San Isidro: con nuevos cambios, vuelven a debatir el Código Urbanístico
Será este jueves en el Concejo Deliberante; la administración de Ramón Lanús busca obtener dictamen del proyecto para su tratamiento en el recinto el 18 de diciembre
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Tras el debate por el intento para reformar el Código de Ordenamiento Urbano (COU) de San Isidro y luego de más de 30 reuniones con vecinos en menos de un mes, la administración municipal a cargo de Ramón Lanús volverá a presentar las modificaciones este jueves en el Concejo Deliberante. Según adelantaron a LA NACION, mantendrán la prohibición para construir en la costa y también las medidas que habían decidido para fomentar el desarrollo de viviendas más accesibles en las localidades de Boulogne y de Villa Adelina. Aunque afirman que, “tomando las sugerencias de los vecinos”, decidieron mantener los parámetros constructivos vigentes en el resto del distrito. Hasta el cierre de esta nota, sin embargo, según contestaron a este medio estaban determinando los ajustes del proyecto.
La agrupación Vecinos Barrio Acassuso Libertador al Río, por su parte, una de las asociaciones que realizó objeciones a los primeros cambios propuestos, presentó una nota en el Concejo solicitando que se extienda el tiempo de tratamiento del proyecto. Juntaron firmas para oponerse a la reforma, que consideran apareció de forma “abrupta e intempestiva” y reclaman un debate serio y transparente.
Pidieron también que el municipio publique “de manera inmediata y en un formato accesible el proyecto original y sus eventuales modificaciones en los canales oficiales” y que se realicen estudios técnicos independientes que evalúen el impacto potencial de las modificaciones en términos ambientales, de densidad poblacional, infraestructura de servicios públicos, transporte, instituciones educativas y sanitarias.
Será Manuel Abella Nazar, subsecretario de Planeamiento Urbano de San Isidro, quien volverá este jueves a la comisión correspondiente para explicar los cambios a la norma que regula qué y en dónde se construye. En caso de conseguir que cinco de los nueve miembros que integran la Comisión de Planeamiento Urbano firmen un dictamen a favor –aunque podría sumar otros votos, el oficialismo cuenta con apenas dos—, la iniciativa podría llegar al recinto en la sesión convocada para el 18 de diciembre próximo.
El proyecto ingresó en el Concejo Deliberante el 15 de noviembre pasado y Abella Nazar lo presentó formalmente ante la comisión el 26 de ese mes. Para su tratamiento, la gestión de Lanús solicitó que se extienda el período de sesiones ordinarias y esperan lograr la sanción antes de que termine el año. Las explicaciones de Abella Nazar no conformaron a vecinos ni concejales, que asistieron a múltiples reuniones para analizarlo con expertos. A partir de ese momento, según dijeron desde el Ejecutivo, hicieron entre una y dos reuniones de vecinos por día, sumando más de de 30 reuniones en todo el distrito, con 300 residentes, juntas vecinales, delegaciones, organizaciones de la sociedad civil y cámaras de comercio.
Las modificaciones que mantienen
Según adelantaron a LA NACIÓN, solo mantendrán los cambios para la zona de Villa Adelina y Boulogne en el proyecto que este jueves analizará la comisión. Apuntaron que esas modificaciones implican que solo se reducen las superficies mínimas y los requerimientos de estacionamiento en ambas localidades, mientras que en el resto del distrito se mantienen los indicadores vigentes.
El proyecto propone una disminución de los tamaños mínimos para las unidades de un ambiente, pasarían a ser de 35 metros cuadrados, y para las de dos, de 45m². La reducción de los requisitos de cocheras fue uno de los puntos más cuestionados. Según dijeron, ahora solo aplicará a estas dos zonas.
En un principio, la flexibilización del requisito de cocheras en edificios, la cantidad de viviendas que se pueden construir y las densidades que pueden alcanzar iban a impactar también en la Avenida Libertador. Según afirman, esos cambios serán desestimados en el nuevo proyecto.
Si bien desde la intendencia señalaban que este proyecto no modifica ni alturas ni zonas, los opositores denunciaron que se introducían cambios a las alturas permitidas. Además de alterar las regulaciones para los enrases, permitirían mayor altura en los edificios destinados a oficinas o locales comerciales en avenidas y algunas zonas industriales o comerciales. Los casos serían analizados por las oficinas técnicas cuyos miembros elige el Ejecutivo.
Ante los cuestionamientos, incorporarán “un tope de 10% siempre que eso no implique la creación de otro nivel” en la flexibilización de la altura máxima vigente en las avenidas Santa Fe, Centenario, Andrés y Avelino Rolón y Avenida de Mayo, puntualizaron a este medio.
“A raíz de las propuestas recogidas mediante las reuniones de participación ciudadana, se resolvió no modificar las medidas mínimas de los lotes de Las Lomas, Santa Rita y La Horqueta”, agregaron.
“Entendemos que estos ajustes, que consensuamos con los vecinos, no modifican el espíritu de la propuesta: la protección de nuestra costa para garantizar que su acceso siga siendo público para todos los vecinos. También queda firme la intención de cuidar el patrimonio histórico de San Isidro, de proteger su barranca natural y de fomentar el desarrollo urbano en zonas que creemos tienen mucho potencial como Villa Adelina y Boulogne”, dijo Abella Nazar.
Puntos con mayor consenso
En tanto, también avanzarán con los puntos en los cuales había mayor consenso: la prohibición de construcción en la costa, la protección de la barranca y la protección de inmuebles previos a 1943.
La prohibición para construir en la zona de la costa y preservar el acceso público es, desde hace tiempo, uno de los reclamos de los vecinos. Se oponían a un proyecto inmobiliario de casas frente al río, que había autorizado la anterior administración que encabezaba Gustavo Posse y finalmente se canceló, y pedían que se respete la zona del Parque de la Ribera y que la costa sea abierta y de uso público. El proyecto propone, además, modificar la normativa vigente para que las reformas de las viviendas existentes en esa zona que cuenten con planos aprobados reciban un tratamiento particular.
En segundo lugar, buscan declarar como “área intangible de protección ambiental” los predios de la barranca, evitando construcciones que alteren los niveles y su topografía para proteger su integridad natural y paisajística. Como también modificar la definición de los inmuebles de valor patrimonial para determinar que serán todos aquellos anteriores al año 1943 “que presente valores arquitectónicos, patrimonial, histórico, paisajístico y/o cultural” y “que no se ubiquen dentro del área de preservación patrimonial ni dentro de los bienes listados”.
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