"Se viene el quilombo". Una movilización de isleños frustró un desalojo en el Delta
"Muchachos, alerta, se viene el quilombo", dice una voz asustada mientras la imagen muestra unas siete embarcaciones que avanzan por el canal San Antonio, en la frontera sur del Delta, frente a la costa de San Isidro. El video se difundió esta mañana por el grupo de WhatsApp de los habitantes de esa zona disputada de las islas y un grupo de 50 personas se autoconvocó para resistir el operativo de la municipalidad Tigre.
Los funcionarios lograron desmontar dos de los muelles denunciados por ilegales, pero la llegada de los isleños en kayaks y lanchas hizo que la situación se volviera tensa. Subidos a los muelles, evitaban el trabajo de la grúa y discutían con los agentes en motos de agua de la Policía de Islas.
Antes que forzar un enfrentamiento, Mario Zamora secretario de Gobierno del municipio y hermano de Julio, el intendente, decidió suspender las acciones. Los vecinos celebraron la retirada de las lanchas como una victoria, pero saben que habrá nuevos intentos para avanzar contra sus viviendas. "La situación se puso violenta y ahora estamos obligados a recurrir a la Justicia", dice Zamora, que estuvo embarcado y a la cabeza del operativo.
Antecedente
Hace 11 días hubo una acción similar del municipio de Tigre, pero con otro resultado: pese a las protestas de los vecinos, lograron destruir 15 muelles. Avanzaron avalados por una ordenanza municipal que argumenta que los muelles dañan el medio ambiente y dificultan la navegación. Aunque discutida por los isleños, fue la forma que encontró la municipalidad para poder actuar sin necesidad de la orden de un juez.
La diferencia fue que el primer operativo tuvo el apoyo de la Prefectura -que bloqueó el acceso a la zona del conflicto e impidió que los isleños se acercaran- y este no. "Me llamaron de Prefectura alertando que habría resistencia y que ellos no iban a colaborar", se queja Zamora.
Según el funcionario, la idea era buscar la colaboración de los isleños para desmontar los muelles vacíos, que aún no cuentan con vivienda, pero la gresca de esta mañana clausuró esa posibilidad. "Ahora iremos contra todo, los muelles y las construcciones. Están violando una zona de preservación ambiental. Todas esas obras son clandestinas", amenaza.
El conflicto es por un sector de tierra nueva y codiciada: la última frontera de Delta, un humedal que con el tiempo, y la acción del hombre, se está convirtiendo en terreno firme. Allí se instaló una comunidad de artistas, músicos y militantes ambientales. Su perfil difiere de los viejos isleños, más rústicos.
Ellos dicen que quieren vivir en armonía con la naturaleza y protegerla para que no prosperen los proyectos inmobiliarios detrás de esa tierra. Planean crear una reserva y armaron una plataforma de pasarelas de madera sobre el humedal con espacios para ferias artesanales y teatro comunitario. Las casas en las que viven son livianas, de madera y chapa. Se integran al paisaje, se abastecen con paneles solares y tienen biodigestores para tratar los desechos orgánicos. Las intenciones conservacionistas, sin embargo, se chocan con el endeble andamiaje legal que sostiene su presencia en la zona.
Negociación
La municipalidad de Tigre y la de San Isidro, cuya jurisdicción abarca un pequeño sector de las nuevas islas, dice que están usurpando terrenos protegidos. Hace una semana se había abierto un canal de diálogo entre los nuevos isleños y Zamora, pero la gresca de hoy podría haber dificultado esa negociación. "Ecochetos" u "ocupas VIP", así dicen los isleños que los llaman los funcionarios con los que intentan lidiar.
La zona es un paraíso natural con canales sinuosos y abundante vegetación a minutos de lancha del centro de San Isidro. Su potencial comercial es enorme. Ya existe un barrio privado desde 1995, Santa Mónica. Con 50 casas, pileta, cancha de tenis y embarcadero privado, comparte una tensa vecindad con los nuevos isleños.
Otro aún más ambicioso -Colony Park- fue suspendido por la jueza Sandra Arroyo Salgado luego de movilizaciones de ambientalistas. El juicio por los supuestos perjuicios causados por ese desarrollo -llegaron a dragar canales y se rellenaron terrenos- iba a comenzar este año, pero se retrasó por la pandemia.
El Rulo
Un actor central del conflicto es Eduardo Venencio, más conocido como el Rulo. Controvertido y reservado, es el jefe de la familia que hace décadas vive y trabaja en este sector del Delta. Tiene 15 hermanos y 11 hijos de cinco mujeres. Él es quien cedió la posesión -se cuida mucho de usar la palabra "vender"- de los terrenos a los nuevos isleños argumentando que la larga estadía de su familia en el lugar le da derechos.
También está al frente de una cuadrilla de alrededor de 30 operarios que construyen los muelles y muchas de las casas. Sin embargo, Venencio nunca inició el reclamo legal de usucapión, la figura contemplada por la ley argentina que otorga derechos de posesión a la ocupación pacífica, ininterrumpida y con mejoras de un terreno. La alianza entre este isleño de la vieja escuela y los nuevos pobladores es la clave para entender la dinámica de crecimiento en la zona.
Hasta ahora, la municipalidad de Tigre no interfería con sus negocios, pero eso cambió. "Vamos a ir contra el Rulo. Hoy quedó patente que es el que origina toda esta maniobra. Cede ilusorios derechos de posesión y es el organizador de las construcciones. Es uno de los partícipes en daño ambiental", amenaza Zamora.
"Yo sigo laburando", retruca Venencio desde su aserradero en la desembocadura del río San Antonio, a metros de donde se realizó el operativo. "Esto es mío y de acá me van a sacar con las patas para adelante", repite siempre.
Luego del primer operativo se lo notaba abatido, pero ahora recuperó su tono desafiante. La reacción de los nuevos isleños para frustrar el accionar de Tigre le devolvió el ánimo. Sufre diabetes y dice que tiene que cuidarse -"no puedo calentarme", explica- pero asegura que seguirá luchando. "Esta semana hablo con [Alberto] Fernández", dispara enigmático.
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