Se profundiza el conflicto: la reacción del Gobierno a la marcha universitaria convocada por los rectores y los gremios

Desde el Ministerio de Capital Humano, cartera de la que depende la Secretaría de Educación de la Nación, respondieron a las críticas y reclamos de los gremios y rectores universitarios, al afirmar que el diálogo con las universidades nunca se interrumpió y que los esfuerzos por garantizar el funcionamiento de las instituciones han sido constantes desde el inicio de la gestión.

Según el Ministerio, los gastos de funcionamiento se incrementaron en un 270%, y se transfirieron más de $49.000 millones adicionales para los hospitales universitarios. En el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), estas transferencias cubrieron el 94,8% del pedido adicional realizado por la institución.

El Ministerio destacó que, a diferencia de gestiones anteriores, las transferencias presupuestarias se realizan en tiempo y forma, reduciendo el tiempo de pago promedio de 68,4 días a menos de cinco. También subrayaron que las reuniones con gremios y rectores se realizan regularmente y que este diálogo permitió un aumento del 76,1% en la pauta salarial de los trabajadores universitarios.

Los gremios y rectores mantienen su postura crítica, al sostener que la falta de diálogo es uno de los principales obstáculos en la resolución del conflicto. El próximo miércoles, se llevará a cabo una nueva marcha federal en reclamo de mejoras salariales y en defensa de la educación pública. La convocatoria se concentrará en el Congreso de la Nación y tiene como objetivo presionar por la promulgación de la ley de financiamiento universitario, que corre el riesgo de ser vetada por el Poder Ejecutivo.

El reclamo

Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), fue contundente en sus declaraciones durante una conferencia de prensa , ayer, en la que anunció la adhesión del Consejo de Rectores a la marcha. Según el directivo, 2024 ha sido un año tortuoso para las instituciones públicas, y esta movilización es una respuesta a la falta de soluciones concretas para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios. Moriñigo también advirtió que, si el Presidente decide vetar la ley de financiamiento universitario antes de la marcha, el objetivo será solicitar el apoyo de los diputados nacionales para que respalden la iniciativa.

Los rectores y gremios universitarios señalaron que el problema no radica únicamente en el financiamiento, sino también en las prioridades del gobierno nacional. “El retraso salarial de los trabajadores universitarios alcanza los 50 puntos respecto de la inflación, y los salarios son un 20% inferiores a los del resto de los trabajadores estatales”, comentó Moriñigo. En este contexto, los rectores exigen que se atiendan las demandas salariales y se reabran las instancias de diálogo para resolver el conflicto.

La movilización del próximo miércoles será la segunda gran marcha universitaria en menos de seis meses. La primera, realizada el 23 de abril pasado, permitió entablar un diálogo con el Gobierno que logró destrabar parcialmente el conflicto en torno a los gastos de funcionamiento de las universidades. No obstante, los gremios afirman que esos fondos aún se están cobrando en cuotas y que las dificultades persisten

A pesar de las diferencias entre las partes, el Ministerio de Capital Humano reafirmó su intención de continuar el diálogo tanto con los rectores como con los gremios, subrayando que es necesario un intercambio fluido para abordar los problemas estructurales de las universidades. Por otro lado, gremios y rectores mantienen su postura de continuar con las medidas hasta alcanzar acuerdos que aseguren la estabilidad financiera y laboral de las universidades públicas.

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