaron, y “las empresas elegidas son las mismas del servicio de recolección de basura”, también ligadas a Camioneros. Se referían a dos de las tres empresas: Transportes 9 de Julio y Ashira-Ecoba.

Desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño informaron que, por la mañana, la recolección y barrido se encontraban funcionando al 35%, y no se sabía cuándo volverían a la normalidad. La medida de fuerza afecta desde ayer a todos los barrios de la ciudad, con especial incidencia por haber iniciado un domingo, día en que los residuos suelen ser más abundantes dado que los sábados no hay recolección en gran parte del distrito.

Desde Camioneros no contestaron los mensajes de LA NACION. Mediante un comunicado, el gremio afirmó por la mañana que la medida de fuerza obedecía al “intento del gobierno de CABA de querer estatizar los 300 choferes de grúas” y, a su vez, al “mal estado de los camiones de la recolección”. Advirtieron que se encontraban “en estado de alerta” y movilización, y que analizaban también otras medidas “en defensa de la dignidad y los derechos de las y los trabajadores”.

Jorge Macri respondió al comunicado. “No tenemos ningún problema con el gremio de la recolección, con lo cual, si se hace mal, culpamos a las empresas. Sí hay un tema con la licitación de grúas de acarreo. Camioneros aprieta donde cree que duele. Les dijimos que garantizábamos el trabajo a los 350 camioneros, entonces no se entiende si defienden a las empresas, porque nosotros dimos garantía de estabilidad a los trabajadores”, sostuvo.

Según pudo constatar LA NACION, las principales calles del microcentro porteño ya en horas del mediodía mostraban menos efectos de la medida de fuerza. Muchos contenedores parecían, incluso, vacíos, aunque en otros puntos había bolsas con residuos en veredas y calles.

El contraste se debía, en parte, al funcionamiento del servicio de recolección, aunque en forma parcial, y también a la reacción del gobierno porteño para mitigar los efectos de la retención de tareas del sindicato.

“Estamos cumpliendo con el reglamento, que no es levantar todo, es por sectores”, informó a la vez una empleada de la empresa recolectora AESA, que trabajaba en la zona. Además de esta empresa, actualmente la recolección de residuos de la ciudad la realizan las firmas Cliba, Solybares, Nittida, Ente de Higiene Urbana, Ashira Martín & Martín Ute, y Urbasur.

“Hoy a la mañana vine y la gente del gobierno de la ciudad estaba trabajando, levantando la basura, limpiando los tachos”, sostuvo Rodolfo, que hace ocho años atiende en un maxikiosco sobre la avenida Corrientes al 800. “En los últimos tres días pasaron empleados de la Ciudad a preguntar si estaban trabajando bien los que limpian las calles”, agregó.

La calle Tucumán tenía los contenedores llenos y rodeados de bolsas de residuos. En tanto, en Recoleta los vecinos se mostraban consternados por la presencia de “mucha mugre”, especialmente muebles, cajones y “basura grande” alrededor de los contenedores.

Antecedente

El gobierno porteño ya había tenido un conflicto similar con Camioneros a mediados de 2022, cuando la gestión de Horacio Rodríguez Larreta dio de baja los contratos con las empresas de acarreo Dakota y BRD, que operaban con contratos vencidos desde 2001 y con sucesivas prórrogas, a cambio de un canon que había quedado desactualizado. En ese contexto, Larreta también decretó la estatización temporal del servicio hasta llamar a una nueva licitación.

Con el objetivo de evitar el cese de los servicios de recolección y barrido, principal amenaza del sindicato, la Ciudad había hecho un acuerdo con los Moyano que incluía un costo de alrededor de 1400 millones de pesos. Desde ese momento, el servicio fue administrado por la empresa de gestión estatal Autopistas Urbanas SA (AUSA).

En octubre del año pasado, la anterior gestión seleccionó a través de una licitación a las tres empresas que se quedarían con la explotación del sistema de acarreo en toda la Capital, entre ellas, dos empresas de recolección de residuos y sin experiencia previa en el servicio de estacionamiento ni en el de grúas. En ese entonces, LA NACIÓN pudo confirmar a partir de distintas fuentes que ambas habían sido impulsadas por el hombre fuerte de Camioneros, que tenía vínculos con BRD. La decisión de preadjudicar el servicio a esas firmas generó incluso malestar en algunos funcionarios, que por esta razón decidieron alejarse de la negociación. La tercera empresa seleccionada fue SAEM-Tránsito Rosario, con trayectoria en la actividad.

De acuerdo con el texto que publicó este lunes Jorge Macri, de confirmarse esta preadjudicación, el contrato iba a ser por diez años e implicaba una “erogación de las arcas públicas por 360 millones de dólares”, sumado al anticipo de 8 millones de dólares. “El contexto económico actual obligó a la Ciudad a revaluar los costos, optimizar los recursos y mantener los estándares de los servicios. Desde la convocatoria a la licitación en 2022 a la fecha, la Ciudad se hizo cargo del sistema de grúas y acarreo absorbiendo a la totalidad de los empleados y manteniendo su encuadramiento en el gremio de Camioneros. La Ciudad continuará evaluando la mejor forma de contratación para la optimización del servicio”, informó el jefe de gobierno.

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