Quién es Silvina Domínguez, la jueza que falló a favor de una comunidad mapuche en un reclamo de tierras

Tras resolver ordenarle al Estado que entregue la titulación de las tierras como propiedad comunitario mapuche Millalonco-Ranquehue, la jueza María Silvina Domínguez cobró protagonismo. La Mesa Consenso Bariloche expresó su preocupación por las tierras el ejido urbano.

Domínguez asumió su rol como jueza federal de primera Instancia de Zapala, en la provincia de Neuquén, a través del Decreto 815, en 2016. El documento publicado en el Boletín Oficial llevó la firma del entonces presidente Mauricio Macri y de su ministro de Justicia, Germán Garavano. Su pliego había sido enviado al Senado por el gobierno de Cristina Kirchner antes de que terminara su mandato. Antes ocupaba –junto al magistrado Jorge García Davini- un rol como conjueza de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, por designación de la expresidenta y su ministro de Justicia, Julio Alak.

En agosto de 2021, Domínguez llegó al juzgado federal de Bariloche luego de haber sido designada de forma provisoria como subrogante. Se trata de un cargo que ocupará hasta que se defina el concurso que lidera el Consejo de la Magistratura.

Su nombramiento en Bariloche se dio en el marco de la ley que establece el régimen de subrogancias en tribunales y juzgados federales: se permite la designación de “un juez de la jurisdicción territorial más próxima”.

Sin un titular formal desde 2019, el juzgado de Bariloche lleva adelante causas de alto interés político y social vinculados al conflicto mapuche, como la muerte de Rafael Nahuel y la toma de tierras en Villa Mascardi.

Recientemente, la jueza Domínguez resolvió absolver de los cargos a María Nahuel, a quien se le inició una causa luego de arrojar un lapicero metálico, responsabilizar por el homicidio de su sobrino e insultar a la fiscal federal a cargo de la investigación, Sylvia Little. La referente absuelta es miembro de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, que usurpa tierras en Villa Mascardi.

Pese a que casi renuncia luego de ese hecho, Little todavía sigue al frente de múltiples investigaciones sobre ataques y usurpaciones protagonizados por comunidades mapuches en la zona de Bariloche. Su decisión llegó después de que la Procuración General de la Nación resolviera armar un equipo especial de fiscales para respaldar su trabajo y designar una unidad técnica para trabajos forenses y de laboratorio en auxilio de sus casos.

Rechazo opositor

Haciendo lugar a la demanda de la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue, Domínguez resolvió la última semana “ordenar al Poder Ejecutivo Nacional (INAI) a que en el término de 60 días transfiera a título gratuito, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el dominio de las tierras cuya mensura fue aprobada por Resolución N° 1174 del INAI”.

En esencia, el fallo al que accedió LA NACION sentenció que el territorio de los mapuches ya había sido reconocido por el Estado Nacional a través de una resolución del INAI en 2021, pero nunca se había instrumentado.

Las tierras estaban hasta ahora en manos del Ejército Argentino, en la zona de la ruta provincial 82, entre Virgen de las Nieves y Villa los Coihues, a orillas del Lago Gutiérrez. La decisión de la magistrada generó el rechazo de parte de la oposición.

“La jueza federal de Bariloche entregó a mapuches tierras de la Escuela Militar de Montaña donde el Ejército se entrena para custodiar las altas cumbres”, escribió el parlamentario Alberto Asseff en sus redes, y remarcó: “Vaya mi repudio. Hay cien modos para reconocer tierras a los originarios y uno de ellos NO es despojando al Ejército”.

El rechazo del diputado del Pro fue acompañado por otra media docena de legisladores opositores, quienes plasmaron su “profundo desagrado y preocupación por el fallo” en un proyecto de resolución.

Por su parte, Fernando Korovsky, letrado que representa a la comunidad Ranquehue, indicó a LA NACION que el colectivo mapuche ya tiene las tierras. “Las ocupa desde antes de que exista Bariloche, incluso antes del primer censo de la ciudad”, precisó y remarcó: “La sentencia hace lugar a la demanda, cuyo objeto es ordenar la titulación de las tierras como propiedad comunitaria indígena”.

“La sentencia viene a cumplir con una garantía constitucional y legal”, enfatizó el abogado que, no obstante, resolvió apelar la sentencia, luego de la magistrada Domínguez estableciera “costas por orden”.

Korovsky solicitó a la Cámara de Apelaciones “revoque los puntos objeto de recurso, condenando en costas al Estado Nacional vencido, y ordene realizar el procedimiento de tasación para regular los honorarios profesionales siguiendo el criterio del monto del valor real del predio con base establecida por el Tribunal de Tasación de la Nación establecido en el caso ‘Estado Nacional c Robles’”.

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