Salta: privación de la libertad, pedido urgente al Papa y más denuncias en el conflicto entre la Iglesia y las carmelitas

CÓRDOBA.– M.J., una de las monjas del convento San Bernardo de Salta, ratificó ante el fiscal Ramiro Ramos Osorio la denuncia que hace una semana hizo su hermana contra las autoridades del monasterio por presunta privación ilegítima de la libertad, a la vez que el arzobispo Mario Cargnello pidió ser considerado parte querellante en la causa. En paralelo, desde el Arzobispado se le envió un informe al Papa Francisco para interiorizarlo de la situación y que tome cartas en el asunto; incluye copia al abogado José Belda Iniesta, quien en su momento impulsó un acuerdo entre las carmelitas y la autoridad eclesiástica local.

A horas de que se inicie la feria judicial de enero, el escándalo que involucra al convento, al Arzobispado y a la fundación que gestiona todo lo relacionado con la “Virgen del Cerro” no cesa. Además de esta causa judicial, hay otras dos: la primera, una denuncia de las carmelitas contra Cargnello por supuesta violencia de género y económica, que incluyó el mencionado acuerdo, y una segunda que investiga el manejo económico del San Bernardo.

La hermana de la religiosa M.J. denunció a la priora y a la vicepriora porque no la dejaban salir del convento ni a ella ni a su compañera identificada como B., ambas enfermas. En la presentación judicial citó frases que dan cuenta de “humillación”, “malos tratos” y “privación del alimento”. Ante el fiscal, M.J. y B. ratificaron hoy la declaración presentada.

En el informe enviado al Papa, en tanto, se repasa la situación y se dan detalles de la denuncia presentada por la hermana de la religiosa. Se plantea que hay una “exposición vergonzosa para la Iglesia Católica” generada desde el convento y terceros que influyen sobre las monjas, en referencia a la fundación de la “Virgen del Cerro”.

Esa devoción, nacida a partir de las “apariciones” y “mensajes” que María Livia Galliano dice tener, no es reconocida por la Iglesia. Desde el Arzobispado insisten en que los creyentes pueden seguir yendo al cerro, pero no aceptan que las carmelitas avalen y apoyen a la fundación, a Galliano ni a su esposo, Carlos Obeid, que es síndico del monasterio.

Las monjas son las beneficiarias de la donación del terreno donde se erige la ermita y lo cedieron en un fideicomiso a la fundación. En medio del inicio del allanamiento al convento por la denuncia de privación de la libertad, una semana atrás, la jueza Ada Zunino recibió fotos de Galliano y Obeid ingresando al San Bernardo por la puerta trasera, mientras no dejaban entrar a la comisión judicial por el frente.

Para el Arzobispado, es “necesario” que el Vaticano tome intervención en el Carmelo porque entiende que, pese a los “esfuerzos realizados” por el enviado papal, no se logró restituir la “paz” en la diócesis.

Si bien hace casi tres meses se firmó un acuerdo entre las partes a instancias del Vaticano, la grieta religiosa derivada de la participación de las monjas en la fundación de la “Virgen del Cerro” nunca se cerró.

Fuego cruzado

Este martes el abogado Juan Casabella Dávalos, representante de Obeid en la causa judicial de administración económica, desmintió en la radio Arias lo que la jueza Zunino contó. “No es verdad que hubiera un allanamiento ni que se rescatara a nadie por la fuerza. Esto viene a ser el tercer capítulo de la violencia de género e institucional que viene ejerciendo el arzobispo de Salta contra las monjas del monasterio por una disputa que tiene con ellas, que respetan el culto de la ‘Virgen del Cerro’”, argumentó, y afirmó que no atendían a la Justicia porque el timbre “no andaba”.

En esa causa, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio se inhibió y acusó de malos tratos y falta de respeto a los abogados de las carmelitas, Casabella Dávalos y José Viola. Hoy, el procurador general salteño, Pedro García Castiella, dispuso la creación de una Unidad Fiscal conformada por el fiscal penal Gabriel González y la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke para que continúen la investigación de la administración económica.

Casabella Dávalos recordó que le pidió a Salinas Odorisio que imputara a Cargnello por los US$9000 que le prestaron las carmelitas en 2001 y él nunca devolvió.

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