Silencio de la Iglesia ante la denuncia por violencia de género que monjas carmelitas hicieron contra el arzobispo de Salta
Hay una presentación judicial y otra ante la Santa Sede; la abogada de la madre priora sostiene que había peligro físico y psicológico para las religiosas
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.– Una vez más, Salta está convulsionada por una denuncia contra referentes de la Iglesia Católica. A una semana de que el arzobispo monseñor Mario Cargnello fuera denunciado junto a otros dos religiosos por violencia de género por las monjas del Convento de San Bernardo de la congregación de las carmelitas descalzas, la institución mantiene el silencio. “Por ahora, no hay comentarios”, dijeron a LA NACION desde el Arzobispado. La priora del convento, María Fátima del Espíritu Santo, es la denunciante en representación del resto de las hermanas; su abogada detalló que el “hostigamiento es de vieja data; es un estado de sufrimiento mantenido en el tiempo desde 1999” .
El convento salteño depende del Instituto para la Fe que tiene sede en Roma, por lo que –además de la denuncia ante la Justicia– todas las presentaciones se han vehiculizado por ese camino y llegaron a la Santa Sede. La patrocinante legal de las religiosas, Claudia Zerda Lamas, afirmó a LA NACION que las palabras usadas para describir lo que vivían son “muy fuertes: turbación, miedo, pánico, terror”.
Una imagen de la Virgen del Cerro usada por las monjas en un velatorio habría molestado al arzobispo y generado el punto cúlmine de lo que las hermanas perciben como malos tratos, que se extendieron hasta el lunes anterior a la denuncia. La letrada enmarca el caso como violencia de género porque las víctimas son mujeres y existe desventaja por la posición de poder de Cargnello.
La denuncia –que también alcanza al obispo emérito, Martín de Elizalde (es el “visitador” del convento), y al cura colaborador de la Catedral, Lucio Ajalla– llega a 45 días de la condena al obispo emérito Gustavo Zanchetta a cuatro años y medio de cárcel por abuso sexual simple continuado agravado, quien está preso desde que terminó el juicio.
“Esperamos que, en el futuro, esto sea una oportunidad que nos llame a una fidelidad mayor. Es algo que ha de contribuir a la purificación de la Iglesia. Somos pecadores, servidores del Señor y cargamos nuestras miserias”, dijo Cargnello oportunamente sobre ese caso.
Medidas
El arzobispo se presentó el lunes ante la jueza María Carolina Cáceres Moreno, que tiene a cargo la causa; lo hizo acompañado del abogado Eduardo Romani, quien señaló a LA NACION que “todavía” no tuvo acceso a la totalidad del expediente. Estima que este miércoles podrá analizarlo.
Hasta el momento, las medidas dictadas por la Justicia son preventivas e incluyen una orden de restricción perimetral contra los tres denunciados para que no se acerquen a menos de 300 metros del convento, donde viven las monjas y hay ahora una consigna policial. Además, se fijó una audiencia para el 3 de mayo.
La presentación ante la Justicia fue horas antes del inicio de la Semana Santa, en cuyas ceremonias el arzobispo tiene tradicionalmente un rol protagónico. Aunque faltó al lavado de pies del Jueves Santo en la Catedral, sí estuvo en el Vía Crucis al día siguiente.
Allí, Cargnello se refirió a que “no siempre el bien es aceptado como bien”. No hizo mención directamente a la denuncia, pero hay quienes percibieron un mensaje cuando dijo: “Luego viene el cansancio cuando el otro te agrede antes que le digas algo. (…) O cuando tomas partido por un grupo. Hoy tenemos la tentación de identificarnos con determinados colectivos”. El domingo de Pascua celebró la misa central sin hablar –como en otras oportunidades– de la realidad social, política y económica.
El Convento de San Bernardo está en el centro de la ciudad de Salta; allí viven 18 monjas de clausura de la congregación Carmelitas Descalzas. Como se dijo, la priora –máxima autoridad del grupo– es quien presentó la denuncia, representada por Zerda Lamas. En diálogo con LA NACION, la letrada explicó que la presentación no es por un hecho puntual, sino por una “actitud sistemática de amedrentamiento” que sufren las monjas.
Según relata la abogada, el “hostigamiento” a las monjas empezó en 1999 (Cargnello asumió como arzobispo a fines de 1998) y les viene provocando un “enorme sufrimiento y daño”. El lunes anterior a la denuncia hubo un “llamado que preocupó mucho a la priora”.
Una imagen de la Virgen del Cerro
La abogada prefiere no hablar del hecho puntual de 2020, cuando una religiosa murió de Covid-19 en el convento y sus compañeras pusieron en el ataúd una imagen de la Virgen del Cerro. La imagen está vinculada a María Livia, quien asegura que se le “apareció” y en el lugar construyó un santuario que es visitado por miles de personas.
La Iglesia de Salta jamás la aceptó y creó una comisión para investigarla. En 2003 y 2006 emitió documentos sobre el tema; con la firma de Cargnello, se la menciona como “revelaciones sin contenido”. Por eso al arzobispo le molestó la imagen en el velatorio y ordenó que se la retirara, pero no fue obedecido. Habría intentado hacerlo él y forcejeado con una monja.
“Las hermanas necesitan cuidar su integridad física y también que las traten con dignidad, que respeten sus creencias y la autonomía del convento”, insistió Zerda Lamas, y pidió tener en cuenta que las “personas que reciben el maltrato viven en el silencio, rezan y trabajan en silencio. Son lúcidas y muy inteligentes, pero tienen una vida distinta”, describió.
Respecto de si existe vínculo económico entre el convento y el Arzobispado, la abogada explicó que las monjas se “autosustentan” con la venta de rosarios, dulces y artesanías. Las calificó de “muy austeras” y planteó que solo le deben rendir cuentas al “visitador”, que es uno de los denunciados. Para que una nueva priora pueda ser electa, se requiere que el Arzobispado designe un veedor, trámite que se viene postergando. El pedido está hecho “hace tiempo” por las religiosas.
Zerda Lamas contó a LA NACION que conoce a las hermanas desde “hace años” porque concurre a las misas del convento y se acerca a ellas. “Hay un vínculo que no es espontáneo, sino de cariño y confianza”, explicó. Después de la denuncia, tuvo un solo contacto más por teléfono con la priora: “La sentí tranquila, con la tranquilidad de que ha sido escuchado su pedido de auxilio. No solo para ella, sino para toda la comunidad”.
La abogada subrayó que el Carmelo, el claustro donde viven las monjas, es el ámbito “donde ellas deben vivir tranquilas y en libertad; pensar que no lo pueden estar es muy grave. Sus vínculos afectivos están ahí”.
Por Gabriela Origlia
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