San Isidro: con cambios, debaten mañana el nuevo Código Urbanístico

Este miércoles el Concejo Deliberante de San Isidro tratará las modificaciones del Código de Ordenamiento Urbano (COU). Se debatirá el proyecto que impulsa la administración a cargo de Ramón Lanús, junto a otros dos en minoría de la oposición. Entre los puntos con mayor consenso, que podrían aprobarse y son los que contienen la iniciativa oficialista, se encuentran la prohibición para construir en la costa, la preservación del área de la barranca y el resguardo de inmuebles con valor patrimonial.

Manuel Abella Nazar, subsecretario de Planeamiento Urbano de San Isidro, volvió el jueves pasado a presentarse en la comisión del área para explicar los ajustes que habían realizado en la reforma que intentan aprobar luego del debate que se generó y las objeciones de los vecinos.

Pero los concejales no habían recibido las nuevas modificaciones, que luego comenzaron a circular por WhatsApp, cuando comenzó la presentación. Las críticas de la oposición, y en coincidencia con el reclamo de los vecinos, giraron entorno a la urgencia por aprobar la norma que regula qué y en dónde se construye.

Tras un intenso debate, y con una importante presencia de vecinos que fueron a presenciarlo, los concejales que integran la comisión acordaron volver a reunirse al día siguiente. Ese viernes no se llegó a un acuerdo para continuar con su estudio y finalmente se presentaron tres despachos –el del oficialismo con cuatro firmas, el que presentó Walter Pérez del possismo que sumó tres, y el del concejal Marcos Díaz de Unión por la Patria, con una– que se debatirán en la sesión de este miércoles.

Para tratar esta reforma, la gestión de Lanús solicitó que se extienda el período de sesiones ordinarias. Una vez en el recinto, las modificaciones se aprueban con mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes.

Puntos con mayor consenso

La prohibición para construir en la zona de la costa y preservar el acceso público es, desde hace tiempo, uno de los reclamos de los vecinos. Se oponían a un proyecto inmobiliario de casas frente al río, que había autorizado la anterior administración que encabezaba Gustavo Posse y que, finalmente, se canceló. Pedían que se respete la zona del Parque de la Ribera y que la costa sea abierta y de uso público.

Este espíritu lo condensa el nuevo proyecto del Ejecutivo. Además de prohibir la construcción en la zona costera, propone modificar la normativa vigente para que las reformas de las viviendas existentes en ese área que cuenten con planos aprobados reciban un tratamiento particular.

Todos coinciden en declarar “Área Intangible de Protección Ambiental” los predios en la barranca para preservar “la integridad del relieve y el libre escurrimiento de las aguas, evitando modificaciones topográficas que interfieran con su funcionamiento ecológico, hidrológico y paisajístico”.

Y también acuerdan en modificar la definición de “inmuebles de valor patrimonial” para que cuando busquen cambiar las propiedades que presenten “valores arquitectónicos, patrimoniales, históricos, paisajísticos y/o culturales” deban pasar por una evaluación para establecer los criterios de la intervención. Aunque los tres proyectos presentados fijaron distintas fechas: el oficialismo define que serán todos aquellos anteriores a 1943, mientras que el de Pérez lo marca en 1970 y el de Díaz en 1955.

Otros cambios

Ante las quejas de los vecinos, el oficialismo optó por modificar las unidades mínimas de construcción y los requerimientos de estacionamiento solo en las localidades de Villa Adelina y Boulogne. Buscan allí “promover el desarrollo urbano” y fomentar la “construcción de viviendas más accesibles para jóvenes”, un punto que también apoya Unión por la Patria.

El proyecto propone una disminución de los tamaños mínimos para las unidades de un ambiente, pasarían a ser de 35 metros cuadrados, y para las de dos, de 45m². La flexibilización de los requisitos para construir cocheras fue uno de los puntos más cuestionados, que ahora se mantendría solo en esta zona.

Si bien desde la intendencia señalaban que este proyecto no modifica ni alturas ni zonas, los opositores denunciaron que se introducían cambios a las alturas permitidas. Ahora, incorporaron “un tope de 10% siempre que eso no implique la creación de otro nivel” en la flexibilización de la altura máxima vigente en las avenidas Santa Fe, Centenario, Andrés y Avelino Rolón y Avenida de Mayo. Aunque los proyectos serán analizados por oficinas técnicas “a fin de determinar su altura máxima”. Este es otro punto que también comparte la propuesta oficialista y la que presentó Unión por la Patria.

Otro de los aspectos que generó polémica fue que la modificación inicial incluía el concepto de “sala de juegos” como uno de los usos permitidos en las construcciones, que podría interpretarse como bingos o casinos. Desde el oficialismo, sin embargo, explicaron que era para incluir salas de escape y ahora se modificó a “salas de recreación”.

“¿Por qué el apuro? Si en dos semanas se mejoró un montón. Yo estoy de acuerdo en algunas de las modificaciones, pero en realidad en el fondo subyacen los vecinos. ¿Por qué lo tenemos que hacer tan rápido? Es una cuestión de sentido común”, planteó el concejal Juan Viaggio (Conservador Popular) en la presentación de Abella.

En esa misma línea opinaron desde Unión por la Patria. “Hubiese estado bueno que los concejales hubiésemos tenido acceso a las modificaciones, porque volvemos al punto inicial. Lo que nos reclamaron todos los vecinos es que los concejales tuviéramos tiempo para verlo. No es caprichoso, fue el pedido que más escuchamos. Si nosotros recibimos recién ahora la modificación en comisión, ¿qué tiempo nos queda?”, dijo Manuela Schuppisser.

“Para nosotros se tendría que postergar para el próximo año, porque modificaciones de esta envergadura del Código, que le cambian la identidad a San Isidro, exigen un estudio exhaustivo que es imposible hacerlo en menos de un mes. No entendemos el apuro del oficialismo en sacarlo entre gallos y medianoche”, señaló María Feldtmann de La Libertad Avanza a LA NACION. La falta de estudios técnicos que evalúen el impacto potencial de las modificaciones es otro de los reclamos de los vecinos.

“El criterio fue separar las cosas que son prioritarias e intentar avanzar. Estamos convencidos que necesitamos avanzar en algunas cuestiones que son urgentes. El municipio hoy está en proceso de desarmar el caso Malloys [allí se iba a desarrollar un proyecto inmobiliario de casas frente al río] que fue desde el punto de vista jurídico muy complejo. Un poco la urgencia tiene que ver con cuestiones que si no logramos ajustar, como la construcción en la costa, podemos tener un riesgo para el municipio”, justificó Abella Nazar.

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