Sigue prófugo un comisario que mató a un adolescente por robar una camiseta de fútbol

La familia de Nicolás Vázquez sufre la pérdida y la impunidad. En 2013, Nico, que tenía 18 años, fue ejecutado de un tiro en el cuello por un comisario que lo corrió por el centro de Lanús luego de que el joven intentara robar una camiseta de fútbol. Un año se tardó en ordenar la captura del asesino: cuando fueron a buscarlo ya no estaba. Ese policía es hoy uno de los prófugos más buscados del país y los Vázquez, una familia que exige justicia.

El 25 de septiembre de 2013, a las 15, Nicolás se paró frente a la vidriera del local situado en 9 de Julio y Oncativo, a tres cuadras de la estación de Lanús. Después de considerarlo unos segundos, entró decidido. Se probó tres remeras; la última no se la sacó. Caminó hasta la salida y recién corrió cuando sonó la alarma.

El comisario Héctor Alejandro Amarilla, que hacía adicionales como custodio del comercio, fue detrás de él. Según testimonios recogidos en la causa, corroborados por las cámaras de seguridad de la zona, la persecución duró dos cuadras. Amarilla, que vestía de civil, disparó al aire; a la altura de Piedras al 1400, Nicolás frenó. Caminó hacia el policía mostrándole las manos vacías. Pero Amarilla le apoyó la pistola en el cuello y gatilló.

"La bala le destrozó la carótida. Mi hermano estaba desarmado y no tenía antecedentes. Murió en el acto. Amarilla lo dejó tirado en la vereda y se fue. Encima, todo lo que hizo después", cuenta a LA NACION Anahí Vázquez, hermana de Nicolás, que se puso al frente del reclamo.

Según estableció la investigación posterior, Amarilla, que era el jefe de la comisaría 2» de Lanús, consiguió un arma con la numeración limada -luego se supo que había sido denunciada como robada por un policía- y se disparó en una pierna. A las 16.15 ingresó en la guardia del hospital Narciso López y cuando llegaron sus subalternos les dijo que había sido herido en un enfrentamiento. Como prueba entregó dos armas: la suya reglamentaria y la que, afirmó, era del delincuente que lo había herido.

"Desde las 12 de la noche -recuerda Anahí- con mi mamá buscamos a Nicolás por hospitales y comisarías, y nadie supo decirnos nada. Incluso fuimos a la fiscalía de Lomas de Zamora, donde nos recomendaron hacer la denuncia por averiguación de paradero, para lo que teníamos que esperar 24 horas. Al día siguiente fuimos a la comisaría del barrio, donde trabajaba Amarilla. Cuando les di los datos me hicieron pasar a una oficina y me dijeron que mi hermano estaba en la morgue porque había robado y le había disparado a un policía. No lo creí. Les dije que yo sabía quién era Nicolás y que no iba a parar hasta saber la verdad".

Reclamo

Al principio se impuso la versión de Amarilla y el fiscal Sebastián Bisquert caratuló la causa como robo. Sin embargo, la prueba recolectada -las cámaras que filmaron la persecución, las testimoniales y los peritajes balísticos- demostró que el policía había mentido.

Al año del crimen, el por entonces nuevo fiscal de la causa, Nicolás Kazewsky, cambió la carátula con Amarilla acusado de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por su condición de funcionario policial" y con el aval del juez de Garantías N° 3 de Lomas de Zamora, Gustavo Gaig, ordenó la inmediata detención. Pero el comisario, que hasta ese día había prestado servicio normalmente, había salido de su casa con un bolso de mano. Lo siguiente fue pedir su captura internacional, hasta ahora infructuosa.

"El primer fiscal debió haber detenido a Amarilla, pero no investigó y prefirió creer lo que él le dijo. Cuando el segundo fiscal revisó la causa se dio cuenta de que estaba todo armado. Sabemos que hubo encubrimiento y que se facilitó la fuga de Amarilla. Tenemos con nombre y apellido a integrantes de la policía y de la Gendarmería que lo ayudaron a escapar", denuncia Anahí.

La familia Vázquez espera el día del comienzo del juicio para que el responsable del crimen pague sus culpas, y también para que se devele la trama de encubrimiento. Pero para que eso ocurra antes tiene que aparecer Amarilla. En ese sentido, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de $500.000 para quien aporte algún dato que permita conocer el paradero del prófugo, que, después de tres años y medio en la clandestinidad, escaló en la lista de los más buscados del país (ver recuadro).

"El Estado -concluye Anahí- tiene la responsabilidad de encontrar al asesino de mi hermano y para eso tiene que poner la fuerza necesaria para hacerlo y no mirar para otro lado, como creemos que está haciendo. A Amarilla lo conoce todo el mundo, pero la familia de su víctima no tiene que ponerse al frente de la búsqueda. El Estado nos tiene que recompensar, pero no con dinero, sino encontrándolo, porque ellos permitieron que hubiera un asesino dentro de una de sus fuerzas".

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